El eurodiputado Jorge Buxadé es miembro de cuatro Comisiones en el Europarlamento, entre ellas la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; la entrevista fue realizada en Bruselas, en ese escenario.
Jorge Buxadé, eurodiputado de VOX: “La nueva Fiscalía Europea va a ser un fracaso porque se quiere imponer al resto de las fiscalías»
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21/12/2020 17:19
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Actualizado: 22/12/2020 15:05
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Es un debate latente que no termina de materializarse en la Unión Europea. Muy similar al que tuvo lugar en los Estados Unidos tras su independencia, en 1776, y antes de la gestación de su Constitución, en la Convención Federal de 1787. Entonces se enfrentaron los federalistas y los anti federalistas.
Los primeros propugnaban un gobierno central fuerte frente a los segundos, que se oponían a ello porque dicho poder central fuerte amenazaba la soberanía de los estados.
Un concepto que tiene muy presente Jorge Buxadé Villalba, 45 años, barcelonés, europarlamentario de VOX, miembro de cuatro comisiones –entre ellas la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior–, además de vicepresidente primero de la formación verde, de la que es su portavoz.
Y lo tiene muy claro, en términos de entonces y de ahora. Buxadé es un «antifederalista». No quiere una Unión Europea con un gobierno central fuerte.
«Sí, el caso es similar, admite, pero hay una diferencia muy clara. Aquellos estados que lograron independizarse del Reino Unido y que dieron lugar a los Estados Unidos tenían muy poca historia detrás. No se pueden comparar con naciones de Europa que, como España, tienen más de 500 años de antigüedad. Tienen una larga historia a sus espaldas, con instituciones seculares en la mayor parte de los casos. Las circunstancias no son comparables, en absoluto», explica Buxadé durante la entrevista, que tiene lugar en el corazón del Parlamento Europeo, Bruselas. En mitad de la pandemia que ha cerrado la capital belga a cal y canto.
Buxadé, abogado del Estado en servicios especiales –número 1 de su promoción–, y profesor universitario, afirma que a la ciudadanía se le está hurtando su capacidad de debatir y de decidir la dirección que la Unión Europea debe tomar.
Lo que denota una ausencia clara de democracia.
«Ahora se quiere imponer la interpretación federalista de Europa. Se están creando estructuras que se sobreponen a los estados. Y no ha habido un debate previo, profundo, sobre si los ciudadanos de Europa queremos eso o no lo queremos. Es un debate necesario que no se está produciendo. Desde el mundo ‘progre’ se dice que tenemos que ser más Europa pero no se explica por qué, para qué, con qué objetivo», añade.
¿La nueva Fiscalía Europea contra el fraude tiene que ver con lo que usted está planteando?
La nueva Fiscalía Europea va a ser un fracaso, sí. Por eso mismo, porque en el fondo es el modelo federalista. Es imponer una Fiscalía Europea que, a su vez, se impone al resto de las fiscalías europeas y a los órganos de control nacionales.
Con la Fiscalía europea vamos a entrar en un conflicto de competencias constante. Esto va a provocar ineficacia, un incremento del gasto público en la Administración Pública europea extraordinario y no va a redundar en la adecuada persecución del fraude.
En materia tributaria, por ejemplo, la Agencia Tributaria española está trabajando muy bien en colaboración con la Oficina de Fraude Fiscal europea. Ese es el mecanismo que tenemos que tener. Colaborar, avanzar en la cooperación entre los estados, en la transmisión de la información para la lucha contra el fraude fiscal, que es un objetivo, por supuesto, y muy importante.
En España tenemos nuestra fiscalía, o nuestro Tribunal Supremo, y se pretende que una institución europea que acaba de nacer, al cabo de un mes imponga criterios, interpretaciones, protocolos de funcionamiento a las fiscalías nacionales.
Lo que hay que hacer es dar fuerza a las fiscalías nacionales, que cooperen entre ellas y que cooperen los órganos de las administraciones tributarias de los distintos estados. Sobre todo porque estamos ante una Fiscalía Europea que no se ha aprobado por unanimidad.
Nosotros insistimos mucho: Europa es siempre una historia de éxito cuando hay unanimidad entre los estados miembros. Pero aquí han sido 7, de los 27 estados que conforman la Unión, los que se han desmarcado de la Fiscalía Europea. Entre ellos Hungría, Polonia, pero también Suecia, Holanda y Dinamarca, creo.
