Fausto Cartagena es el fiscal inspector jefe, máximo responsable de resolver estos casos en la Fiscalía General del Estado. Foto: FGE.
Nueva “patata caliente” para el fiscal inspector: Denuncia contra 3 fiscales y 3 magistrados de Canarias por el caso de una herencia millonaria
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12/10/2020 06:40
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Actualizado: 23/3/2022 10:47
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El fiscal inspector jefe de la Fiscalía General del Estado (FGE), Fausto Cartagena Pastor, bien podría afirmar que este año, 2020, es su “Annus Horribilis”. Primero fue lo del fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa, luego lo del teniente fiscal, Luis Navajas, por sus afirmaciones de que fue influido por inferiores del Supremo cuando estaba elaborando el informe sobre las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia.
Ahora lo que le ha caído es una denuncia contra tres fiscales, tres magistrados y un letrado de la Administración de Justicia a los que se les acusa de la comisión de un delito continuado de prevaricación judicial, otro de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución, obstrucción a la justicia y un último delito de tortura y/o tratos crueles y degradantes.
Los supuestos delitos, según la denuncia de Francisco Fernando Delgado Pérez, que tiene fecha de 4 de agosto pasado, “representan solo un eslabón de una defraudación patrimonial en cadena”.
“Sin la presunta inestimable inacción de los denunciados, quienes durante 6 años han mirado para otro lado y no han hecho nada, permitiendo a los imputados campar a sus anchas con total impunidad, alimentando así la proliferación de delitos contra el patrimonio de las victimas”, añade en su recurso de reposición y ampliación de denuncia.
Los denunciados son los fiscales destinados en Canarias Luis Leopoldo Estévez Sánchez, Marta José Ortega Mariscal y Beatriz Sánchez Carreras; los magistrados son Tomás Luis Martín Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria, Nayra Pérez Jacinto y Luz Calvé Montés. Además, la letrada de la Administración de Justicia, Ana María Sola Navas.
Cartagena archivó, el pasado 24 de febrero, una denuncia de Delgado contra el fiscal Estévez Sánchez –la 32/2019– en la que solicitaba a la FGE que éste fuera sustituido en el procedimiento de investigación (diligencias previas) que le afectaba.
Era el caso de la herencia de su padre, Francisco Delgado Cabrera, cuyo valor patrimonial, en el momento de su muerte, el 19 de julio de 2011 era de 7.635.599 de euros, cuya competencia corresponde al Juzgado de Instrucción 3.
El llamado caso del “zorro plateado” que hoy enfrenta a Francisco Fernando Delgado y a su hermanastra, una menor, en cuyo nombre se querelló su madre en 2014 contra Víctor Cabrera Pérez y Covadonga Pérez Megido e Inmaculada Medina Montenegro, edil del PSOE y cuñada de Víctor, quien fue nombrada albacea, por los supuestos delitos de estafa y alzamiento de bienes.
Víctor Cabrera y Covadonga Pérez son el hermano y la madre, respectivamente, de Francisco Fernando Delgado.
LA AUDIENCIA PROVINCIAL CORRIGE AL JUEZ INSTRUCTOR
La instrucción de la querella, llevada a cabo por el magistrado Tomás Martín, titular del mencionado Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas, no avanzó en absoluto. No parecía verla.
En consecuencia, el 28 de agosto y el 19 de diciembre de 2017, mediante sendos autos, dictó el sobreseimiento provisional del caso.
Y así quedó, hasta que el pasado 15 de enero el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, presidido por el magistrado Emilio Moya Valdés y formada por los magistrados Carlos Vielba Escobar y Oscarina Naranjo, revocó ambos autos, ordenando abrir nuevamente la instrucción del caso a instancias de Francisco Fernando Delgado.
Este giro de los acontecimientos es lo que ha dado fuerzas a este querellante para interponer la denuncia contra los tres fiscales y los tres jueces ante la FGE.
Una de las mayores quejas promovidas por este recurso ante la FGE apunta al sufrimiento de las víctimas desde comenzó este calvario judicial en 2014, entre las que se encuentra la citada menor.
“Lejos de proteger a las víctimas, profundizaron en su opresión de manera descarnada, facilitando la impunidad de los imputados hasta que, en enero de 2020, al parecer, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, no tuvo estómago para algo tan brutal y no permitió que semejante atrocidad fuera llevada aún más lejos”.
“Devastar una década de la vida de las víctimas, sufrimiento infligido a personas a costa de su indefensión”, relatan.
Aunque, hasta julio de 2020 no se ha proveído este mandato de la Audiencia para reabrir este caso, sí cabe destacar que, el Juzgado de Instrucción referido ha movido ficha posteriormente al anuncio de la interposición de este recurso en junio ante la FGE. Es decir, ante la presión de este recurso.
EL RELATO DE LOS HECHOS
El 7 de marzo de 2017 el entonces fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, remitió un oficio al Juzgado de Instrucción 3, en el que adjuntaba el decreto del fiscal Tomás Fernández de Páiz, en el que hacía un relato de los hechos, fruto de otra denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial por Francisco Fernando Delgado.
García-Panasco, al verificar que el caso ya estaba judicializado merced a la mencionada querella, se abstuvo de continuar cualquier tipo de diligencia informativa por no ser competente.
En dicho decreto se relataba que, a finales de 2010, el padre estaba gravemente enfermo, sufriendo un deterioro cognitivo que afectaba a su capacidad de juicio. Y que, a principios de enero de 2011, ingresado en el Hospital Universitario Doctor Negrín, su estado de salud fue tan crítico que su fallecimiento parecía inminente.
