«Zasca» final de la Audiencia Provincial de Lugo a Pilar de Lara: Tumba su último auto, «construido sobre meras sospechas»
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07/2/2021 06:50
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Actualizado: 06/2/2021 23:21
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La Audiencia Provincial de Lugo, en funciones de apelación, le ha dado un último «zasca» –doloroso, muy doloroso– a la extitular del Juzgado de Instrucción 1 de la capital de esa provincia Pilar de Lara, anulando el auto con el que concluyó la investigación sobre el caso de O Garañón, imputando formalmente al ex alcalde de la ciudad, Xosé Clemente López Orozco, a su ex concejal de Urbanismo, expresidente de la Diputación de Lugo y exsecretario general del PSG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, y a cuatro personas más y un mercantil.
De acuerdo con el tribunal de la Sección Segunda, formado por los magistrados María Luisa Sandar Picado, presidenta, José Manuel Varela Prada y Ana Rosa Pérez Quintana, «el auto recurrido se ha construido sobre meras sospechas que no alcanzan el carácter de indicios», por lo que debe archivarse.
De Lara dictó ese auto, transformando las diligencias previas –como se denomina a la fase de investigación– en procedimiento abreviado, el 25 de septiembre de 2019, un día antes de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial le comunicará oficialmente su suspensión de 7 meses de empleo y sueldo, lo que conllevaba la pérdida de su destino.
«La conducta sancionada viene constituida por ese descontrol, inhibición absoluta o desidia mantenida en el tiempo en el orden de tramitación de los asuntos, que conlleva la elección de unos asuntos sobre otros sin un criterio objetivo que lo justifique», decía el acuerdo del Pleno del órgano de gobierno de los jueces, del que emergía el perfil de una pésima instructora, desorganizada y poco productiva.
De Lara llegó a tener abiertas 90 macrocausas en 2014, 42 en 2017 y 24 en 2020.
Sobre López Orozco, uno de los socialistas gallegos más prestigiosos y respetados, poseedor de una reputación que recuerda al desaparecido profesor Enrique Tierno Galván, que llegó a alcalde de Madrid, llegó a abrir 9 investigaciones, que terminaron por acabar con su carrera política, obligándolo a presentar su dimisión como alcalde de Lugo.
También truncaron su trayectoria, que apuntaba a la Presidencia de la Xunta de Galicia, como candidato.
A día de hoy se han archivado 8 de esas 9 instrucciones abiertas contra su persona.
Y la novena tiene toda la pinta de seguir el mismo camino.
PILAR DE LARA TENÍA QUE HABER SIDO EXPULSADA DE LA CARRERA JUDICIAL
«Me ha alegado mucho la noticia del archivo del caso O Garañón, porque no había caso. Pero no me siento resarcido. La sanción de siete meses de empleo y pérdida de destino para la magistrada, me parece poco. El CGPJ tenía que haberla expulsado de la carrera judicial. Le ha salido barato, muy barato hacer trizas la vida y la reputación de muchos de nosotros. Si no se tienen pruebas no se puede montar una causa, y ella lo hizo no una sino muchas veces», afirma López Orozco rotundo.
Xosé López Orozco, exalcalde socialista de Lugo; la investigación que abrió la magistrada Pilar de Lara sobre su persona le arruinó su carrera política -podía haber sido el líder del PSG-PSOE- y su vida personal.
También Gómez Besteiro vio hecha trizas su carrera política cuando, en 2015, se vio imputado por De Lara en este caso. Tuvo que dejar todo.
De Lara cumplió su sanción y obtuvo nuevo destino en el Juzgado de Instrucción 1 de Ponferrada, población de la provincia de León, a 115 kilómetros de Lugo, a donde se incorporó el 22 de diciembre pasado. Según ha podido saber Confilegal, la magistrada está buscando obtener del CGPJ una comisión de destino en la localidad de Sarria, a 32,7 kilómetros de Lugo.
Tanto López Orozco como Gómez Besteiro habían sido acusados por De Lara de prevaricación urbanística.
De acuerdo con la magistrada sancionada, detrás de la investigación del caso O Garañón existía una trama urbanística urdida por una especie de organización o grupo criminal, en connivencia con los responsables del Ayuntamiento de Lugo, que favorecía a determinados constructores en perjuicio de los demás y de la ciudadanía.
«Este primer presupuesto carece de base suficiente para poder afirmarse aún en términos indiciarios», dice el auto 83 de 1 de febrero de la Audiencia Provincial de Lugo, al que ha tenido acceso Confilegal.
«Ningún concierto se ha acreditado entre ellos pues en la mayoría de los supuestos no existe relación jerárquica alguna ni se ha acreditado indicación, presión o directriz para aprobar o informar algunos de los expedientes de los que se habla tan prolijamente en el Auto ahora recurrido, e incluso en gran parte de los supuestos no existe relación personal alguna, directa o indirecta, entre ellos. Ese supuesto concierto falla pues en su presupuesto preliminar», señalan los tres magistrados.
ELEFANTIASIS
El tribunal recuerda que la investigación comenzó en 2009 a raíz de una denuncia. La instrucción «ha sufrido una elefantiasis no solo en cuanto a la investigación lineal de los hechos denunciados, sino a la asunción dentro de la misma investigación, de cuestiones colaterales y episodios ajenos a la materia principal del procedimiento que han ido engordando la instrucción hasta hacerla sino inabarcable, por lo menos de muy difícil estudio».
Asimismo, recuerdan que se denunciaba un delito de prevaricación urbanística.
Nuevamente, sus compañeros vuelven a darle una lección de derecho entre lo que puede ser una ilegalidad administrativa y la comisión de un delito.
«El delito de prevaricación urbanística que imputa el Auto a casi todos los investigados, es un delito eminentemente doloso, por lo que es preciso que la resolución o el informe se lleve a cabo de manera injusta y arbitraria y con pleno conocimiento de la ilegalidad de la conducta, una contradicción patente y grosera entre el acto administrativo y el derecho», explican.
«No se advierte la existencia de ese delito de prevaricación urbanística ya que se aportan razones que pueden no ser compartidas, pero que tienen un sustrato jurídico que alejan la calificación de arbitraria que exige el tipo penal«, subrayan.
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