El Real Decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, por el que se traspasan 6,4 millones de euros a la Generalitat de Cataluña, tiene un objetivo muy claro: poner en marcha 10 nuevos juzgados y la Sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal de la Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), que tiene su sede en Barcelona.
La Administración de la Administración de Justicia, cómo definió el Tribunal Constitucional al conjunto de edificios, medios materiales y personal funcionario –exceptuando a jueces, fiscales y letrados judiciales–, está transferida en el caso de la Autonomía catalana, al igual que en los de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Rioja.
Las cinco Comunidades Autónomas restantes, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Extremadura y Baleares, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado siguen bajo el control económico y financiero directo del Ministerio de Justicia.
La propuesta de traspaso de esos fondos se llevó a cabo a propuesta de los los ministerios de Política Territorial y Función Pública, por una parte, y de Justicia, por otra.
El «paraguas legal» para dicha decisión es el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
El acuerdo de ampliación de los medios traspasados a la Generalitat de Cataluña fue suscrito tras la firma de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y la consejera de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, el pasado 14 de diciembre.
