Una parte crítica del sector aboga por tomar como referencia otros indicadores económicos
Una veintena de despachos y auditoras ayudarán al Gobierno a gestionar el fondo de rescate para empresas
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha sacado a concurso la contratación de estas entidades
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30/10/2020 06:46
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Actualizado: 09/4/2021 18:38
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Una veintena de despachos y auditoras ayudarán a gestionar el fondo de rescate de 10.000 millones de euros constituido por el Gobierno de Pedro Sánchez para las empresas que eran viables antes de pandemia y a las que el impacto del Covid-19 ha puesto a las puertas de la quiebra.
La adjudicación oficial de las entidades seleccionadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se hará publica en unos días.
Entre las firmas seleccionadas están Deloitte Legal, Gómez-Acebo &Pombo, KPMG Abogados, Marimón Abogados que va en UTE con Toda & Nel-lo, Mazars Abogados, Ramón y Cajal Abogados, Simmons & Simmons, Andersen y Pérez-Llorca que lograron la máxima calificación, 100 puntos.
Le siguen otros despachos como Cuatrecasas con 99; PFK Atest Servicios Profesionales con 98; Ontier con 97, BDO Audiberia, 96; Landwell Pricewaterhouse, 95. A la puntuación de 94 llegaron las firmas Bird & Bird, Ernst Young Abogados, Montero Aramburu y Pinsent Masons. Broseta fue valorado en 92 puntos y Garrigues en 91.
Hasta el próximo viernes tienen de plazo los bufetes y consultoras elegidas para presentar toda la documentación que acredite sus méritos. Eso hará que aún tarde la ratificación final, aunque salvo sorpresas los listados son los hechos públicos por la SEPI en su portal de contratación.
El papel de estos asesores externos va a ser clave, según fuentes consultadas por Confilegal. Uno de los bufetes que figura en este grupo de seleccionados nos explica a través de uno de sus socios que van a trabajar con empresas destacadas de los principales sectores de la economía. “La complejidad jurídica es importante”.
Esto va a hacer, explica otro abogado, que las propias firmas legales tengan que armar grupos multidisciplinares, tanto a nivel de reestructuración como laboral y fiscal, para trabajar en colaboración con los abogados internos de cada firma de cara a ver la viabilidad de cada compañía y buscar las mejores fórmulas en ese sentido.
Es evidente, como señala un tercer jurista, experto en derecho mercantil de otra de las firmas, que este tipo de trabajos supone un reto para cualquier despacho de abogados. Se trata de trabajar contra reloj para intentar conseguir la viabilidad de la compañía.
En este proceso de acompañamiento a estas empresas y otras que se acojan a este Fondo Covid-19 para empresas con problemas económicos, se partirá de la realización de una ‘due dilligence’, comprobación de activos financieros para conocer la situación de la compañía que reclama ayuda, así como las inversiones necesarias para sacarla flote.
En principio, según documentación oficial, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda se gastará hasta 42 millones de euros para retribuir a los bancos, consultoras, auditoras y despachos de abogados.
La duración se estima hasta el 30 de junio del 2021 aunque podría alargarse hasta un máximo de cuatro años si fuera necesario. En este periodo de tiempo se tiene en cuenta un posible rebrote que pueda surgir de la epidemia.
Una contratación urgente
Hay que recordar que este proceso se inició el pasado mes de septiembre a propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Entonces, el Consejo de Ministros autorizó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a suscribir un Acuerdo Marco para la contratación de servicios de apoyo externo.
Se trataba de seguir el artículo 2 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo y en el Anexo II del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
Dicho fondo está publicado por Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, y en la Resolución de 7 de agosto de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, sobre delegación de competencias.
Obtenida dicha autorización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 324.1.c) de la LCSP, SEPI inició la tramitación urgente del expediente de contratación, por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, previo informe favorable de la Abogada del Estado en el que se señalaba que la tramitación urgente del presente expediente para encontrar con los servicios de apoyo externo, con margen temporal suficiente para que el Consejo Gestor pueda resolver en plazo las solicitudes que se presenten.
