La abogada y senadora de Podemos entre 2015 y 2019, Celia Cánovas, se ha personado como acusación particular y como perjudicada por un delito de blanqueo de capitales en la causa abierta contra la formación morada –liderada por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias–, en el Juzgado de Instrucción 42, del que es titular el magistrado Juan José Escalonilla.
Dicha causa tiene su origen en la denuncia interpuesta por el abogado y excoordinador legal de Podemos, José Manuel Calvente, que fue despedido del partido. En la misma, Podemos está imputado por delito electoral y financiación ilegal.
Según relata la abogada, cuando comenzó su legislatura pactó con la Ejecutiva de Podemos una donación de 1.000 euros mensuales.
«Sin embargo, en agosto de 2017 la entonces secretaria de Acción Institucional doña Gloria Elizo, ahora vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, comunicó a mi representada que tenía que aumentar su donación para equipararla a tres SMI [Salario Mínimo Interprofesional, entonces fijado en 707, 70 euros mensuales; tres SMI: 2.123,1 euros]», dice el escrito legal.
La senadora se negó entonces y Podemos dejó de girarle recibos a su cuenta del Santander. De esa forma intentaron ponerla en evidencia, demostrando que no cumplía con el Código Ético, con lo que le impidieron que pudiese presentarse a ningún cargo interno o público.
Celia Cánovas, sin embargo, no dejó de aportar.
Abrió una cuenta en Caixabank, donde siguió ingresando los 1.000 euros acordados, y no los 2.123,1 euros que pretendían en la formación morada. Hasta que a finales de diciembre de ese año, Elizo le comunicó la cuenta donde debía efectuar las transferencias.
EL MEOLLO DE LA CUESTIÓN
En enero de 2018 la senadora hizo dos transferencias por un total de 3.000 euros. Nada más.
Un año más tarde, en 2019, antes del periodo de la declaración de la Renta, Celia Cánovas recibió un certificado emitido por Daniel de Frutos, responsable de Finanzas y Transparencia Estatal de Podemos.
Tenía fecha de 1 de abril.
En el mismo se hizo constar que, como ayuda al partido, durante 2018, la senadora «realizó una aportación dineraria de 5.000 euros mediante ingreso en la cuenta bancaria del partido destinada a tal fin, apostillando que tal donación se considera realizada con carácter irrevocable».
Había, por lo tanto, una diferencia de 2.000 euros entre los 3.000 euros donados al partido y los 5.000 que Podemos afirmaba oficialmente haber recibido.
«A la vista del contenido de las presentes diligencias y del Informe del Tribunal de Cuentas, así como de la nula información y transparencia sobre el destino dado por el Partido a las ‘donaciones’, entendemos que el mencionado Certificado no ha sido debido a un error tipográfico, sino que, pudiera ser debido a un presunto encubrimiento de una operación de blanqueo, dicho sea sin perjuicio del resultado de la instrucción», dice el escrito.
ENGAÑADA
La exsenadora dice, en su escrito al magistrado, que se siente engañada no solo «por la falta de información sobre el destino de 25.000 euros» donados por ella durante el periodo en que se dedicó a la política sino por el hecho de que dichas cantidades, presuntamente, o «han desaparecido, no se sabe dónde, o han sido aplicadas a fines que nada tienen que ver ni con los intereses del partido ni con los supuestos fines sociales pregonados por Podemos«.
Por ello, pide al magistrado Escalonilla que requiera a Podemos la «certificación de las donaciones hechas por cargos públicos, de diputados y senadores de 2016, 2017, 2018 y 2019″ así como que facilite al Juzgado la cuenta bancaria donde se ingresaban las donaciones, el libro contable en el que se detallen las operaciones y la documentación acreditativa y justificativa del destino dado a las aportaciones dinerarias recibidas en concepto de donación o por cualquier otro título«.
Asímismo, solicita a Escalonilla que llame a declarar a Denis Thomas Maguire, responsable económico financiero de Podemos, que era el que contactaba con los senadores de la formación para reclamarles las donaciones mensuales al partido, y a Daniel de Frutos.
Para que se expliquen y lo aclaren todo.
«Por triste y grave que sea decirlo, siempre con el debido respeto y en términos de defensa, la rumorología, quizá no falta de fundamento, atribuye el gasto de las cantidades aportadas a pequeñas extracciones, y así, de este modo, disimular el extravío de grandes sumas, cuyo fin último nos es desconocido y que ha motivado la actuación judicial que esta en curso y ante la cual nos personamos», afirma, por último.
