La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido al magistrado que investiga a Podemos por presunta financiación irregular que desestime el recurso de apelación interpuesto por Podemos en el que solicitaba el archivo de la causa. Entiende que mantenerle como investigado «resulta más garantista» aunque considere que aún no existen indicios de ese delito.
La Fiscalía ha remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, su escrito sobre el recurso que interpuso Podemos contra la investigación por las presuntas irregularidades en el contrato con Neurona Consulting para la campaña electoral de 2019.
El representante del Ministerio Público se remite a la resolución del magistrado para explicar su postura. Señala que lo que se deduce del citado auto es que centrándose “exclusivamente” en el contrato suscrito por el partido con la empresa Neurona “existen indicios de que el objeto del mismo era la propia financiación del partido desde la cuenta electoral”.
Ahora bien, la Fiscalía subraya que, a su juicio, y pese a que de las diligencias practicadas hasta la fecha no existen “indicios” sobre la presunta financiación irregular de Podemos, entiende que «atribuir al partido la condición de investigado resulta más garantista para el mismo», ya que «le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que, si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias”.
El representante del Ministerio Público alude a que si Podemos no tuviera la condición de investigado “mal podría proponer prueba o interponer recursos como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento”.
Es más, incide en que la tipificación inicial “no es absurda o arbitraria y la atribución de tal condición no hace sino garantizar el derecho del ahora apelante”.
La Fiscalía insiste en que los “únicos” hechos en los que aprecia “indicios racionales” de delito son los referidos a la contratación de la mercantil Neurona. Sin embargo, entiende que es esos hechos, como se refiere en el informe remitido por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, son susceptibles de ser incardinados en un delito de falsedad en documento mercantil y un delito electoral.
En este sentido, aclara también que “ni el delito de falsedad ni el delito electoral pueden ser cometido por persona jurídica, más aun, en el supuesto del delito electoral solo puede ser cometido por los administradores generales”.
EL JUEZ DEL ‘CASO DINA’ HA PEDIDO AL SUPREMO QUE INVESTIGUE A IGLESIAS POR TRES DELITOS
Por otra parte, el magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón, instructor del ‘caso Tándem’, elevó el pasado 7 de octubre una exposición razonada al Tribunal Supremo (TS) para que investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham.
El Supremo ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si debe investigarlo.
El Alto Tribunal tiene que determinar si hay materia delictiva y en caso de que la haya, pediría al Congreso de los Diputados el suplicatorio, que es la autorización para interrogarlo y juzgarlo.
La exposición razonada del magistrado, de 63 páginas, incluye también a la directora de los servicios jurídicos de Podemos María Gloria Elizo y a los letrados de esta formaciónn Marta Flor Nuñez y Rául Carballedo, así como a la propia exasesora Dina Bouselhan y Ricardo Dasaferreira, estos dos últimos por falso testimonio.
El titular del Juzgado central de Instrucción 6 de la AN considera que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral.
El pasado 9 de octubre, García-Castellón denunció ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la campaña de «desprestigio e intimidación» que sufre tras pedir al Supremo que investigue a Iglesias.
La semana pasada, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de las cuatro existentes, instó al órgano de gobierno de los jueces a que ampare al magistrado del ‘caso Dina’.
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