El rival de Iglesias en Vistalegre III presenta una demanda para anular las primarias y repetirlas
Reclama la nulidad de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, en la que Iglesias fue reelegido como secretario general del partido con más del 90% de los votos. Foto: EP

El rival de Iglesias en Vistalegre III presenta una demanda para anular las primarias y repetirlas

Sostiene que el líder de Podemos y el núcleo duro de su candidatura no podían presentarse a la reelección
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15/1/2021 18:13
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Actualizado: 15/1/2021 20:41
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El exdirigente de Podemos en Castilla-La Mancha que disputó en mayo la Secretaría General a Pablo Iglesias en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de la formación, Fernando Barredo, ha presentado una demanda contra el partido, en la que pide que se anulen esas elecciones primarias y se celebren unas nuevas.

Barredo, que está representado en esta causa por la abogada y candidata a la Generalidad de Cataluña por ‘Izquierda en Positivo’, Celia Cánovas, acusa a Podemos de presunta vulneración del derecho de participación previsto en el artículo 23 de la Constitución, razón por la cual es «imperativa» la intervención del Ministerio Fiscal aún tratándose de un proceso civil.

Presentó la demanda de protección y tutela civil de derechos fundamentales el pasado lunes.

Fernando Barredo, exdirigente de Podemos en Castilla-La Mancha y rival de Iglesias en Vistalegre III. Foto: EP

Pide la nulidad de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos, en la que Iglesias fue reelegido como secretario general del partido con más del 90% de los votos, por supuestamente «vulnerarse» los estatutos y reglamentos» y con ello los derechos fundamentales de Barredo.

Reclama que se celebren unas nuevas elecciones «con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos», para lo cual plantea una «fiscalización profesional externa e independiente, y la comprobación y el escrutinio públicos de los resultados».

En concreto, reclama que se condene a Podemos a abrir una nueva Asamblea Ciudadana Estatal, «en la que se respeten los requisitos previstos en el Código Ético, en el sistema Desborda, en el Reglamento para procesos internos, en el Documento Organizativo y en los Estatutos del partido, con respeto al derecho constitucional de participación, consagrado en el artículo 23 de la Constitución».

También reclama que se condene a Podemos «a que lleve a cabo todo el proceso de primarias con la máxima transparencia y con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos, incluyendo el acceso por parte de éstos al censo de inscritos, y estableciendo los mecanismos oportunos para la fiscalización profesional externa e independiente, y la comprobación y escrutinio públicos de los resultados».

Asimismo, solicita que se condene en costas a Podemos si se opusiese a esta demanda.

CANDIDATURAS ‘ILEGÍTIMAS’

La letrada Celia Cánovas expone en la demanda, de 30 páginas, que su representado es afiliado a Podemos y que como tal ostenta los derechos y las obligaciones que le confieren la Constitución Española, la Ley Orgánica de Partidos Políticos y los Estatutos de la formación.

La letrada Celia Cánovas, candidata a la Generalidad de Cataluña por ‘Izquierda en Positivo’.

Señala que el 17 de enero de 2020, el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos aprobó la convocatoria de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de conformidad con el artículo 16 de sus estatutos.

Su representado encabezó la lista ‘Nuevo Impulso por la Democracia Interna en Podemos’, como candidato a la secretaría general y a miembro del Consejo Ciudadano Estatal, liderando dicha candidatura al Consejo Ciudadano.

El 30 de enero de 2020 se publicaron el Reglamento de la Asamblea y el Protocolo de candidaturas a la secretaría general, al Consejo Ciudadano, a la comisión de garantías, y a representantes de círculos.

Las votaciones tuvieron lugar del 14 al 20 de marzo de forma telemática.

La letrada explica que el objeto de dicha asamblea ciudadana fue renovar los cargos orgánicos del partido y aprobar las «directrices políticas, organizativas, éticas y de feminismos» de la formación.

Destaca que uno de los requisitos esenciales para poder ser candidato a un cargo interno de Podemos es cumplir con el Código Ético del partido, y que así lo establece claramente el protocolo de candidaturas de la III asamblea.

Según la letrada, tales irregularidades consistieron, por un lado, en la aceptación de las candidaturas de Pablo Iglesias Turrión; la ministra de Igualdad, Irene Montero Gil; la secretaria de Estado de Agenda 203o, Ione Belarra Urteaga, y la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera Ruiz-Huerta, ya que el Código Ético de Podemos, que debe cumplirse para competir en unas elecciones primarias, limita «el ejercicio de más de una función pública o de más de un cargo interno de Podemos, salvo aquellas funciones vinculadas a su condición de cargo institucional u orgánico o responsabilidades locales sin retribución».

Señala que los cuatro «superaban el límite de un cargo institucional o función pública establecido en el artículo XI b) del Código Ético de Podemos, puesto que cada uno ocupaba dos cargos públicos, el de diputado y un cargo en el Gobierno de España, sin que para ser miembro del Gobierno sea necesario ser diputado».

Sostiene que esto «supone que están incumpliendo el Código Ético y, por ello, no podían ser candidatos».

Denuncia que el equipo técnico del proceso que, según el Reglamento de la Tercera Asamblea Ciudadana debía velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, nunca debió aceptar esas candidaturas, «contraviniendo con ello la normativa interna del partido».

