El decano del Colegio de Procuradores de Madrid subraya en esta entrevista que la procura, por su cercanía a la Administración de Justicia, conoce muy bien su funcionamiento y por ello uno de sus miembros debería estar en el futuro Consejo General del Poder Judicial, en el que no están presentes desde 1985. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Gabriel María de Diego Quevedo, decano del ICPM: «La procura es una profesión que tendría que estar presente en el CGPJ»
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30/11/2020 01:00
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Actualizado: 24/3/2021 10:02
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La gestión de Gabriel María de Diego Quevedo al frente del Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) ha marcado un antes y un después en la historia de este órgano colegial durante los cinco últimos años como decano.
Es una institución solvente y saneada, desde el punto de vista económico. Un hecho reconocido por todos.
Santanderino de nacimiento, recriado en Asturias y madrileño de adopción, De Diego Quevedo habría querido ser jugador de fútbol de Primera División. Como portero. Una afición que ha venido cultivando a lo largo de los años.
Durante mucho tiempo fue el cancerbero del Colegio de Abogados de Madrid, donde esta inscrito como no ejerciente.
«El deporte enseña mucho para la vida profesional. Porque te enseña a sufrir y a alegrarte en grupo. Yo he sido, soy, un buen jugador de equipo. Es una filosofía que he aplicado siempre. Cuando se trabaja en equipo los éxitos y los fracasos son de todos. La Junta de Gobierno del Colegio que presido es un equipo. Y he querido que todos jueguen, que tengan su protagonismo. Esa es la verdadera clave del éxito», afirma De Diego Quevedo.
Su alma, reconoce, es rojiblanca. «Y esto te da carácter. Porque se aprende más del fracaso que del triunfo», señala.
El decano del ICPM, comprometido y preocupado por la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia, hace tiempo que reivindica la presencia de la procura en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como una necesidad, que explica en esta entrevista.
¿Por qué es importante que haya un representante de la procura en el órgano de gobierno de los jueces como jurista de reconocido prestigio, según su opinión?
El procurador conoce mejor que nadie el día a día del funcionamiento de los juzgados. Conoce mejor que nadie las carencias de la Administración de Justicia y sus bondades. Es una figura que aporta mucho al sistema judicial porque tiene una visión práctica y pragmática de lo que es la Justicia española.
Por eso entiendo que la procura es una profesión que tendría que estar presente en el Consejo General del Poder Judicial. Ojalá los políticos recapacitaran y eligieran a un procurador.
Solo hemos tenido un representante en la historia del CGPJ. Fue José Luis Granizo García-Cuenca. Falleció en 1995 siendo vocal. Hablamos del tercer CGPJ de la historia. El que presidió Pascual Sala. De eso hace ya 25 años.
La suya es una profesión que se remonta al siglo XIII, en las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio ya figuraban ustedes…
Pero sin remontarnos tan atrás, en la Ley provisional sobre organización del Poder Judicial de 1870, donde se sentaron las bases de la actual estructura judicial española, también figurábamos. Y desde entonces, la figura de la procura se ha venido no solo manteniendo sino reforzándose a lo largo del tiempo.
Hubo reformas, como la Ley del Divorcio, en 1981, en la que se podía haber reformado el sistema de representación. Y no se hizo. Luego vino la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 y tampoco se modificó.
Las posteriores reformas de esa misma ley, la de 2009 y la de 2011, fortalecieron la figura del procurador.
La reforma de 2015 nos dio un espaldarazo definitivo.
Esta Ley reconoce expresamente que los procuradores realizamos funciones de carácter público. En materia de actos de comunicación, de agilización, de dinámica del procedimiento jugamos un papel esencial.
Por eso digo que es muy difícil de entender por qué no ha habido, en todos estos años, un procurador en el CGPJ.
Gabriel María de Diego Quevedo es decano del ICPM desde 2015.
El papel de los procuradores, sin embargo, no fue del todo comprendido por la Unión Europea.
En la Directiva de Servicios de 2006, que generó desde la Unión Europea un expediente Europilot en 2011, una de las cosas que pidió el Gobierno de España, en el intercambio de información con la Comisión del Mercado Interior de la Unión, es que se respetara el principio de autonomía jerárquica en cuanto al mantenimiento de nuestro sistema, que había sido avalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Comisión lo entendió. Vino a decir que la figura del procurador realmente coadyuvaba y era necesaria.
