La Fiscalía Provincial de Madrid pide ocho años de prisión para el exalcalde de alcalde de Villaviciosa de Odón José Jover Sanz (PP) por un delito continuado de falsedad en documento público y otro de prevaricación urbanística, por supuestamente tolerar bodas y otros eventos en un espacio natural protegido.
Junto al exregidor se sentarán en el banquillo de los acusados tres concejales, D. P. G. y J. J. N. C., para quienes el Ministerio Público reclama cinco años y tresmeses por un delito continuado de falsedad en documento público, y M. A, M. Z., para quien solicita cuatro años y seis por un delito de falsedad en documento público.
También será juzgado el representante legal de la mercantil Pescaderías Coruñesas, D. G. A., para quien la Fiscalía pide un año de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad.
El juicio comienza el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid.
Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, en 1992 Pescaderías Coruñesas adquirió por título de compraventa la finca ‘El monje’, también denominada La Alabada, que siete años más tarde fue considerada como Espacio Natural Protegido, por lo que fue clasificada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Explica que pese a ello, al menos desde el 23 de abril de 2016 la mercantil Pescaderías Coruñesas comenzó a desarrollar en dicha finca eventos públicos como bodas con asistencia de más de cien invitados y el estacionamientos de vehículos en la zona.
El representante del Ministerio Público detalla que el 2 de julio de 2016 los agentes de la Policía Local de Villaviciosa de Odón comprobaron que hacia las 21:00 horas se estaba celebrando una boda en la finca, con unas 135 personas presentes y formularon una denuncia.
Indica que a raíz de la misma, el entonces concejal de Industria y Comercio del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, A. R. B., abrió un expediente sancionador por desarrollar la actividad de eventos sin licencia municipal.
Siempre según la Fiscalía, como consecuencia de ello, el exalcalde “con el propósito de favorecer los intereses de la mercantil Pescaderías Coruñesas”, dio instrucciones verbales tanto a la concejal de Seguridad, M. M. R., y al suboficial Jefe del Cuerpo de la Policía Local para que no se realizasen más inspecciones en la finca sin su consentimiento.
Tras la denuncia, la mercantil continuó celebrando otros eventos, y por ello, el 29 de septiembre de 2016, la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento acordó la incoación de un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y la suspensión inmediata de la actividad desarrollada ilícitamente en la finca.
La Fiscalía dice que no sirvió de mucho porque Pescaderías Coruñesas decidió “conscientemente” incumplir con la resolución y organizó “al menos” otros dos eventos.
Según explica, en 2017, y a pesar de carecer la correspondiente licencia, la mercantil, o mediante empresas vinculadas, celebró más actos públicos.
Apunta que mientras, el exalcalde seguía exigiendo a los policías locales que no acudieran a la finca sin su consentimiento, pero que “a pesar de las órdenes ilegales», los agentes «continuaron cumpliendo sus obligaciones” .
La Fiscalía expone que paralelamente, el 20 de octubre de 2017 se notificó al Constistorio la Orden del Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio por la que se denegaba la calificación urbanística solicitada dos años antes por Pescaderías Coruñesas para la celebración de eventos en la finca ‘El Monje’, por lo que seis días más tarde, la entonces concejal de Industria y Comercio propuso acordar el cese de su actividad.
Destaca que José Jover, “con el propósito de favorecer los intereses de la mercantil” procedió desde abril de 2016, “no sólo a tolerar la celebración de eventos» en la finca, a pesar de conocer que los mismos carecían
de la preceptiva licencia municipal, sino «a oficiar bodas civiles en dicho lugar, autorizándolas él mismo o disponiendo la asistencia de concejales del Ayuntamiento en quienes delegaba la competencia al efecto”.
Y ello a pesar de que Dirección General de Medio Ambiente comunicó que sólo estaban habilitados por el Ayuntamiento dos locales para la celebración de bodas por el alcalde o concejales delegados: el Salón de Plenos y la Casa-Palacio Manuel de Godoy.
La Fiscalía acusa a Jover de alterar “conscientemente” las actas de celebración de matrimonios haciendo constar “mendazmente” como lugar de celebración dichos locales municipales “cuando en realidad se habían celebrado, en todos los casos, en la finca privada El Monje”.