El objetivo es crear la figura del fiscal europeo para avanzar hacia ese derecho penal europeo. Es el plan maestro que el consenso «progre» tiene perfectamente diseñado.
Bouxadé afirma que se está hurtando a los ciudadanos europeos el debate sobre el futuro de la Unión Europea y se está imponiendo la idea federalista, que defiende un centro fuerte, sin dar posibilidad a otras opciones.
¿Qué opina usted de la llamada Directiva «Whistleblower», la Directiva que protege a los denunciantes de corrupción?
La Directiva «Whistleblower», para proteger a los denunciantes de corrupción, su desarrollo y su transposición a nuestra legislación es conveniente y oportuna. Por desgracia, los mecanismos de los que históricamente dispone la Administración, la Intervención del Estado y los mecanismos de autocontrol, no están funcionando y, por lo tanto, acudir a la colaboración ciudadana mediante denuncias que puedan contribuir al mejor seguimiento de la gestión de los fondos públicos creo que es bueno.
Debo recordar que VOX, en el Congreso de los Diputados, con Macarena Olona, propuso la aprobación de una ley en esta línea que fue desestimada simplemente porque venía de nuestro lado cuando ni siquiera eran conscientes de que esto era una necesidad. Porque España iba a estar obligada como consecuencia de la Directiva.
La Directiva Whistleblower fue aprobada en noviembre de 2019 y España tiene hasta diciembre de 2021 para su transposición. Sin embargo, existe un conflicto sobre su vigencia. Hay gente que cree que está vigente ya y no en diciembre de 2021, fecha tope para su asimilación a la legislación española. ¿Cuál es su opinión?
Hay que esperar a la transposición. Tiene que hacerla el parlamento nacional o, en su caso, si se transpone a través de Reglamento, pues a través de la norma reglamentaria oportuna. Así se dibujó el sistema jurídico de la Unión Europea.
Es lo que nosotros, desde VOX, defendemos, que sean las leyes nacionales las que obligan. Sin perjuicio de que, efectivamente, tengamos esa doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del efecto directo de las Directivas. Y que, con arreglo a esas Directivas, y en la medida de que estas ejercen efecto directo sobre los particulares, cabría la invocación a las mismas.
Pero eso obligaría a presentar una denuncia, a que no fuese admitida, y tener que acudir luego al tribunal contencioso para que ese tribunal dijera que esa Directiva sí tiene efecto directo.
Lo más fácil es que el Gobierno haga bien su trabajo, presente cuanto antes un proyecto de ley para la transposición de la Directiva Comunitaria, evitemos sanciones, porque es bastante habitual que España sea sancionada por la ineficacia del Gobierno por la transposición de la normativa, y entre en vigor.
Este tema de la transposición de las Directivas es muy importante. Tenemos un gobierno, o unos gobiernos –porque también sucedía con el gobierno de Mariano Rajoy–, que no se oponen a la aprobación de las normas en el Consejo. Pero también que no ejercitan su poder de rechazar una norma cuando consideran que no es buena para España, o para los intereses de la administración española. Y, sin embargo, luego retrasan la transposición de las Directivas comunitarias y nos da lugar a constantes sanciones e inicios de procedimientos por parte de la Comisión, que suponen un coste considerable para el erario público.
«La Directiva ‘Whistleblower’, para proteger a los denunciantes de corrupción, su desarrollo y su transposición a nuestra legislación es conveniente y oportuna»
El Gobierno, para justificar la publicación de la orden ministerial contra la desinformación argumentó que tenía su origen en el Plan Europeo de Acción contra esa misma desinformación. ¿Comparte usted dicha justificación?
Es una grosera mentira. Una falsificación del gobierno. Es cierto que en el Parlamento europeo hay una preocupación histórica por la persecución de los contenidos «online» en el ámbito terrorista, que se ha ampliado a determinadas actividades delictivas, como puede ser la pornografía infantil, o algún tipo de acción delictiva. Eso, nosotros, por supuesto que lo apoyamos que apoyamos. Pero , a partir de ahí, se está construyendo una teoría que es absolutamente ficticia.