Ustedes han venido reivindicando funciones similares a los hussiers franceses, en lo que a la comunicación de actos procesales se refiere. ¿Esto no les enfrenta al trabajo de los funcionarios judiciales que hacen actualmente esa función?
Es que no tiene nada que ver. Están los hussiers y están los solicitadores portugueses. La figura del agente de ejecución está muy implantada en Europa, en Sudamérica y en África.
Y en Estados Unidos. ¿Es usted fulano de tal? Sí. Está usted comunicado. Y te entregan la citación.
Esas funciones de carácter público no quitan el trabajo a nadie. Esto es como cuando uno va por la carretera y te dan la opción de que, para llegar a tu destino, puedas optar por una autovía de peaje, para llegar antes. Y no por eso deja de haber carreteras nacionales o autovías de peaje.
¿Por qué no en la Justicia? Que cada uno elija el camino que quiera. Porque habrá un momento dado en que el justiciable le interese, por las razones que sean, por acelerar su procedimiento. Es bueno que haya las dos alternativas.
«La reforma de 2015 dio carta de naturaleza al procurador como agente de la autoridad. Tiene capacidad de certificación para emplazar. Y el propio acto de emplazamiento del procurador a la persona en concreto goza de toda la presunción de veracidad»
A veces, hay que decirlo, se tarda uno o dos meses en emplazar a una persona. Y a veces más.
Puede ser el caso de una señora que ha trabajado durante muchos años en el extranjero quien, con sus ahorros, se ha comprado un piso que tiene alquilado y que le complementa la pensión de jubilación. Si el inquilino deja de pagarle, ¿tiene que estar esperando, a veces hasta dos meses, para que puedan emplazarle?
Pues a lo mejor le interesa coger la autopista de peaje y no la otra. Porque el Colegio lo hace en un máximo de tres días.
La señora tiene derecho a ello. Lo que no puede ser es que se elimine una de las dos. Las dos deben cohabitar.
¿Esta función del procurador ya está reconocida legalmente?
Sí, claro. La reforma de 2015 dio carta de naturaleza al procurador como agente de la autoridad. Tiene capacidad de certificación para emplazar. Y el propio acto de emplazamiento del procurador a la persona en concreto goza de toda la presunción de veracidad.
Contra este emplazamiento cabe recurso de revisión ante el juez. Los recursos que se han planteado, que han sido mínimos, han sido declarados todos nulos.
Esta es una de las labores que estamos haciendo todos los días desde el Colegio: difundir las funciones de carácter público a la sociedad, al justiciable, a las autoridades judiciales, a los abogados.
¿Han creado ustedes en el ICPM algún servicio de este tipo?
Sí, tenemos un servicio de actos de comunicación. Al principio tuvo cierto recelo. A día de hoy es un servicio que cohabita perfectamente con el servicio común de notificaciones de los juzgados.
Si quieres que un procedimiento vaya rápido, encárgaselo a un procurador, se puede decir.
La Junta de Gobierno que preside Gabriel María de Diego Quevedo en el Colegio de Procuradores de Madrid ha convertido la celebración del Día Internacional de la Mujer en una jornada grande; esta foto fue tomada poco antes de que se decretara el 6 de marzo de 2020. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Usted antes de decano fue tesorero.
Yo fui tesorero del Consejo General de Procuradores desde 1999 a 2001. Luego fui tesorero de mi Colegio, el de Madrid, desde 2005 hasta 2015. Me llevó Juan Carlos Estévez.
¿Y por qué entro?
Por vocación de servicio público. Soy hijo de funcionario público y pensé que era el momento de poder hacer algo en el Colegio.
¿Por qué tesorero?
Porque mi padre era funcionario de Hacienda. Siempre se me han dado bien los números siempre. Cuando entré en el CGPE me encontré unos números buenos pero cuando lo dejé eran mejores.
Cuando llegué de tesorero a Colegio los números no eran nada buenos. Durante mi gestión mejoró muchísimo la tesorería. Pero ha mejorado todavía más desde que soy decano.
Hoy el día el Colegio está absolutamente saneado.
Su antecesor, Antonio Álvarez-Buylla, pudo haber sido vocal del CGPJ en 2014, sustituyendo a la dimitida Mercè Pigem, pero no fue posible porque una asociación le interpuso una querella que, aunque después se archivó, le impidió dar el paso. Fueron malos tiempos para la procura. ¿Por qué se decidió a dar el paso a ser decano?