Asimismo, indica que se daba la «anómala circunstancia» de que «dicho equipo técnico, designado por la dirección del partido, estaba íntegramente compuesto por miembros de la candidatura oficialista ‘Un Podemos Contigo-Equipo de Pablo Iglesias’, a pesar de que era el encargado de velar por la neutralidad del proceso de estas primarias».

«Estamos ante un caso de absoluta arbitrariedad en la aplicación de la normativa interna y el demandante tiene derecho a exigir su cumplimiento para que todos los candidatos sean votados en plano de igualdad, porque las exigencias del Código Ético no admiten excepciones y se generaría un agravio comparativo y un grave precedente exigir el cumplimiento o tolerar el incumplimiento de las obligaciones estatutarias en función del candidato que se presenta», manifiesta la abogado.

Además, apunta que la elección de los cargos internos lleva aparejada la votación de documentos programáticos políticos, organizativos, éticos y de feminismos, diseñados por los propios candidatos. «Por ello, resulta
especialmente grave que unos candidatos que incumplen las normas internas del partido puedan modificar dichas normas internas una vez hayan sido elegidos», agrega.

También alude al Documento Organizativo aprobado en la Segunda Asamblea Ciudadana Estatal, una «norma interna de obligado cumplimiento», que considera «imprescindible» establecer «un límite claro a las responsabilidades que se pueden tener en la organización, restringiendo los cargos de dedicación intensiva en Podemos a un máximo de dos, uno interno y otro externo».

‘INFRACCIÓN GROSERA’

Barredo también denuncia que tras interrumpirse por el estado de alarma, el proceso electoral se reinició «sin previo aviso».

«Sorprende la premura y sorpresiva reanudación del proceso electoral, cuando aún se mantenía la situación por la que, según la propia organización, se había interrumpido», expone la letrada Celia Cánovas en la demanda, y hace hincapié en que «persistían las condiciones objetivas de la suspensión», la pandemia del coronavirus y el estado de alarma.

Apunta que esto supuso que mientras Barredo y los demás candidatos estaban sujetos a la fase cero de la cuarentena, «con libertades restringidas de reunión, de movilización y de participación política, sin poder hacer campaña», Iglesias y las otras candidatas de la lista oficialista «aparecían en los medios de información, especialmente las televisiones, cobrando mucha visibilidad, dando opiniones y respondiendo a preguntas sobre la Tercera Asamblea Estatal».

Asimismo, Cánovas pone el foco en que el proceso de primarias se reactivó «con unas nuevas reglas», dictadas, según señala, por los máximos órganos del partido habiendo formado el equipo técnico, responsable del proceso de primarias, con candidatos de la lista presentada por el secretario general», y que permitieron alterar las candidaturas y los documentos presentados y cerrados en marzo sin los requisitos exigidos entonces, entre ellos los avales.

Entre las principales irregularidades, Barredo apunta que el censo de inscritos en Podemos, que son los únicos que pueden votar en las elecciones primarias, no se cerró el 1 de marzo, como debía haberse hecho, sino que se abrió de nuevo con la reanudación del proceso electoral y no se cerró hasta el 2 de mayo.

Critica, además, que se mantuvo en «secreto» por parte del equipo técnico, lo cual considera «una infracción grosera de las reglas de la buena fe y del principio de igualdad de oportunidades» entre candidatos.

COLLADO VILLALBA

Barredo se apoya para sus reclamaciones en el precedente que sienta la sentencia dictada el pasado 28 de diciembre por el Juzgado de Primera Instancia Número 89 de Madrid, que declaró la nulidad del proceso de primarias en Podemos para las elecciones municipales en Collado Villalba.

«Sin perjuicio de que la misma no es firme, sí es muy clara en sus fundamentos de derecho declarando probado que se había producido fraude en las citadas elecciones, por varios motivos: por no facilitar Podemos el censo ni al juez ni al demandante, por la posibilidad de eliminar votos, por el control en exclusiva por parte del partido del censo, de los votos y la prueba de su manipulación», expone la letrada Celia Cánovas.

«Ante esta novedosa situación judicial, siendo la forma de proceder de Podemos la misma en las primarias de Collado Villalba que en las que son objeto de la presente litis, mi representado ha visto confirmadas aún más si cabe sus sospechas y no puede pasar por alto estos gravísimos hechos a fin de que este Juzgado los enjuicie y determine la nulidad del proceso electoral», destaca.

Antes de presentar esta demanda de juicio declarativo ordinario, Fernando Barredo había plasmado sus sospechas en «toda clase de denuncias» internas, que, según afirma, «ni siquiera fueron atendidas en más del 90 por ciento», y en una denuncia presentada el pasado mes de julio ante la Fiscalía Anticorrupción y ampliada en septiembre a raíz de «una carta anónima recibida por distintos dirigentes u candidatos de Podemos», y de la que afirma que aún no ha obtenido respuesta.

Barredo acusa a Podemos de «alterar un proceso electoral jugando con ventaja, invisibilizando a la competencia, condicionando con los tiempos y los requisitos, cambiando el Reglamento sobre la marcha, modificando documentos, y lo que hiciera falta, para alterar el resultado electoral desde su posición dominante, en la que actuaban como jueces y como parte».

«Todo lo acontecido en la Tercera Asamblea se puede resumir en ‘yo me lo guiso y yo me lo como'», afirma el rival de Iglesias en Vistalegre III.

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