Madrid amanece estos días con un aire espeso, como de tormenta que no termina de romper en los tejados de la Villa y Corte. Se siente en los cafés de la Carrera de San Jerónimo, en las redacciones cansadas y en los pasillos de una Audiencia Nacional que, de repente, ha dejado de ser un mero edificio administrativo para convertirse en el epicentro de un cataclismo histórico.
Han pasado seis días desde el estallido, seis jornadas desde que el juez José Luis Calama Teixeira dictara ese auto definitivo que ha dejado al revés el forro de la política nacional.
Lo miro sobre la mesa de mi despacho, leo su prosa jurídica, fría y exacta, y veo en ella no solo un documento procesal, sino la crónica definitiva del fin de una inocencia simulada.
Es, digámoslo ya, un antes y un después en la biografía judicial de este país: la primera vez que un ex presidente del Gobierno de España es llamado a declarar con la condición de investigado.
El trueno de la Audiencia y el talante bajo sospecha
Estremece el contraste. José Luis Rodríguez Zapatero, aquel dandi del «talante», el hombre que pretendía gobernar las conciencias con la levedad de una sonrisa lírica y una alianza de civilizaciones abstracta, aparece hoy retratado en el auto judicial como el presunto líder estratégico de una red perfectamente jerarquizada.
Ya no se trata de ideología; se trata del viejo y sucio olor del petróleo, del oro, de los contratos simulados y de la fontanería financiera más opaca.
El auto judicial no flaquea, mantiene una solidez que asusta a los inquilinos del poder.
Desde su oficina de la calle Ferraz número 35 —un piso primero izquierda que evoca las viejas intrigas del partido— se habrían impartido presuntamente las directrices para una operativa de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que cruza el Atlántico.
Es la «finance boutique», como la llamaban los propios investigados en sus chats interceptados por la policía, un eufemismo cursi para camuflar lo que el magistrado describe llanamente como una estructura criminal orientada al beneficio económico de unos pocos.
Se creía impune, sin duda. Llevaba años paseando su elegancia de mediador áulico por los pasillos de Caracas, del brazo de sus íntimos amigos Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, a quien el auto identifica con precisión casi literaria como «La Dama» que maneja la asignación directa de los buques de crudo. Pero el juez nos baja del cielo bolivariano a la prosa contable de las sociedades instrumentales:
Plus Ultra Líneas Aéreas: El epicentro del rescate público de 53 millones de euros de la SEPI, conseguido presuntamente a través de mecanismos ajenos a la legalidad.
Análisis Relevante SL: La pieza instrumental manejada por su lugarteniente Julio Martínez Martínez para canalizar los fondos.
Whathefav SL: El monumento a la cursilería del neo rentismo familiar, una sociedad administrada por las hijas del ex presidente —Laura y Alba Rodríguez Espinosa— que recibía cientos de miles de euros por supuestos servicios de maquetación de informes que ya venían redactados.
Todo un trasvase circular de dinero que acababa regando las cuentas personales de su entorno más íntimo. Y por si el eje Madrid-Caracas fuera poco, el auto proyecta la sombra del dinero hacia la arena ardiente de Dubái, donde se ordenó constituir la filial Landside Dubai Fzco con el presunto fin de desviar las comisiones del 1% del rescate público y evitar así su rastreo en territorio español.
El coro de los paniaguados y el señor de la cátedra
Ante semejante panorama, la reacción del sistema sanchista no se ha hecho esperar. Cuatro días han bastado para que se active la infantería mediática y gubernamental.
Pedro Sánchez, sus ministros y esa cohorte de periodistas y colaboradores paniaguados que defienden con uñas y dientes el ecosistema de la Moncloa se han lanzado en tromba a proteger al maestro de las brumas leonesas.
El argumento de la defensa es siempre el mismo, aburrido y predecible como una consigna de partido: «No hay nada de nada, solo hay mucha palabrería».
Y en el vértice de esta comedia de la resistencia jurídica ha emergido, cómo no, la figura del catedrático Javier Pérez Royo. Ha salido a los papeles afirmando con solemnidad que el auto es “jurídicamente irrelevante” y que carece de fundamentación.
Habla Pérez Royo con una audacia que asombra, pontificando sobre el derecho penal y como si fuera el dueño absoluto de las esencias del proceso penal español, demostrando en realidad una alarmante ignorancia deliberada y una preocupante falta de respeto a la independencia de un juez de la Audiencia Nacional.
Hay que tener la piel muy fina para calificar de «palabrería» un texto judicial que desgrana transferencias bancarias exactas, fechas de reuniones clandestinas en el Ministerio de Trabajo y capturas de pantalla donde se celebra el éxito de las gestiones antes incluso de que el Consejo Gestor de la SEPI se hubiera reunido.
El profesor puede terminar esta vez de nuevo como gafe: casi todo investigado a quien defiende termina inevitablemente camino del banquillo o de la condena.
Lo hizo con los separatistas catalanes en el juicio del “Procés” ante el Tribunal Supremo, vaticinando una impunidad que la realidad trituró; lo hizo con el ex Fiscal General del Estado, y ahora repite el mantra con Zapatero.
Su defensa no es jurídica, es meramente litúrgica; un bálsamo de aceite para calmar el pánico de las sedes oficiales.
El temblor del búnker monclovita
El nerviosismo en las próximas horas va a ser una constante en los pasillos del poder. Se espera la apertura inminente de la totalidad del expediente judicial, el volcado de esos discos duros y terminales telefónicos que la UDEF y la Unidad Central de Ciberdelincuencia han intervenido en el registro autorizado de la calle Ferraz.
Miembros del Gobierno, dirigentes del PSOE y los partidos de la mayoría que sostiene el Ejecutivo no pueden disimular el temblor de las manos.
Y es que llueve sobre mojado en el patio monclovita. Los que hoy se rasgan las vestiduras por Zapatero son exactamente los mismos que ayer defendían la pulcritud mercantil de Begoña Gómez, la inocencia musical y fiscal del hermano de Sánchez en Badajoz, la dignidad del ex Fiscal General del Estado y, en aquellos primeros días de vino y rosas, la honorabilidad de José Luis Ábalos y Koldo García.
Es el mismo coro, la misma orquesta que sigue tocando en la cubierta del Titanic socialista mientras el agua de los sumideros judiciales empieza a llegarles a las rodillas.
¿Pensaba de verdad Rodríguez Zapatero que los juzgados españoles se regían por la misma lógica de sumisión que los de sus protegidos caribeños?
El auto del juez Calama nos recuerda que, afortunadamente, en España todavía quedan jueces que no se arrodillan ante el poderoso.
Este documento es una lección de anatomía política: desvela cómo el dinero del rescate a una aerolínea estratégica —que según los peritos judiciales ya estaba en quiebra técnica antes de la pandemia— terminó presuntamente desviado para pagar las prebendas de una «boutique» que vendía el acceso directo a los despachos del Estado.
Veremos al ex presidente descender de las nubes del talante para pisar el mármol frío de la Audiencia Nacional. Será entonces cuando la palabrería de los cortesanos se disuelva, dejando paso únicamente a la implacable verdad de las pruebas.