Nada hay en la Comisión, en el Parlamento europeo, que habilite que el gobierno pueda proceder a monitorizar las opiniones y las informaciones en las redes sociales cuando usted, más que nadie, sabe que la diferencia entre la opinión y la información es una delgada línea roja en ocasiones casi inexistente.
Si yo digo que el Gobierno miente sobre los fallecidos por el COVID, ¿es una opinión o una información? Podrían decir, es una opinión. El Gobierno nos ha engañado en el número de muertos por COVID en España, como lo justifica su propio Instituto Nacional de Estadística.
Esa delgada línea roja es la que ha superado el Gobierno de España. Esta orden es una actuación manifiestamente ilegal en contra, ya no solo de la normativa europea, sino de la propia Constitución.
Esto nos ha de preocupar mucho porque se está creando una estructura que está pidiendo a la Guardia Civil o al Centro Nacional de Inteligencia que haga informes, etcétera.
La libertad de información y de expresión es el oxígeno de la democracia. Esa libertad junto con una justicia independiente son los dos seguros de salud para cualquier democracia que se precie. A mí me preocupa que ningún medio de comunicación haya salido a combatir esa orden.
Es absolutamente grave, por supuesto. Porque la libertad de expresión es expresión de una libertad previa que es la libertad de pensamiento.
El Tribunal Constitucional dijo, en una de sus sentencias del año 80 u 81, una cosa que yo citaba mucho en mis escritos procesales y era que, en realidad, todos los derechos fundamentales se reducen a dos: el derecho a la vida y el derecho a la libertad de pensamiento.
Sin estos dos, todo desaparece, uno en el ámbito físico y otro en el ámbito intelectual. Pues así sucede. Se coarta la libertad de expresión, impidiendo que yo pueda pensar libremente sobre lo que sucede en la realidad.
Un estado sin medios de información libres es una sociedad camina directamente hacia la tiranía intelectual.
El sistema de oposición ha demostrado su eficacia a lo largo del tiempo. Según Buxadé, la oposición no solo acredita una capacidad de memoria o de inteligencia. Acredita, por encima de todo, capacidad de sacrificio y vocación.
En estos momentos se están produciendo movimientos para cambiar el sistema de acceso a la judicatura, que es por oposición. Pero no hablan de modificar el de los fiscales, el de los abogados del Estado, el de los letrados judiciales, el de registradores y el de notarios. ¿Cuál es su posición?
Sólo los jueces son poder judicial. Se trata de someter al poder judicial. Al poder legislativo ya lo tienen sometido a través de pactos o cerrando el Congreso de los Diputados en mitad de la pandemia e impidiendo la función de control de la oposición.
Ahora se trata de someter al poder judicial, tanto por un lado, modificando la composición de los magistrados del poder judicial, y ahora se trata de entrar por la base y colocar a los suyos.
¿Y qué le parece el cambio de sistema de acceso?
Me parece una absoluta aberración porque es abiertamente contrario a la Constitución. Desconozco el mecanismo para acreditar el mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional que no sea a través del sistema de oposición.
Y además, una cosa –y me quito la chaqueta de político y me pongo la toga de abogado del Estado, opositor–, creo que la oposición no solo acredita una capacidad de memoria o de inteligencia, acredita dos cosas que después se manifiestan en el ejercicio de la jurisdicción: una, es la capacidad de sacrificio para el trabajo, eso que ahora llaman resiliencia y que toda la vida hemos dicho sacrificio, el estar ocho, diez horas al día trabajando, que es lo que se le va a exigir al juez en determinado momento o al fiscal o al abogado del Estado; y en segundo lugar, la vocación.
Cuando alguien está tres años, cuatro años, cinco años, todos los días estudiando, acredita vocación, porque hace eso porque quiere no por dinero ni por prestigio social, sino por esa vocación, esa llamada a ser juez.
Si se elimina el sistema de oposición para el acceso a la judicatura garantizamos que los que tengan mejores contactos, que tengan el carnet de determinado partido, pues puedan entrar en la carrera.
Se suele decir, cuando se habla de las oposiciones a jueces, fiscales, abogados del Estados, etcétera, que son todos hijos de la judicatura.