Porque pensé que podía hacer más por mi Colegio y por la Institución que siendo tesorero. Sentí mucho que Antonio Álvarez-Buylla no pudiera ser vocal del CGPJ. Le tengo un gran aprecio y un gran respeto profesional.
«A fecha de hoy, el tema estatutario está arreglado, el problema económico no existe y, por lo que se refiere a la modernización, en todos estos años hemos implantado un sistema de gestión interna y hemos ido creando servicios que eran muy necesarios para la procura»
¿Cuáles fueron los desafíos a los que tuvo que hacer frente?
Todos. Lo primero, el Colegio se encontraba en una situación estatutaria muy grave. Tuvimos que hacer un cambio de la estructura colegial, que era una estructura arcaica, que hemos superado. El Colegio, además, necesitaba una modernización en sus sistemas de trabajo.
Y luego necesitaba que una proyección exterior más grande de la que tenía.
A fecha de hoy, el tema estatutario está arreglado, el problema económico no existe y, por lo que se refiere a la modernización, en todos estos años hemos implantado un sistema de gestión interna y hemos ido creando servicios que eran muy necesarios para la procura.
¿En qué consistía el problema estatutario?
Los Estatutos colegiales del año 2011 fueron anulados por una sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De pronto, nos encontramos con un Colegio que no tenía estatutos.
Hubo que hacer un estatuto nuevo en 2015, al que llaman el Estatuto de De Diego [se sonríe]. No lo digo yo, sino los colegiados.
Una organización colegial no puede estar ni un minuto con un estatuto que ha sido declarado nulo de pleno derecho.
Los nuevos estatutos fueron recurridos pero han sido refrendados por el TSJM, primero, y por el Tribunal Supremo, después.
Contra la sentencia del TSJM se interpuso un recurso de casación ante el Alto Tribunal, que no se admitió a trámite. Cabe la posibilidad de que se pueda plantear un incidente de nulidad.
Pero a la fecha de hoy, el Colegio tiene unos estatutos absolutamente legales.
El decano del Colegio de Procuradores de Madrid posando en el balcón de su despacho que da al edificio del Tribunal Supremo, en la calle Bárbara de Braganza, donde recientemente inadmitieron el recurso de casación contra el Estatuto de 2015 de la organización colegial, lo que le ha dado legalidad definitiva y completa. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
¿Qué efecto tiene eso?
Pues que todas las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores durante estos años que ha estado vigente el actual Estatuto, de 2015, gozan de apariencia de buen derecho.
De hecho, por esa razón, por el problema con el estatuto, usted dimitió en 2018 y convocó nuevas elecciones, que volvió a ganar.
Lo primero que agradezco es que los colegiados confiaran en mí. Cuando me presenté a decano en 2015 era más un técnico. El tesorero del Colegio. Los colegiados no me conocían. Pero cuando tuvimos que dimitir y convocar nuevas elecciones no hay nada que te legitime más que el respaldo de tus compañeros. Tuvimos un respaldo absolutamente mayoritario. Los compañeros avalaron nuestra gestión.
Hubo que dimitir, sí. Pero es que yo no tenía nada que ver en todo eso. Lo he dicho muchas veces. Yo me encontré con una situación que había que avalar y revertir y eso es lo que hicimos.
A mí me llama mucho la atención la marcha de una serie de colegiados que, sin pagar los aranceles que les correspondían al Colegio, se pudieron marchar a otro colegio colindante con la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es posible que pudieran colegiarse sin pagar, previamente, su deuda al ICPM?
Yo no he hecho la norma. No la comparto, pero está ahí y no tengo más remedio que respetarla.
¿No tendría que haber habido una reforma de los estatutos del Consejo General de Procuradores de España para impedir que eso ocurra?
Es difícil de entender, pero hay una normativa del Consejo General. El Colegio de Madrid solo es uno de los 67 que forman la organización.
¿Cuántos colegiados forman el ICPM?
En Madrid, entre ejercientes y no ejercientes, somos 2.200.
«En el CGPE tendría que haber un voto en función del volumen de colegiados que tú representes. El voto tendría que ser un voto ponderado». Hoy en día cada uno de los 67 colegios tiene un voto
¿Y cuántos hay en España?
En torno a 10.500.
Por lo tanto, ustedes son el colegio más grande de nuestro país.
Pero a la hora de votar en el Consejo no existe ese voto ponderado y votamos igual que cualquier otro, con un voto.
O sea, que un colegio que tenga, pongamos 50 colegiados, tiene un voto que vale lo mismo que el de ustedes, con 2.200. ¿No tendría que hacerse algún tipo de reforma para corregir esto?