Durante ese periodo, su exesposa, Covadonga Pérez, de la que se había divorciado en 2006, y su hijo Víctor, realizaron un acercamiento al enfermo, según testimonio del hijo querellante Francisco Fernando Delgado. Acercamiento que supuso el despido de Elizabet B. Ayala Gordón, la mujer que había venido cuidándolo.
El 3 de abril de 2011, sorpresivamente el anciano, en ese estado, se volvió a casar con su ex esposa, el 5 de abril confirió poder con facultades de disposición de sus bienes a su hijo Víctor. Dos días después otorgó su último testamento, en el que no existía mención alguna a los 600.000 euros de las cuentas corrientes.
DESIGUALDAD EN EL REPARTO DE LA HERENCIA
Según el dictamen pericial del arquitecto Francisco José Herrera Pérez, “existió desigualdad en la adjudicación de los bienes de la herencia”.
Esa es, precisamente la base de la querella que se interpuso en 2014.
De acuerdo la partición realizada en 2013, el caudal del fallecido ascendía a 2.662.491,606 euros, cuando el valor real sin incluir otros bienes y cajas de seguridad, que supuestamente ocultó, ascendía a más 7.635.599 euros, siendo la única perjudicada la heredera menor de edad, que quedó sin nombrar un defensor judicial para ella.
“Lo más determinante de estas diligencias”, argumenta la querella, “es el informe del médico forense de 12 de enero de 2011, en el que se pone de manifiesto que, Francisco Delgado Cabrera, desorientado en el tiempo y en el espacio, tiene afectado su juicio de raciocinio, tras ingresar en el Hospital Negrín en diciembre de 2010, por un presunto envenenamiento por exceso de consumo de medicinas”.
Además, se resalta “un comportamiento un tanto extraño, sería el matrimonio celebrado por Francisco Delgado en mayo de 2011 con su ex mujer y madre de los hijos mayores, después de haberse separado 20 años antes, acto del que se ha solicitado la nulidad por los demandantes en 2014”.
“Delgado no tendría capacidad de conocimiento y voluntad para otorgar testamento ni celebrar este segundo matrimonio”, explican.
Por otra parte, sostiene esta querella, que la albacea, Inmaculada Medina, con funciones de contadora partidora, y entonces edil en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, “parece que no ha obrado conforme a lo que dispuso el testador”.
“En el acto de partición del 8 de noviembre de 2013, no hay justificación alguna de porqué actúa la partidora, Inmaculada Medina, ni de cómo, cuándo y cómo se intentó llegar a un acuerdo unánime entre todos los herederos. Sin este intento, el albacea no puede intervenir”.
En este sentido, la querella hace hincapié en que entre los legítimos herederos se encuentra una menor que, también debe estar representada legalmente.
Otro de los hechos en el caso de autos, valora que “hay indicios para estimar que se infravaloró y se supravaloró los bienes de la participación. Sobre este extremo, se hacen constar medidas cautelares en relación a la finca que le corresponde a la heredera menor”. Igualmente, se alerta sobre la relación de parentesco y amistad de la albacea, Inmaculada Medina, designada en el último testamento, -el cual ha sido objeto de impugnación judicial-, con el querellado Víctor Delgado.
FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL
Ante la Audiencia Francisco Fernando Cabrera afirma que “se ignoró la relevancia jurídica de los hechos, la existencia de un vicio en la apreciación de las pruebas que se arrastra desde el primer auto dictado por el Juzgado de Instrucción Número 3, más un delito de fraude procesal y tráfico de influencias”.
En mayo de 2017, se interpuso ampliación de denuncia por “escandaloso pillaje”, contra Inmaculada Medina Montenegro y sus cómplices por “la aportación al juicio de documentos falsos para inducir al juez a engaño, y alcanzar su objeto delictivo: la estafa patrimonial”, aporta Delgado.
Pero el juez denegó las medidas cautelares solicitadas para que Medina no ejerciera como albacea.
“Para obtener los documentos falsos aportados en el juicio, la querellada Medina, solicitó la cooperación del Concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arrecife, adscrito a mismo partido político (PSOE), que presuntamente, elaboró el escrito requerido con las especificaciones solicitadas”, pero estas denuncias han sido ignoradas.
En esta línea de denuncia ante la Audiencia, Delgado presentó una batería de delitos para que se investiguen: administración desleal y estafa documental, coacciones y extorsión contra Víctor Delgado por buscar la cooperación para este entramado del querellante Francisco Fernando Delgado, sin éxito, denunciando la conducta manipuladora del imputado.
Delitos contra la integridad física y moral, hechos denunciados inferidos sobre las víctimas. Delitos contra la Seguridad Social por reclamar prestaciones indebidas. Delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, por blanquear el dinero robado mediante negocio jurídico fraudulento.
Finalmente, tras esta larga y tediosa batalla judicial, una providencia del Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, de 3 de julio de 2020, activó la citación como denunciante a Francisco Fernando Delgado.
Con este paso, comenzó otro periplo judicial en línea con todas las denuncias presentadas, sin solicitar la nulidad, para evitar más dolorosos retrasos en este caso, en el que se dirime una herencia millonaria.
Este es el caso, en su vertiente disciplinaria, que tiene en sus manos Fausto Cartagena y que ahora tiene que resolver, por lo que a su casa corresponde. En lo que se refiere a los jueces, la competencia es, sin duda, del promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, si del análisis de las circunstancias se desprende que debe ser así.
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