La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de las cuatro existentes, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tome «las medidas idóneas» para proteger al magistrado de la Audiencia Nacional (AN), Manuel García-Castellón, instructor del caso Dina, y para velar por la independencia judicial.
Esta asociación, que preside el magistrado Manuel Almenar, ha presentado hoy un escrito ante el CGPJ en el que señala que desde «hace algún tiempo» la Carrera Judicial asiste «con estupor a la deslegitimación permanente del Poder Judicial por parte de representantes de organizaciones políticas e instituciones cuando se dictan resoluciones contrarias a sus intereses».
Explica que el más reciente ejemplo tuvo lugar hace apenas unos días, después de que García-Castellón, magistrado-juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN elevara al Tribunal Supremo (TS) una exposición razonada para que investigue al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en relación con el robo del móvil de su exasesora Dina Bouselham.
La APM denuncia que «esta actuación judicial activó una campaña pública en medios de comunicación y redes sociales exclusivamente encaminada a desprestigiar, personal y profesionalmente, al magistrado-juez que la firma y en general deslegitimar el Poder Judicial, buscando con ello restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en la exposición y, en definitiva, condicionar la decisión de aquellos magistrados de quien pende la resolución de las misma».
Añade que «es en el contexto de esta campaña de deslegitimación y descrédito donde debemos situar los mensajes aparecidos en redes sociales, llegando a proferir amenazas directas contra la integridad física e intromisiones ilegítimas en el honor y la dignidad personal» de García-Castellón.
Esta asociación judicial manifiesta que estos mensajes son «ejemplo evidente de lo que puede suceder a quien tome decisiones no alineadas con los intereses propios de las organizaciones afectadas y sus líderes».
Recuerda que los hechos expuestos ya han sido denunciados por el magistrado ante la Policía y ante el CGPJ.
La APM afirma que la crítica a las resoluciones judiciales es una «manifestación de la libertad de expresión y el adecuado entendimiento de la Justicia como servicio público». No obstante, subraya que la crítica «no puede amparar descalificaciones infundadas, que persiguen el descrédito de los jueces y magistrados y que desborda el ejercicio del cualquier derecho, sobre todo si se trasciende al insulto y la coacción o la amenaza».
Por ello, se suma a la denuncia de García-Castellón, quien está afiliado a esta asociación, e insta al CGPJ a que «se tomen las medidas idóneas para la protección» del magistrado, así como para «velar por la independencia del Poder Judicial, y por el adecuado y correcto funcionamiento del Estado de Derecho en nuestro país».
