«Este es un proyecto colectivo. No importa quien esté en un momento determinado. Es fruto de una herencia de impulso de los ministros [antecesores suyos], de un enorme trabajo, de un enorme consenso. El proyecto tiene una robustez enorme, en sus tres bloques, el procedimiento, el sistema de garantías y todo un juego importante de principios», de esta forma describió el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) que ayer inició su trámite de información pública.
«Es un proyecto de todos», repitió. Y recordó a los magistrados Juan José López Ortega, que presidió las dos comisiones, la que dio a la luz el fallido Anteproyecto de LECRim de 2011 y la que ha dado forma al actual, y a Manuel Marchena, quien, a su vez, lideró la que elaboró el proyecto de código procesal penal en 2013, cuando el PP estaba en el Gobierno.
El actual Anteproyecto es una fusión mejorada de ambos textos y, según está previsto, tardará seis años en entrar en vigor.
Campo hizo estas declaraciones en el marco del primer coloquio del ciclo formativo “El nuevo proceso penal”, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), del Ministerio de Justicia, que ha moderado la periodista de TVE, Cristina Blach, y en el que han participado junto al ministro socialista su antecesores del Partido Popular, Rafael Catalá y Alberto Ruiz-Gallardón, que afirmaron apoyar el Anteproyecto. «Incondicionalmente», subrayó, por su parte, Ruiz Gallardón.
Francisco Caamaño, que en un principio había confirmado su presencia, no pudo estar.
Catalá, ministro entre 2014 y 2018, apoyó el Anteproyecto de LECRim, como una necesidad a la que había que hacer frente. Identificó tres retos a los que había que tendría que hacer frente.
«El primero, un reto político. Debe generar consenso para que su aprobación sea apoyado por los partidos que van a ejercer el Gobierno, con el PP y el PSOE. El segundo, debe generar un consenso profesional entre jueces, fiscales y abogados. Porque lo que se va a producir es un cambio de modelo. La Abogacía debe ser cómplice de este proceso, fortaleciendo las garantías de la defensa. El tercer reto, es el de la pedagogía. Hay que comunicar a la ciudadanía que esto es importante y beneficia a todos», explicó Catalá.
El exministro coincidió con Ruiz Gallardón (2011-2014) en la necesidad de reforzar al Ministerio Fiscal a través de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, garantizando su independencia.
Ruiz Gallardón recordó que en el nombramiento del fiscal general del Estado participan los tres poderes del Estado. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informa sobre su pertinencia, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados escucha su discurso y le hace preguntas y el Gobierno lo nombra.
«De cara a garantizar su independencia lo que propongo es que el informe del CGPJ sea vinculante y que la comparecencia ante el Congreso de los Diputados convalide la propuesta del poder ejecutivo. De esa forma, el fiscal general del Estado contaría con la aquiescencia de los tres poderes«, subrayó.
