El juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha acordado tomar declaración a 23 nuevos investigados en la causa en la que se investiga si el expresidente de la Diputación Provincial y expresidente provincial del PP Carlos Fabra ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por el caso ‘Naranjax’.
La Audiencia de Castellón le condenó en 2013, sentencia que confirmó en 2014 el Tribunal Supremo, a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones de euros como autor de cuatro delitos fiscales.
Entre los nuevos investigados figuran administradores de empresas y particulares que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012.
Algunas de las mercantiles investigadas por esas transferencias bancarias, ingresos de cheques, pagos de facturas u otras operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político presidió la corporación provincial castellonense.
El auto dictado por el juez instructor también incluye, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), requerimientos de información a la propia Diputación, la Cámara de Comercio y el Partido Popular de Castellón, así como mandamientos dirigidos a diferentes Registros Mercantiles.
El juzgado abrió esta causa en junio de 2017, tras recibir una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.
La investigación, que ha permanecido secreta hasta septiembre de este año, trata de determinar el origen de los flujos económicos manejados directamente o a través de terceros por el expresidente de la Diputación y si esos ingresos pudieron responder a labores de intermediación realizadas durante el ejercicio de cargo público.
El juzgado también investiga si se produjo una ocultación patrimonial mediante un entramado de empresas y personas para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda tras la condena penal.
Con los nuevos citados, el número total de investigados en estas diligencias se eleva ya a 27, incluidos el propio expresidente de la Diputación y varios de sus familiares.
