El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) juzgará el próximo 14 de diciembre al consejero catalán de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé i Barril (ERC), por presunta desobediencia el 1-O, cuando era alcalde de Agramunt (Lérida).
Está acusado de facilitar la celebración del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
La Fiscalía pide para él un año y medio de inhabilitación y una multa de 24.000 euros por un delito de desobediencia a la autoridad judicial por apoyar el 1-O, cediendo locales públicos y ocultando urnas.
La causa contra Solé i Barril se abrió precisamente a raíz de una querella de la Fiscalía Superior de Cataluña, presentada el pasado 12 de febrero de 2019.
El Ministerio Público sostiene que el ahora consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia tuvo «una activa participación en la promoción, organización y celebración del ilegal referéndum», pese a «tener claro y cabal conocimiento» de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional (TC).
Explica que la votación se celebró en la escuela de infantil y primaria de titularidad municipal Macià-Companys.
Según la Fiscalía, Solé i Barril se encargó de ocultar las urnas cada vez que los «observadores colocados en puntos exteriores de la población» avisaban de la llegada de agentes «por temor a que fueran descubiertas por la policía encargada de impedir el acto», e incluso propuso a los componentes de las mesas electorales y organizadores «que la votación acabara una hora antes de lo acordado».
También señala que el 25 de septiembre de 2017, con motivo del referéndum, participó en un acto organizado en el local municipal ‘Teatre Casal d’Agramunt’, donde, tal y como recoge un artículo publicado en una revista local, habría instado a acudir a votar el 1-O.
La Fiscalía destaca que en esa fecha la Delegación del Gobierno en Cataluña ya le había comunicado la suspensión decretada por el Constitucinal mediante un correo electrónico y una carta certificada fechadas el 12 de septiembre, por lo que sabía «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir» dicha decisión.
Añade que en esa revista se publicó bajo la firma de “Joan” otro artículo que explicaba que el alcalde de Agramunt decidió parar la votación que se llevaba a cabo en el municipio el 1-O cuando se percató de la llegada de vehículos policiales, y quese escondieran en la casa de un particular urnas, papeletas y “documentación comprometedora”.
Esta querella es resultado de la instrucción que en vísperas del referéndum dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se investigara a alcaldes que habían cedido equipamientos municipales.
Desde septiembre de 2017, la Fiscalía abrió en toda Cataluña unas ochenta diligencias de investigación a alcaldes por el 1-O. Una decena se ha judicializado.
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