Pues yo creo que sí. Hay problemas de la profesión que son comunes en toda España y puedo entender que el voto sea unitario, pero lo que no puedo entender es que cuando se trata de una aprobación de presupuestos o de determinadas medidas de carácter económico ese voto sea unitario.
Esto no pasa en el mundo de la empresa. En ese mundo, en función del capital social que representes tienes más o menos asientos en los Consejos de Administración.
Y aquí creo que lo que habría que hacer es que en función del volumen de colegiados que tú representes. El voto tendría que ser un voto ponderado.
Habrá que modificar los estatutos del Consejo General en algún momento y recoger esta realidad, que es la realidad del mundo de la empresa.
Cambiando de tema, actualmente hay un proceso legislativo que les afecta de forma directa. ¿Puede explicar en qué consisten?
Los cambios pivotan, básicamente, en tres reformas. Una, la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador, la 34/2006.
Que obliga a que la formación, el Máster de Acceso, sea conjunto para abogados y procuradores. ¿Correcto?
Así es. Va a haber una titulación única que va a ser habilitante para ejercer o de abogado o de procurador, pero no de manera simultánea.
Dos, la reforma de la ley de sociedades profesionales para que se puedan establecer sociedades multidisciplinares de abogados y procuradores.
Y tres, la modificación del Real Decreto 5/2010, conocido como el “decreto Caamaño”, para la reforma del arancel de los procuradores. Siguiendo las recomendaciones de Europa, no puede haber un arancel de máximos.
Gabriel María de Diego Quevedo, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, en una foto tomada el 5 de julio de 2019, durante el acto de reconocimiento a los profesionales que llevaban 25 y 35 años de ejercicio en la procura. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
¿En qué consiste el arancel de máximos?
El arancel de máximos dice que, conforme a este Decreto 5/2010, por todas las instancias del procedimiento, desde la primera hasta el Supremo, no puede cobrar más de 300.000 euros.
Esos pleitos, hoy en día, son mínimos y escasos.
Este proyecto de ley dice que por todas las instancias lo máximo que se puede cobrar son 75.000 euros. 25.000, más o menos, por instancia.
¿Quién cobra 25.000 por instancia hoy en día? Estamos hablando de unos procedimientos por una cuantía muy grande. El mencionado Decreto deja, además, a la decisión del juez que esa cantidad se pueda superar.
La carrera, por lo tanto, no corre ningún peligro.
Yo entiendo que no, pero los procuradores tenemos que centrar nuestro trabajo principal en dos fases. Una, la fase declarativa. Y dos, la fase de ejecución.
En esa fase declarativa el procurador tiene que hacer todos los actos de comunicación que le pida el tribunal: Lanzamientos, citaciones de testigos, amen de las funciones tradicionales, es decir recepcionar notificaciones, enviarlas a los abogados, los trámites del procedimiento. Eso es imprescindible que se siga haciendo.
Ahora, ¿en qué está trabajando el Colegio? Ya está acabado. Es una plataforma de certificación de envíos securizada y certificada por notario. ¿Para qué? Para que muchos actos de notificación se hagan a través de esa plataforma.
Si yo tengo que requerir a una sociedad para que aporte información, no le va a requerir el juzgado. El Juzgado te va facilitar a ti, el procurador, para que lo requieras. ¿Qué va a evitar? Dilaciones indebidas.
Va a haber una mayor efectividad. Los testigos, los va a citar la parte que los propone. Y vamos a evitar suspensiones de juicios indebidas.
Va a haber la seguridad de que las partes han sido citadas. Eso cuesta mucho a la Administración de justicia. ¿Qué es lo que reduce costes? La agilidad.
¿Aprueba o suspende al actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en su actuación ante la Unión Europea por el asunto de la procura española?
Hay que alabarlo, sin duda alguna. Lo mismo que los ministros anteriores. Ha afrontado a la perfección el asunto ante la Comisión, explicando cosas que podían no entenderse. Al final ha dado carta de naturaleza a los procura.
Y le ha dado futuro.
El decano de la procura de Madrid revela en esta entrevista que, para él, los valores del deporte son muy importantes, en especial porque hacen equipo, una norma que ha aplicado tanto en su trabajo como en el ICPM; en la foto, tomada en 2003, con el equipo del Colegio de Abogados de Madrid, del que durante muchos años fue portero, en un torneo en los Alpes italianos.
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