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El Plan del Gobierno contra la desinformación es una «fake news» en sí misma
Manuel Álvarez de Mon es exmagistrado de trabajo y exfiscal. Actualmente ejerce la abogacía. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
08/11/2020 06:50
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Actualizado: 08/11/2020 15:17
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El Gobierno justifica esta orden ministerial tomando como punto de partida el Plan Europeo de Acción contra la Desinformación, de 5 de octubre de 2018, y señala como objetivos los de establecer los medios de funcionamiento.
Para ello urge identificar a las autoridades implicadas y marcar el procedimiento de actuación.
Pues bien, vamos a examinar, primero lo que es el Plan Europeo para después ver si la Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional responde a los mismos objetivos o apunta a otros, bien diferentes, y a hacer un análisis sobre su legalidad .
El Plan Europeo de Acción contra la Desinformación, tras resaltar como valor fundamental la libertad de expresión, señala al Parlamento Europeo que es urgente establecer esfuerzos para asegurar procesos electorales justos y libres en los 27 estados de la Unión [entonces 28, porque se hizo antes del Brexit] en los procesos electorales a celebrar en 2019 y 2020.
El documento destaca el peligro de injerencia de terceros países a través de ciberataques y «hackeos» de redes.
La lucha contra la desinformación, dice la Unión Europea, requiere acciones unificadas, en íntima colaboración del sector privado. Especialmente con las plataformas «online».
Todo ello mejorando la capacidad de las instituciones de la Unión Europea y la colaboración con los estados miembros, mediante la creación de equipos multidisciplinares independientes.
Destaca, asimismo, que el trabajo de los medios de comunicación independientes es fundamental para una sociedad democrática.
Y concluye que se requieren relevantes actores institucionales y, como decíamos antes, del sector privado y la sociedad civil.
Esto dicho, repito, con vista a los procesos electorales.
Pero hay más. Tras la pandemia del coronavirus, que agrandó los problemas de las informaciones falsas, la Comisión ha establecido una hoja de ruta contra la desinformación con diferentes propuestas.
La misma Comisión afirma que el Plan Europeo de Acción es, esencialmente, una iniciativa no legislativa y anuncia futuros pasos venideros.
Entre las medidas que deberían adoptarse destaca el reforzamiento de la libertad y pluralismo de los medios de comunicación y la protección de los periodistas, sus derechos y condiciones de trabajo.
¿Responde a esto en la Orden PCM/1030/2020?
No, ni en objetivos ni en método.
LO QUE SUBYACE EN EL DECRETO ES UN CONTROL DE LA INFORMACIÓN
El objetivo gubernamental que subyace en en la Orden PCM/1030/2020 es un control de toda la información en general.
Y va mucho más allá de lo que persigue la Unión Europea, que se centra en los procesos electorales y en lo relativo al COVID-19.
La Orden PCM/1030/2020 del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, publicado el 5 de noviembre, establece, para ello, una serie de organismos dependientes del Gobierno, en misión tácita evidente de Comisariado Político, propio de países autoritarios.
Lo que en modo alguna hace la Unión Europea que, además, da un total protagonismo a los medios informativos y al sector privado, elevándolos al máximo nivel de actuación.
Nuestro Gobierno hace lo contrario.
Considera que las autoridades gubernamentales podrán solicitar «la colaboración» de los medios de comunicación, plataformas digitales, sector tecnológico, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general, cuando su contribución se considere oportuna y relevante.
O sea, quedan relegados a meros invitados. Una versión de despotismo ilustrado inadmisible en nuestro tiempo.
Los protagonistas principales, para la Unión Europea, se convierten, a ojos del Gobierno de España, en meros «colaboradores».
Además, ha cambiado el objetivo principal establecido por la UE: en vez de proteger lo que trata, de una forma evidente, es de controlar a los medios de comunicación, los periodistas y el sector privado.
