La no renovación dentro de plazo de los miembros del CGPJ es un tema que el pueblo va soportando porque, desgraciadamente, hay otros problemas muchísimo más graves y que afectan más a nuestras vidas.
Pero eso no es motivo suficiente para dejarlo al capricho de unos líderes políticos, que juran o prometen hacer cumplir la Constitución y los primeros que no la cumplen son ellos.
Además es una burla a los ciudadanos que tienen que soportar comportamientos insoportables y por los cuales, los que desobedecen los mandatos de la Constitución no reciben sanción alguna. No se dice, por ejemplo, que ese incumplimiento de los partidos es una clarísima coacción.
Da igual que sean de derechas o de izquierdas.
Como son imprescindibles los votos de unos y de otros y no les pasa nada si se resisten a pactar, sencillamente no colaboran en la búsqueda de una solución porque no les conviene a sus partidos. Y ni siquiera se avergüenzan, parece lo normal.
Como hay dignísimas personas a las que sí les importa encontrar un procedimiento, al menos mejor que el actual, creo que sería más práctico y bastante racional esta Primera Solución: que se repartiesen los sillones a renovar en la misma proporción que el número de votos (no el de escaños) que hubieran conseguido los partidos, en toda España, en las últimas elecciones generales celebradas, sin tener que esperar a acuerdos que no llegan.
Un poco al estilo del reciente nombramiento, por un solo partido, de un miembro vitalicio del más alto tribunal norteamericano.
Teniendo siempre presente que lo perfecto es enemigo de lo bueno, se puede aplicar otra solución, aunque aparentemente más arriesgada, copiando lo que ocurre en el futbol.
Porque no se ha dado ni un solo caso en el que se tenga que esperar dos años para saber qué equipo de los dos finalistas empatados, se proclama campeón.
En la justicia no podemos recurrir a los penaltis, pero sí que sería muy sencillo acordar que, cuando no hay posibilidad de acuerdo, antes de que venza el plazo, se aplicase esta sencilla Segunda Solución: que presentase cada parte sus candidatos y se decidiera, sillón a sillón, quien será nombrado por insaculación, tirando, en cada nombramiento, una moneda al aire.
Al fin y al cabo, se supone que todos los candidatos son idóneos para el cargo.
Creo que antes de llegar a aplicar este método preferirían negociar y llegar a un acuerdo. No es justicia pero tampoco injusticia. Contra la coacción y el egoísmo, mejor una salida, al menos, imparcial.
LOS INGENUOS PADRES DE LA CONSTITUCIÓN
El origen del problema viene de la confianza de los padres de la Constitución que, con bastante ingenuidad, debieron pensar que los líderes futuros iban a cumplir la norma, aun cuando egoístamente no les interesase, es decir, que con fijar un plazo para la renovación de cargos, ese plazo se iba a respetar.
Es desconocer al ser humano, sea líder político o ciudadano de a pie, salvo honradísimas y muy escasas excepciones, cada uno hace lo que cree que más le beneficia, con desprecio del interés público, para cuya salvaguarda se supone que ostentan el poder.
Sénecas hay muy pocos y, en cuanto aparecen, los “eliminan”.
Por eso son tan imprescindibles el Código Penal y el “qué dirán”, que es otro código no escrito pero muy eficaz, sobre todo en los pueblos pequeños, donde todo el mundo se conoce.
Si partimos de la realidad, que nadie honrado se atreverá a negar en privado, de que casi todos los miembros de las altas instituciones que comentamos tiene un tercer apellido, que es el del partido gracias al cual le nombraron y ostenta el cargo, es comprensible que cada partido se empeñe en no aceptar a otro candidato que el propuesto por él.
Y hasta que no se lo acepten que sigan los miembros actuales en funciones, meses o años. Sería divertido que siguiesen así hasta que toque hacer la siguiente renovación. Son capaces, quien ha aguantado dos años perfectamente puede aguantar unos años más.
Al fin y al cabo nadie le puede llamar al orden.
La raíz de esta intolerable burla a la ciudadanía no es otra que la inmunidad.
Y no es sólo en este conflicto en el que se manifiesta.
Sin ir más lejos, en la misma Constitución se afirma que todo español tiene derecho a una vivienda digna.
Otro brindis al sol.
Debían relegarse a una segunda parte de los códigos todas las normas que no tengan aparejada una sanción en caso de incumplimiento y un responsable, claro.
Sería una segunda parte informativa, llena de buenos deseos, de sugerencias y de recomendaciones, pero sin sanción si no se obedece.
Una parte dedicada al “buenismo”. Pero una orden sólo es una orden si, cuando se incumple, puede imponerse un castigo, como una casa no es una casa si no tiene tejado.
Obviamente, todo lo dicho queda pendiente de lo que apruebe el Congreso sobre la ley que propone limitar las funciones del CGPJ.
