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EDITORIAL: Lo que se juega la democracia española con la reforma de la elección de los vocales jueces del CGPJ

La función central del CGPJ es preservar y proteger la independencia de los jueces y magistrados, un cometido que se vería en peligro de aprobarse la reforma en curso.
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha declarado repetidamente que la apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma.

Por eso, el proyecto que impulsan los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos, de modificar la forma de elección de los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por mayoría simple, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, es una mala idea.

Porque no solo va a afectar, si se produce, a la apariencia de imparcialidad del órgano de gobierno de los jueces, también a la apariencia de independencia de los 5.500 jueces y magistrados que administran justicia en España.  

Garantizar la independencia de sus miembros, ese es el cometido nuclear del CGPJ, además de realizar los nombramientos de los altos cargos del poder judicial, seleccionar a los futuros jueces y administrar la carrera judicial.

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Esta independencia sería puesta en tela de juicio. Las decisiones de los órganos judiciales, cualquiera que sean, serían percibidas e interpretadas en clave política.

La independencia y la imparcialidad no significan nada si lo que la ciudadanía percibe es lo contrario: una justicia ocupada por los partidos políticos que hacen y deshacen a su antojo en los casos que les afectan y que les dicen a los jueces y magistrados lo que pueden, o no, investigar y las sentencias que pueden dictar.

Así de simple.

El PSOE y Unidas Podemos argumentan que el PP está bloqueando una renovación que tendría que haberse producido en diciembre de 2018, lo cual es, en parte cierto. Como también es cierto que el PSOE ha contribuido, a su vez, a que la renovación se haya dilatado en el tiempo.

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Desde 1985, el PSOE y el PP han negociado la composición de seis mandatos del CGPJ; los de 1985, 1990, 1996, 2001, 2008 y 2013. En total, se han puesto de acuerdo sobre 120 personas merced a la mayoría cualificada necesaria establecida: tres quintas partes del Congreso (210 diputados de 350) y del Senado (159 senadores de 264).

Tienen una historia común de acuerdos continuados en el tiempo. Es un hecho contrastado. Los dos son partidos de Estado. 

La “china” en el zapato de esta negociación tiene un nombre que distorsiona todo: se llama Unidas Podemos, el socio del PSOE en el gobierno de coalición. Un socio que parece tener como objetivo volar el sistema democrático, atacando, desde el propio gobierno, la Constitución, la Monarquía, la unidad del país y el propio poder judicial.

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El PP, por su parte, objeta que ningún representante de Unidas Podemos esté en el próximo CGPJ porque, como ha demostrado, no muestra compromiso alguno con el Estado.

El anuncio de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través de una propuesta de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos en vez de a través del Gobierno, del que forman parte ambos –con el fin de evitar los preceptivos informes del Consejo de Estado y del CGPJ–, es visto desde el PP como un chantaje inaceptable.

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Y tienen su parte de razón.

De materializarse la reforma supondría que una vez fallida la renovación por la vía de los 3/5 los 12 vocales jueces podrían ser elegidos por el Congreso y por el Senado por una mayoría simple, 176 votos en la Cámara Baja y 133 votos en la Cámara Alta –le corresponden 6 a cada una–, lo que, sin duda, profundizaría en la apariencia de politización del CGPJ y del propio poder judicial.

La Comisión Europea sigue con atención el proceso, ha advertido.

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Con preocupación, podría añadirse. Porque España seguiría la senda de países como Polonia y Hungría, que con gobiernos de signo contrario al nuestro, intentan lo mismo. 

El problema es que, si se siguiera por ahí, sería un camino de destrucción del poder judicial español. 

Lo ideal sería retomar el espíritu de la Constitución y que los jueces y magistrados eligieran a sus doce representantes en el CGPJ. Pero eso no va a ocurrir por ahora.

La democracia se rige por la matemática y los números no dan.

El sentido común dice que PSOE y PP deben volver a la mesa de negociación.

Los socialistas tendrían, antes, que retirar este proyecto de reforma de elección de los doce vocales jueces por mayoría simple y asegurarse de que sus socios de la formación morada cesan en su política de atacar al Estado desde el Gobierno, amparándose en su derecho a la libertad de expresión.

Cuando se forma parte del Gobierno no se debe ni se puede atacar aquello que se representa.

Si lo consiguen, si afirman, de esa forma su autoridad, el acuerdo, con toda seguridad, llegará más pronto que tarde.