Es una absoluta falsedad. Por lo que a mí respecta, mi padre era médico militar y mi madre farmacéutica. En mi familia no tengo nadie con antecedentes de abogados o del ámbito jurídico. Todos son del ámbito científico.
¿Cómo se percibe desde Bruselas, la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los 12 vocales jueces sean elegidos por una mayoría simple de 176 votos en el Congreso de los Diputados en vez de por 210, la mayoría cualificada requerida hasta ahora?
Muy mal. Porque pone de manifiesto esa inmoralidad política del Partido Socialista y, en general, de la izquierda en España que, durante años, llevan criticando a Polonia por su sistema de designación de jueces y, sin embargo, ellos hacen lo mismo.
Yo quiero recordar aquí, para aclararlo a todo el mundo, que Polonia lo que hizo fue establecer una mayoría parlamentaria de dos tercios para nombrar al órgano de gobierno del poder judicial, el 66 por ciento. Los tres quintos nuestros suponen el 60 por ciento del total de los votos de la cámara baja.
Ahora lo que pretende PSOE y Podemos es la mayoría simple, el 50 por ciento más uno. Aquél intento produjo un gran revuelo aquí y la prueba es que tuvo que venir Sánchez, 48 horas después, a dar explicaciones.
Sánchez está ansiando que Casado cierre el acuerdo. Para Casado es una espada de Damocles.
«Si se elimina el sistema de oposición para el acceso a la judicatura garantizamos que los que tengan mejores contactos, que tengan el carnet de determinado partido puedan entrar en la carrera»
Una de las razones que parecen impedir el acuerdo son, precisamente, ustedes. Su aliento sobre el cuello del PP y sus críticas ante un eventual acuerdo PP-PSOE parece que hacen mella en el alto mando popular.
Con toda seguridad, si VOX no existiera el PP habría cerrado el acuerdo con el PSOE para la renovación del CGPJ. Porque lo han hecho así desde la ley del año 1985.
Pero es que nos estamos jugando algo muy importante. Por un lado, que se cumpla la Constitución y por otra el respeto a esa necesaria distinción de los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial.
El sometimiento directo al poder ejecutivo porque, en la práctica, es el gobierno el que pone las condiciones a la oposición, que es lo que está pretendiendo Sánchez porque así es como ha sucedido siempre. Lo que pasa es que ahora puede ser que indirectamente el no querer participar en el conchabeo que dijimos desde el primer momento está dando lugar a esto.
¿Ustedes apoyan que esos 12 vocales jueces que ahora son elegidos por Congreso y Senado sean elegidos por la carrera judicial por voto directo y secreto?
Por supuesto. Lo que nosotros apoyamos, y lo presentamos a través de una proposición de ley, que se vuelva al sistema previo del año 85, que era así.
¿Qué opinión tiene usted acerca de que la Fiscalía asuma la instrucción?
Quien debe instruir es el juez instructor. Es un modelo que ha funcionado. Otra cosa es que queramos hacer que la justicia sea más rápida, más ágil, más barata. Pues pónganse medios, pero no se modifique el sistema.
El Ministerio Fiscal, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución, tiene una serie de funciones. Una es ejercer las acciones en defensa de la legalidad. Y otra muy importante, la de velar por la independencia del poder judicial.
¿Vamos a poner por encima del juez al fiscal? Porque no solo va a instruir sino que, encima, va a velar por la independencia del poder judicial. Es un horror. Al final, lo que se esconde es el hecho de que la Fiscalía es mucho más maleable que los jueces de instrucción. La Fiscalía es una organización jerárquica. Ya se encargó el señor Sánchez de decirlo, ¿quién nombra al fiscal general del Estado? Pues lo nombra él.
Personalmente, conozco a fiscales muy valientes, hay que decirlo, y lo están demostrando. Pero es evidente que la presión de una organización, cuando te atribuye el poder de instruir, es un riesgo muy grave porque es el mayor poder que tiene un estado que es el de instruir un proceso penal que puede llevar a un español a prisión.
Buxadé denuncia inacción por parte de la Unión Europea para afrontar la crisis de inmigración que se está produciendo en Gran Canaria.
¿La clave de bóveda en este cambio es quien nombra al fiscal general del Estado?
Sigo siendo abogado del Estado en servicios especiales. Cuando acabe esta aventura política volveré a la abogacía del Estado. A mí la imagen de la abogada general del Estado con la jueza de primera instancia y las llaves de…, eso mancha a todo el cuerpo.
