La Audiencia de Madrid confirma dos años y cuatro meses de cárcel para la expresidenta de Infancia Libre por sustracción de menores

Los padres de los menores coincidían en su relato de los hechos y la Policía llegó a tener sobre la mesa 22 casos similares.

Los investigadores propusieron investigar a Infancia Libre por organización criminal, lo cual fue desestimado por la Fiscalía, que archivó la causa por este delito ante la ausencia de “datos objetivos” que pudieran llevar a asegurar que funcionaba como una organización ilícita.

Sevilla ha sido la primera de las acusadas de Infancia Libre en sentarse en el banquillo.

LOS HECHOS PROBADOS

Según el relato de hechos probados, el 8 de febrero de 2017 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Valdemoro incoó expediente de modificación provisional de medidas definitivas en virtud de una solicitud formulada por el exmarido de Sevilla en relación a su hijo, nacido en julio de 2007, cuya guarda y custodia tenia atribuida ella.

La solicitud tenía como base fundamental la afirmación del padre de que no podía ver a su hijo. 

La comparecencia previa al dictado de la resolución de fondo se celebró sin la asistencia de la letrada de María Sevilla por estimarse injustificada la petición de suspensión que esta última había realizado por tener otro señalamiento coincidente.

El auto final dictado, fechado a 27 de marzo de 2017, tras el análisis de la situación familiar y pruebas practicadas, acordó la atribución de la guarda y custodia al padre, con un régimen de visitas a favor de la madre, obligándose a esta a entregar al menor en dos días en el domicilio del padre.

No obstante, este auto quedó posteriormente sin efecto en virtud de otro posterior, dictado el 27 de octubre de 2017 por la Audiencia Provincial de Madrid, que estimando que la ausencia de la letrada sí que estaba justificada, dejó sin efecto, por nulo, el citado auto de marzo acordando la celebración de nueva comparecencia. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Valdemoro dictó un nuevo auto el 7 de diciembre de 2017 en el que nuevamente se atribuía la custodia del menor a su padre, obligándose a Sevilla a la entrega del pequeño al hombre en el plazo de 2 días, en el domicilio del mismo.

Esta última resolución fue confirmada el 15 de junio de 2018 por la Audiencia Provincial de Madrid.

Según los hechos probados, María Sevilla, «ante la posibilidad de que el dictado de estas dos últimas resoluciones pudiera producirse con el contenido que finalmente tuvieron, con la intención anticipada de eludir su cumplimiento, intentó desvincularse del proceso civil, revocando los poderes a su procurador», lo que éste notificó al Juzgado de Instancia mediante un escrito el 7 de noviembre de 2017, en base a una comunicación recibida ese mismo día por la condenada, «comunicación en la que la misma no indicaba su domicilio y se abstenía de nombrar cualquier otro procurador; actitud dilatoria y entorpecedora que no impidió que adquiricra conocimiento de las resoluciones dictadas».

A pesar de ello, «no entregó menor a su padre, manteniendo oculto su paradero, tanto a él, como al propio Juzgado, lo que consiguió mudando su residencia y la del menor por diferentes puntos de España». 

Dicha situación de ocultación finalizó cuando en el procedimiento civil se dedujo testimonio a la via penal, iniciándose el presente proceso, y el Juzgado de Instrucción 27 acordo la búsqueda y detención de esta individua en un auto fechado a 30 de noviembre de 2018.

Para dar cumplimiento a dicha resolución judicial se inició una labor de investigación policial que terminó con su localización y la de sus dos hijos en una finca situada en la provincia de Cuenca.

Con la pertinente autorización judicial, los agentes entraron en la finca el 30 de marzo de 2019, detuvieron a Sevilla e hicieron entrega del menor a su padre en ese mismo momento, dando así cumplimiento a las resoluciones judiciales adoptadas en la vía civil. 

El 12 de abril de 2019, el Juzgado de Instrucción 27 de Madrid dictó auto por el que se prohibió a Sevilla a acercarse a su hijo a menos de 200 metros, así como a su domicilio, colegio o lugar de estudio o donde pudiera encontrarse transitoriamente. 

Dicho auto fue reformado por otro fechado a 27 de junio de 2019, en el que se autorizó a María Sevilla a visitas al menor que se realizarían de manera supervisada en el punto de encuentro más próximo al domicilio del menor. 

También según los hechos probados, durante el tiempo que estuvo retenido con la madre, aunque el menor dejó de asistir personalmente a clase durante largos periodos de tiempo, permaneció matriculado en diversos centros escolares que autorizaron un régimen educativo no presencial, no iniciándose expediente alguno de absentismo escolar. 

No consta que durante este periodo el menor dejara de recibir la asistencia médica necesaria, tampoco que no haya seguido el calendario vacunal. 

Aunque la actitud de María Sevilla con su hijo supuso un mayor aislamiento del mismo, en relación a otros niños de su edad, «tampoco se ha acreditado que ese aislamiento fuera total y absoluto hasta el punto de no tener ningún contacto social«.