VOX se querella contra los responsables de prisiones que facilitaron el tercer grado a los condenados por el «procés»
Los siete condenados internos en la prisión de Lledoners (Barcelona), a su salida del centro penitenciario posando con una pancarta a favor de la amnistía –imposible en nuestro ordenamiento jurídico–, la víspera del comienzo del actual periodo electoral, que termina mañana.

VOX se querella contra los responsables de prisiones que facilitaron el tercer grado a los condenados por el «procés»

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13/2/2021 13:04
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Actualizado: 15/2/2021 14:28
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El partido político VOX ha interpuesto hoy una querella por prevaricación por prevaricación administrativa contra los miembros de las Juntas de Tratamiento y de los equipos multidisciplinares que propusieron la concesión del tercer grado a los 9 condenados en el juicio del «procés».

Este tipo delictivo está contemplado en el artículo 404 del Código Penal y hace referencia al delito de prevaricación administrativa –cometido por funcionarios públicos– que tiene un castigo de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 9 a 15 años.

Sobre los informes de estos equipos la consejera de Justicia, Ester Capella, basó su decisión de dejarlos en libertad, conduciéndoles de nuevo el tercer grado, la víspera del comienzo del periodo electoral para las elecciones al parlamento autonómico, que tendrán lugar mañana.

La querella ha sido presentada ante los Juzgados de Instrucción de Barcelona y comprende a los funcionarios de las cárceles de Lledoners, donde estaban cumpliendo condena los siete hombres condenados, Wad Ras –ambas en la provincia de Barcelona– y de Puig de les Basses, en Girona, donde estaban internadas Carme Forcadell y Dolors Bassa. 

«El Tribunal Supremo denegó el tercer grado a los políticos separatistas el 4 de diciembre de 2020, lo que no fue inconveniente para que los querellados volvieran a conceder el tercer grado tan solo unos días después, permitiendo así su participación activa y presencial en la campaña para las elecciones catalanas del 14F», dice VOX en un comunicado.

El Alto Tribunal dictó nueve autos en esa fecha anulando el primer tercer grado que se les había concedido porque había sido excepcional, porque ninguno de ellos había cumplido la cuarta parte de la condena (que es el caso de todos ellos salvo Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Joaquim Forn, que tampoco habían cumplido la mitad).

El  Supremo también subrayó, en referencia a los equipos contra los que ahora se querella VOX, que los órganos de la administración penitenciaria no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal de justicia, sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente.

«VOX entiende que la celeridad en las resoluciones por parte del Departamento de Justicia de la Generalidad ha respondido a un propósito ajeno a los fines de la pena, y que lo único que han perseguido es burlar la resolución del Tribunal Supremo en beneficio de los presos«, añade.

Este partido político fue la formación que, como acusación popular, dio inicio a la instrucción por los hechos sucedidos antes y durante el 1 de octubre que tenían como fin provocar la secesión de Cataluña del resto de España.

Como consecuencia, el al exvicepresidente autonómico catalán, Oriol Junqueras, fue condenado a 13 años de prisión y a 13 de inhabilitación absoluta por el ‘procés’, por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

Por los mismos delitos fueron sentenciados los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.

Solo por sedición fueron condenados la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell a 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta; los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull a 10 años y 6 meses de prisión, y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y los líderes de la ANC y Òmnium Cultural Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta.

Los exconsejeros Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó recibieron el castigo de 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial como autores de un delito de desobediencia. 

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