Así lo afirma la Asociación Memoria Histórica Raíces, que cita la resolución del Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno 518/2020, de 11 de noviembre, la cual estimó parcialmente la reclamación que presentó el 14 de agosto de 2020 contra la Secretaría de Estado de Comunicación-Presidencia del Gobierno.
En la misma, el mencionado Consejo de la Transparencia instaba a la citada Secretaría de Estado, cuyo máximo responsable es Miguel Ángel Oliver, a que remitiera, en el plazo de 10 días hábiles, información sobre los «gastos de todo tipo» efectuados por la misma que estuvieran «relacionados de forma directa o indirecta con dicho evento».
También «los contratos que se hayan suscrito a tal efecto, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato».
Y todo el «el expediente administrativo donde consten las actuaciones de esa Secretaría de Estado de Comunicación en relación al evento en cuestión, en especial sus informes».
Sin embargo, a día de hoy, cinco meses después Oliver no ha remitido ningún documento a esta asociación, colocando a la Secretaría de Estado «en un plano insostenible que linda con una posible desobediencia administrativa», afirma Raíces.
Máxime cuando no realizó ninguna alegación, a pesar de haber sido requerida para ello por el Consejo de la Transparencia, el 19 de agosto de 2020.
ANALIZAR LOS GASTOS Y LOS CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO
La petición de la Asociación Raíces tiene el objetivo de someter al estudio y análisis de un equipo de auditores y juristas todos los gastos y los contratos realizados por dicha Secretaría de Estado que tengan relación con la cobertura informativa de la exhumación del cadáver de Franco del Valle de los Caídos.
Raíces afirma que en este asunto la Secretaría de Estado infringe, con su silencio, de forma muy grave la Ley de Transparencia, «al más lamentable estilo inquisitorial de otras épocas».
«En cuanto tengamos toda la documentación contractual, administrativa y económica requerida, la trasladaremos de forma inmediata a la opinión pública española, que merece conocer la trastienda económica de aquella jornada en la que se exhumaron los restos mortales de Franco, y no descartamos medidas judiciales coercitivas para llevarlas a cabo», afirman en un comunicado.
«El pueblo español merece conocer el dinero gastado de sus impuestos en la cobertura informativa de esa jornada», añaden.
Esta Asociación considera que, por ello, Oliver debería dimitir, pero antes debería abrir «una investigación interna al objeto de que se depuren responsabilidades y se arbitren procedimientos internos que respeten las Leyes aplicables».
«Este comportamiento irresponsable genera un terrible daño en la credibilidad informativa de dicho órgano gubernamental pues poca veracidad y seriedad se puede esperar en sus comunicaciones de quien no es capaz de aplicarse a sí misma la propia normativa de la transparencia. Quien falla en cuestiones legales, y además siendo un organismo público sometido a neutralidad política, es muy probable que falle también en cuestiones informativas», subraya.
Raíces informa que dará traslado a la Unión Europea para que se tome nota del flagrante incumplimiento legal de este órgano que depende directamente de Presidencia de Gobierno.
«Estamos inmersos en un contexto de máximo peligro institucional por las restricciones de derechos constitucionales, como es el derecho a la transparencia recogido en la Constitución de 1978», concluyen.