Si tenemos un fiscal general del Estado que es nombrado por el gobierno, que, además, hemos visto que ha producido giros e interpretaciones de las normas eso va manchando el propio prestigio del cuerpo.
Otra cuestión que, en el ámbito de los funcionarios es muy importante, es la motivación misma del funcionario para ejercer su función.
Cuando uno se sabe libre, independiente, imparcial, que puede defender y perseguir un delito hasta el final sin que le cambie la acusación o le llegue una instrucción diciéndole, ahora ya, no persigas el delito, ejercita sus funciones con mayor eficacia y sirviendo al interés general, que es lo que debe seguir un funcionario.
Cambiando al tema de la inmigración, al que ustedes le han prestado mucha atención. Durante las últimas semanas han estado llegando a Gran Canaria un ingente número de inmigrantes en cayucos, muchos de los cuales fueron transportados hasta el límite de las 12 millas por barcos nodriza pilotados por mafias. ¿Tiene la Unión Europea responsabilidad en esto?
Las fronteras de España son fronteras de Europa, son fronteras exteriores de la Unión y, por tanto, la Unión tiene una cierta responsabilidad a pesar de que la competencia sea del estado.
Recientemente la Comisión Europea nos ha traído al Parlamento un nuevo pacto de asilo e inmigración, que es como aquello del gato de Lampedusa, que es cambiarlo todo para que no cambie nada.
Al final hay un problema intelectual. Y es que se parte del principio de que quien entra en Europa es refugiado y no es inmigrante económico. Este es el primer paso que hay que dar mentalmente. Porque no es cierto. Los que están entrando ahora mismo en Canarias en ningún caso son refugiados. Son inmigrantes ilegales.
Veíamos el otro día una entrevista a uno de los traficantes que decía ‘yo lo que traigo son marroquíes y argelinos que son los que pagan’.
¿Que ocurre entonces?
Que la Unión Europea está paralizada. No es capaz de resolver el problema. Solo les preocupa el tema este de acogerlos en la condición de refugiados y la figura del reasentamiento. Tenemos que poner de manifiesto que debe haber una tolerancia cero con la inmigración ilegal. Es ilegal y no podemos tolerarlo.
Hay que distinguir, claramente y de una forma muy rápida, al inmigrante ilegal y al refugiado, que no es nada difícil. Los agentes de Frontex los identifican fácilmente, igual, que los miembros de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y proceder a la expulsión inmediata de los extranjeros ilegales. Es bastante sencillo.
Luego tenemos otros problemas muy importantes y es la falta de voluntad de la Unión Europea de colaborar con España, Italia y Grecia, que son los tres grandes países del Mediterráneo que están sufriendo en cerrar acuerdos de devolución con terceros países, Marruecos, Mauritania, Senegal, Argelia, Libia, Túnez…
Tenemos que tener acuerdos inmediatos. Y si ese estado, Marruecos, por ejemplo, no acepta voluntariamente el regreso de sus nacionales tenemos que cortar el grifo de las ayudas.
Hoy mismo (por el miércoles pasado) se vota el nuevo marco financiero plurianual. Es muy relevante poner de manifiesto que el presupuesto de la Unión para los próximos seis años, las cantidades que se van a destinar en ayudas a la vecindad, países del Magreb y otros países del mundo, multiplican por 4 los fondos que se van a destinar al control de fronteras.
Cien mil millones de euros a terceros países y 22.000 millones solo al control de fronteras. Es un tema de prioridades políticas. Si se quiere se puede.
¿Qué efectos produce esto?
Dos efectos, el de llamada. Yo llego a Europa, me ponen en un hotel, me dan una paga, incluso hemos visto esas imágenes de inmigrantes ilegales yendo a una oficina del Banco Santander tras recibir un cheque nominativo que les pagaba la Cruz Roja con el dinero de todos los españoles. Y segundo, evidentemente, el efecto para el turista extranjero.
Ya el turismo en Canarias estaba herido de muerte como consecuencia de la nefasta gestión del gobierno del control del coronavirus y esto puede ser un estoque definitivo para gran parte de los negocios turísticos si no lo resolvemos de forma inmediata.
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