Querellante y querellado, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, acusa al coronel del Ejército en la reserva, Diego Camacho, de los delitos de calumnias e injurias graves y pide que se imponga una fianza de 18.000 euros; si no tiene dinero pide que se le embarguen bienes. Foto: EP/La Sexta.
Iglesias se querella contra el coronel retirado del CESID, Diego Camacho, por vincularle con el narcotráfico y el terrorismo
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08/1/2021 21:26
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Actualizado: 10/1/2021 11:12
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Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, ha interpuesto una querella ante los juzgados de instrucción de Madrid contra Diego Camacho, coronel de Infantería retirado, por un delito de calumnias e injurias graves vertidas en una columna publicada en un diario digital y en dos entrevistas publicadas en Youtube.
En las mismas Camacho vinculó a Iglesias con el narcotráfico y el terrorismo internacional.
En su querella, interpuesta el 7 de enero pasado, Iglesias solicita que se investigue al exagente del CESID –como se llamaba antes el Centro Nacional de Inteligencia o CNI– por los delitos mencionados.
Además, solicita que se le imponga a Camacho una fianza de 18.000 euros.
Los abogados de Iglesias argumentan que es lo procedente por «la gravedad» de sus declaraciones y «la gran difusión que han tenido». En el caso de que no tenga dinero, solicita que se le embarguen bienes por ese valor.
Camacho vinculó al líder de Podemos con el narcotráfico y el terrorismo internacional en un artículo publicado en elcorreodeespana.com y en dos entrevistas publicadas en Youtube. La primera en un programa titulado «El Club de los viernes» y la segunda en «Aquí Europa», vinculada a Democracia Nacional, partido de ultraderecha.
En dichas declaraciones, reproducidas parcialmente en la querella, Camacho afirmó que Iglesias, además de Juan Carlos Monedero y el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, «han cobrado dinero procedente de desfalcos y del ‘narco’ venezolano» y aseguró que el líder de Podemos proporcionó pasaportes falsos a miembros del partido-milicia libanés Hezbolá y que también iba a dárselos a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
También dijo que la que fuera asistente personal de Iglesias cuando era eurodiputado, Dina Bousselham, era una «espía de Marruecos» y sugirió que ambos mantenían una relación sentimental gracias a la cual ella obtendría información relevante del Gobierno.
«No puede haber ataque más grave a la integridad moral de un gobernante que afirmar que el mismo trabaja para potencias extranjeras, máxime cuando aquél procede de una persona cuya condición de militar y ex integrante del CESID le dotan de un aura de ética y credibilidad que hace presumir que sus manifestaciones son veraces», expone el escrito de Iglesias.
El dirigente ‘morado’ explica en la querella que se ha visto obligado a presentarla porque intentó llegar a un acuerdo con Camacho mediante una demanda de conciliación, «ofreciendo al mismo la oportunidad de retractarse de sus afirmaciones», pero este último, «pese a reconocer que los artículos e intervenciones en televisión son ciertos, consideró que ‘no es cierto que supongan injurias o calumnias de ningún tipo'».
LE ACUSA DE TRABAJAR PARA POTENCIAS EXTRANJERAS
La querella defiende que «no nos encontramos ante una crítica a su actuación política o en cuanto miembro del Gobierno, sino que se le acusa de trabajar para potencias extranjeras (lo cual constituiría un delito de traición), de facilitar información clasificada a terceros países, ya sea de forma dolosa o imprudente (delito de revelación de secretos relativos a la defensa nacional), de tener vinculaciones con el narcotráfico, el terrorismo internacional y el blanqueo de capitales«.
De esta forma, se adelanta a la ponderación entre los derechos a la libertad de expresión y a la información, por un lado, y del derecho al honor, por otro, que pueda hacer el juzgado de instrucción sobre el que recaiga este asunto, para esgrimir que los primeros «están sujetos a determinados límites» que en esta caso deben conducir a que prevalezca el derecho al honor de Iglesias.
Así, razona que, si bien Iglesias «tiene relevancia pública y las acusaciones que realiza el querellado serían de interés general si fueran ciertas», «no lo son, por lo que no estarían incluidas en el ámbito de la libertad de información». Sobre la libertad de expresión, señala que las palabras de Camacho «son objetivamente vejatorias», de modo que resultarían «impertinentes» para manifestar una opinión o valoración sobre la actividad política del ‘número dos’ del Gobierno.
Con todo ello, denuncia que Camacho «no está realizando a través de las mismas una crítica política o a la gestión que realiza la persona hacia la que van dirigidas, sino que suponen una descalificación, un ataque personal y directo, desproporcionado y ajeno a cualquier justificación con base en el ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución».
Y recrimina a Camacho que su único propósito es el de difamar a Iglesias, «ese ‘comunista’ hacia quien no pierde ocasión de dirigirse en términos infamantes y descalificadores» con «la intención consciente de provocar que el vicepresidente del Gobierno sea tenido en el concepto público como un traidor al país (…), sin escatimar, además, en otras imputaciones delictivas que redundan en su menoscabo ético y honor profesional y personal».
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