Manuel García Castellón, magistrado que investiga la operación policial ‘Kitchen’, que tenía por objetivo espiar al entorno del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha pedido al Ministerio del Interior, a través de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que explique por qué se utilizaron fondos reservados para comprar una pistola para Sergio Ríos Esgueva, confidente policial y exchófer del extesorero del PP como «material informático».
En un auto con fecha de 21 de diciembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional pide, además, a Interior aclare si le consta una operación policial en la cual se incluya el abono de gastos reservados por los conceptos de pagos a colaboradores fijos u ocasionales entre los meses de julio de 2013 a septiembre de 2015.
Esta segunda diligencia la solicita dado que con anterioridad Interior informó de que no le constaba ninguna operación que llevara por nombre ‘Kitchen’, por lo que ahora el juez deja de lado denominaciones y logra con ello ampliar la búsqueda.
Añade el magistrado, que acuerda este auto tras el informe de la Fiscalía Anticorrupción que dice que ese periodo de julio de 2013 a septiembre de 2015 es en el que se realizaron pagos a Sergio Ríos como confidente, según recibos que constan en el sumario se le abonaba una mensualidad de 2.000 euros.
También quiere que le digan si hay alguna operación en la que se consignaran gastos para la compra de una pistola y equipo informático, con independencia de su clasificación, pero teniendo en cuenta que en este caso los gastos se habrían abonado entre los meses de julio y noviembre de 2013.
Además, el juez quiere saber si el pago con fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas entre julio de 2013 y septiembre de 2015 consta en Interior como un pago a colaboradores fijos o como un pago a colaboradores ocasionales.
Como última diligencia, solicita saber si los gastos a cuenta de los fondos reservados abonados por pago a colaboradores entre los meses de julio de 2013 a septiembre de 2015, y los pagos para la compra de material informático y de una pistola entre los meses de julio y noviembre de 2013, «se justificaron como cantidades de información y no como cantidades de operaciones» en los documentos mensuales elevados desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional a la Secretaría de Estado de Interior.
IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DE FONDOS RESERVADOS
Esta nueva batería de diligencias tiene hilo directo con las pesquisas que se han seguido a lo largo de la instrucción para conocer el uso que se le dio a los fondos reservados en las fechas en las que se llevó a cabo la ‘Kitchen’.
El magistrado apunta en su auto que, de las declaraciones de los distintos testigos relacionados con esos fondos en Interior y en la Dirección Adjunta Operativa –entre los que incluye teniente coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos–, se infieren «disfunciones e irregularidades en la gestión y en control» de los mismos.
Esto, añade, «habría permitido su utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales».
En este sentido, detalla que la documentación que se remitía a la Secretaría de Estado de Seguridad no se ajustaba siempre a la normativa legal que regulaba la gestión de estos fondos, que no se solicitaban los fondos ni se justificaba en relación a operaciones policiales concretas, o que en algunos casos, desde la Secretaría de Estado de Interior –de la que era responsable el también investigado Francisco Martínez– se libraban los fondos antes de comprobar la documentación que se remitía desde la DAO.
El juez señala además que con carácter mensual se abonaban fondos reservados al comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño –de la Comisaría General de Información–, a pesar de que la suya no era una unidad autónoma receptora de fondos reservados.
Y añade al respecto que esa asignación para García Castaño, con periodicidad mensual y por una cuantía fija, no estaba vinculada a ninguna necesidad operativa concreta y el uso de estos fondos nunca fue justificado documentalmente por su destinatario.
Apunta el magistrado que esta entrega irregular de fondos al jefe de la UCAO estaba verbalmente autorizada por el DAO Eugenio Pino.
‘K2’ O ‘COCINERO’
En aras de justificar estas nuevas diligencias, García-Castellón explica en su auto que de lo intervenido hasta la fecha en el marco de la pieza 7 de ‘Tándem’, por la que se investiga el «pluriempleo» del comisario José Manuel Villarejo, hoy en prisión preventiva, se infiere que para pagar a ‘cocinero’ o ‘K2’ (Sergio Ríos) se habrían utilizado fondos reservados del Ministerio del Interior.
Y explica que la documentación acreditativa de los pagos efectuados a Sergio Ríos fue hallada en el registro del domicilio de Villarejo. De hecho, especifica que esos pagos se encontraron dentro del INDICIO BC1, donde se intervino una carpeta denominada ‘CHEF’.
Ahí figuraban 21 documentos en formato Excel que recogían los apuntes mensuales relacionados con los ‘Gastos Colaborador Sergio JRE’ entre julio de 2013 y abril de 2015; un documento en formato pdf denominado ‘Liquidación Gastos Chef abril 20150001.pdf’; y 19 documentos en formato pdf que documentaban los recibos de pago entre julio de 2013 y abril de 2015.
EL juez indica además que de lo enviado por la DAO al juzgado sobre la ‘Kitchen’ consta documentalmente acreditado –ocho recibos– que García Castaño recibió entre el 1 de julio de 2014 y el 18 de mayo de 2015 un total de 50.000 euros en efectivo entregados por la DAO con cargo a los fondos reservados.
Y explica que si bien el que fuera jefe de la UCAO ha negado en sus sucesivas declaraciones en sede judicial que estos fondos fueran destinados a la operación policial Kitchen, sí que reconoció que otros dos documentos efectivamente reflejaban la recepción de fondos reservados del Ministerio del Interior para la ejecución de la Operación Kitchen en la que directamente participó.
Esos documentos son una nota y un recibo acreditativo de la compra de una pistola para el colaborador policial Sergio Javier Ríos Esgueva por importe de 700 euros, y una nota relativa a la compra de material informático por importe de 1.905,82 euros.
El juez apunta que los recibos de compra de este material han sido entregados por la actual DAO y reflejan «1.905,82 euros, compra material informático para S.E.» y «700 euros, compra pistola para cocinero».
Tras este repaso a los indicios con los que cuenta y tras recordar que Interior dijo no tener nada que enviarle respecto a una operación denominada ‘Kitchen’, el magistrado incide en que las nuevas diligencias que pide al departamento de Grande-Marlaska son útiles, necesarias y pertinentes para conocer el destino de los fondos reservados, y las posibles responsabilidades penales que pudieran dirigirse frente a los órganos operativos responsables de su uso.
