El exjuez decano de Talavera, Fernando Presencia, en una foto tomada el pasado 22 de octubre, minutos después de haberse celebrado el juicio. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Fernando Presencia condenado en ocho días
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01/11/2020 06:40
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Actualizado: 01/11/2020 00:19
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Ocho días después de la celebración del juicio, el pasado 22 de octubre, y con una rapidez sorprendente en estos tiempos de colapso judicial y de pandemia, Marta Vicente de Gregorio, magistrada del Juzgado de lo Penal 3 de Toledo, con sede en Talavera de la Reina, ha condenado al exjuez decano de esa ciudad, Fernando Presencia a la pena de 2 años y 10 meses de prisión.
Son 16 meses de prisión y y multa de 3.420 euros por un delito continuado de denuncia falsa y 18 meses de prisión por otro delito continuado de calumnias con publicidad y contra la autoridad en la persona de Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, fiscal decano de esa ciudad y querellante, en este caso, al quien también tendrá que indemnizarle con 30.000 euros.
La sentencia se comunicó pocas horas después de que Presencia y su abogado, Luis José Sáenz de Tejada, interpusieran una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el fiscal jefe provincial de Toledo, Antonio Jesús Huélamo García, y contra su subordinado, De la Cruz Andrade, por supuestamente vulnerar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por su intervención en dicho juicio.
NO HA HABIDO SORPRESA, SEGÚN PRESENCIA
«No me ha sorprendido nada la sentencia. Tanto los archivos de las denuncias como las querellas que me han interpuesto son más de lo mismo. Se niegan a investigar nada de lo que he dicho. Es una represalia clara. ¿Una prueba? La rapidez que la magistrada se ha dado en dictar y comunicar la sentencia», afirmó Presencia, tras conocer su contenido.
«¿Por qué mis denuncias son falsas? La Directiva de protección a los denunciantes de corrupción da la vuelta a la obligación de probar los hechos. Tienen que investigarlos y no han realizado ningún esfuerzo. La excepción a la verdad con este nuevo marco establecido por la Unión Europea obliga, precisamente, a las autoridades ante las que se denuncia a que investiguen. Y, repito, no lo han hecho», añade.
La magistrada relata en su sentencia que Presencia atribuyó a De la Cruz Andrade los delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio en relación con la edificación de su chalet en la localidad de Pepino, a 8 kilómetros al norte de Talavera, con una denuncia que fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) y que fue inadmitida por ese órgano.
El juicio contra Presencia estaba previsto a las 11 de la mañana del pasado 22 de octubre. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El TSJCLM consideró que el fundamento de las informaciones que la sustanciaron, procedentes de quejas verbales de abogados y profesionales, eran vagas e inconcretas.
Con respecto al delito de cohecho y a la afirmación de que el chalet es fruto de un «pelotazo urbanístico» del fiscal decano, Vicente de Gregorio, citando, otra vez al TSJCLM, afirma que «cuando las afirmaciones de soborno, dádiva o promesa, lanzadas sin base racional accesible en una querella, se ven a priori desmedida por datos documentados que ofrecen una apariencia sólida de origen lícito de la propiedad que se tiñe de sospechas, ello hace todavía más justificada la falta de fundamento de las mismas».
La magistrada recuerda que Presencia sustanció dichas acusaciones en una querella contra el fiscal decano ante el Tribunal Supremo que fue tumbada. Y también refiere que se archivaron las diligencias de investigación penal 5/2016, seguidas en la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha, en cuyo marco presentó un escrito en el que se imputaba al fiscal decano un delito de blanqueo de capitales sobre la base de un dictamen pericial elaborado por el perito Emilio Barroso González, encargado por el exmagistrado.
Sobre el delito de calumnias, Vicente de Gregorio relata que, «desde octubre del año 2015 y junio de 2016, el acusado, con conocimiento de que faltaba a la verdad, siendo conocedor de las resoluciones que archivaban o inadmitían a trámite sus querellas y denuncias siempre por los mismo hechos, con el ánimo de menoscabar la honorabilidad y desacreditar profesionalmente y para causar un mayor perjuicio a la honorabilidad del Fiscal Don Ángel-Demetrio de la Cruz Andrade dio multitud de entrevistas en medios de comunicación en los que imputaba a D. Ángel Demetrio la comisión de diversos delitos y participación en lo que él denominaba ‘trama de corrupción urbanística».
LA MAGISTRADA NO CONSIDERÓ LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO
La magistrada también explica que no admitió que se suspendiera el juicio ya que estaba pendiente el conocimiento de un auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el recurso de apelación contra el archivo de la denuncia que Presencia había interpuesto contra el fiscal decano, su esposa y los dos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Tajo porque «se desconocen los hechos imputados y las personas».
De acuerdo con Presencia, «el caso está directamente ligado al del juicio. El fiscal de medio ambiente de Madrid, César Estirado, considera que los dos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Tajo podrían haber cometido un delito de prevaricación urbanística omisiva al no haber ejecutado la orden de demolición del chalet en 2009 y de 2017. El TSJCLM el año pasado se pronunció ratificando dicha orden de demolición que la CHT no cumplió y que permitió, incluso, al fiscal decano presentar una solicitud de legalización de la construcción del citado chalet, cosa que tenían que haber hecho en 2009, no en 2019″.
¿MINTIÓ EL FISCAL DECANO?
La magistrada recoge en su sentencia las declaraciones del fiscal decano durante el juicio, donde dijo que «no es cierto que el TSJ haya dictado orden de demolición firme, que todo lo lleva su abogado que es un tema administrativo. En el año 2009 le dijeron que legalizaran la obra. Que siempre le han dicho que legalice, que lo que hay es una resolución del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha para legalizar la casa».
Presencia afirma que el fiscal decano mintió en el juicio: «Conoce la orden de demolición de 2009. Y la sentencia, fruto de la interposición de un recurso ante el TSJCLM, ratificaba la orden de demolición de la Confederación Hidrográfica del Tajo. ¿Por qué? Porque su chalet está construido sobre la zona de servidumbre del arroyo Berrenchín y eso no es legalizable».
LA SENTENCIA NO ES FIRME
Tal como refiere la magistrada, la sentencia no es firme y va a ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Toledo.
Según su abogado, el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, la pena «es desproporcionada» y la sentencia no es precisa. «Presencia está acusado de tres delitos y a la magistrada se ha olvidado de absolverle del tercero».
Y añade: «Tampoco tiene en cuenta las circunstancias personales del acusado, tal como obliga el artículo 66 del Código Penal. Solo tiene en cuenta la supuesta gravedad, lo que induce a pensar que ha habido ausencia de imparcialidad».
Además, «no hace referencia al informe del fiscal de Medio Ambiente de Madrid en el que pide que se investiguen los mismos hechos que ha denunciado mi cliente».
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