En la plataforma de licitación del Ministerio de Hacienda se encuentra todo el procedimiento y la adjudicación final. Se pedía a los despachos que tuvieran un volumen de negocio superior a los 15 millones de euros. Eso ha hecho que firmas como Marimón Abogados y Toda & Nel-lo se hayan unido en esta iniciativa mediante una alianza o UTE.
A nivel de requisitos, en la documentación aportada por cada despacho también se les demandaba que aportasen información de al menos tres operaciones de asesoramiento financiero global, y/o de fusiones y adquisiciones, siendo las operaciones de un importe superior a 25 millones de euros, debiendo especificar las operaciones, importes y sectores de actuación.
Asesores financieros, también claves
Sin embargo, hay más peticiones en trámite por un montante de 300 millones, con lo que se alcanzaría los 1.000 millones, el 10% de la cuantía de todo el fondo.
En este concurso público también han participado los asesores financieros y consultores. Y es que el trabajo de asesores y abogados será clave para analizar la situación de insolvencia de cada empresa que solicite el rescate, la tasación para requerir las garantías adecuadas y la valoración de las compañías para saber con qué participación se quedaría el Estado en caso de impago.
A nivel financiero el ranking ha quedado de esta manera:
Auren Auditores presidida por Mario Alonso Ayala, empresa 100% española, ha sido la única que ha llegado a los 100 puntos, máxima puntuación de todas las recibidas.
A continuación, Deloitte, Duff & Phelps lograron 99 puntos. EY, Accuracy Asesores, Capgemini, consiguieron 96 mientras que BDO, logró 92 al igual que Crowe Advisory, mientras que PKF Attest, IDOM Consulting, Mazars alcanzaron los 90 puntos.
A los 85 puntos han llegado CaixaBank, FTI Consulting, Grant Thornton. Por su parte, KPMG llegó a los 84; Lener junto a Vaciero y Grupo Atisa, 80 y Álvarez & Marsal, 80; PwC, 79; Daiwa Corporate Advisory, 78 y DA Lawyers 70 puntos.
Mario Alonso Ayala, presidente de Auren.
Varias peticiones de rescate
Hasta la fecha, sobre la mesa ya existen varias peticiones de rescate empresarial. Es el caso de Air Europa que ha cuantificado en 475 millones el montante necesario para mantenerse operativa tras el desplome del tráfico aéreo.
A este rescate hay que sumar el préstamo de 140 millones de euros concedido con el aval de ICO que aprobó el Gobierno en mayo. Así, las ayudas a la aerolínea del grupo Globalia ascenderían a más de 600 millones de euros, además de la compensación pública a los cerca de 15.000 trabajadores que la compañía de la familia Hidalgo sujetos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Por otro lado, la empresa siderúrgica Duro Felguera valora 100 millones y Celsa, también siderúrgico centrado en el acero con sede en Barcelona, ha transmitido al Gobierno su voluntad de requerir 200 millones de euros.
Duro Felguera presentó hace unos días sus cuentas semestrales que incluyeron unas pérdidas históricas de 114 millones de euros, frente a los beneficios de 4,9 millones de igual periodo del año anterior y una caída del 59,8% de sus ventas que llegaron a los 71,7 millones.
Las tres empresas podrían pedir un total de 700 millones de euros, 400 millones por parte de la aerolínea del grupo Globalia, 100 millones la ingeniería asturian, y 200 millones el grupo Celsa.
En cifras, Celsa da empleo a casi 10.000 empleados de forma directa (33.233 directos e indirectos), tiene 120 centros de trabajo distribuidos por todo el mundo. Factura unos 4.253 millones de euros anuales (con datos del ejercicio 2018), produce 7 millones de toneladas al año y recicla 8 millones de toneladas. Las inversiones realizadas por la compañía en los últimos 15 años suman 2.682 millones de euros.
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