LOS CUATRO NIVELES DE LA ORDEN PCM/1030/2020: CAOS DE INSEGURIDAD JURÍDICA
¿Hasta dónde llega la Orden PCM/1030/2020? Establece cuatro niveles de actuación de las autoridades y organismos.
Y lo hace de una manera nebulosa. Sin establecer un procedimiento preciso. Sin regular las consecuencias de lo que se podría considerar información falsa.
Con ello, solo provoca un caos de inseguridad jurídica.
La Orden PCM/1030/2020 crea, además, una Comisión Permanente que se instaura en un limbo jurídico.
Porque a través de esta orden ministerial se pretende instituir un órgano que requeriría de un decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del Gobierno y de acuerdo con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.
Con lo que sus actuaciones podrían ser nulas, con arreglo al artículo 47 de la Ley 39 de 2015 de Procedimiento Administrativo.
La Orden PCM/1030/2020, en definitiva, tiene, de momento, el mero alcance de crear un aparato gubernamental de control con un subliminal aviso a navegantes de lo que pueda venir.
Lo que ha creado una evidente alarma por lo que insinúa.
La realidad es que el Gobierno no puede alterar la libertad de información y expresión reconocida en el artículo 20 de la Constitución española (CE) y en los tratados internacionales. Libertad que subraya la Union Europea.
Como dice ese artículo 20 de la CE, la libertad de información y expresión no puede ser objeto de censura previa y solo cabe el secuestro de publicaciones y medios de información por la autoridad judicial.
Pero hay más. El artículo 18 de nuestra Carta Magna garantiza el secreto de las comunicaciones, salvo resolución judicial, cuyo procedimiento se desarrolla, en los artículos 588 bis y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La autoridad administrativa no puede limitar esos derechos sin la mencionada autorización judicial
Es más, dichos derechos están protegidos, específicamente, por el Código Penal, en sus artículos 534 y siguientes. En su caso se podría incurrir, hipotéticamente, incluso en posibles delitos de prevaricación administrativa.
¿QUÉ DEFENSA HAY CONTRA LAS INFORMACIONES FALSAS?
Las ya previstas legalmente. Desde el derecho de rectificación a acciones civiles o penales por injurias o calumnias, sin perjuicio de mejorar y ampliar la protección legal.
Siempre con respeto al marco constitucional y al europeo, que no es precisamente el que dice el Gobierno español.
Y conviene recordar el no a la Ley Mordaza del Gobierno de Mariano Rajoy, contra el que protestaba en 2018 el hoy vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
Por último, tengo que mencionar dos cosas muy importantes.
El Gobierno de España basa su actuación en lo que considero que es una manipulación del concepto de la seguridad nacional, a cuya ley reguladora de 2015 se opusieron precisamente todos los partidos a la izquierda del Partido Socialista y los nacionalistas.
La segunda, y no menos importante, es que este Plan del Gobierno contra la desinformación es una «fake news» en sí misma. Porque manipula lo que dice la Unión Europea.
Y se une a las otras «fake news» del propio Gobierno sobre inexistentes comités de expertos contra el coronavirus, sobre la utilidad de las mascarillas, sobre el número de muertos por la pandemia, etcétera.
¿Alguien da más?
Pues sí, en el debate televisivo de los candidatos, previo a las últimas elecciones generales, el entonces candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, dijo que el traspaso a Cataluña de Instituciones Penitenciarias lo había hecho el PP.
Falso. El traspaso lo hizo el Gobierno socialista de Felipe González. Por decreto de diciembre de 1983. Quizá por desconocimiento en la materia el candidato del PP no le replicó.
Y fue una flagrante falsedad electoral. No fue la única.
No necesitamos que el Gobierno de España nos quiera «proteger» de las «fake news» y mucho menos que intente hacerlo de esta forma tan autoritaria y tan, aparentemente, sutil.
¿Lo logrará?
No, mientras España sea parte de la Unión Europea, la Constitución esté vigente y haya medios de comunicación y jueces independientes.
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