Las repercusiones de este concurso de acreedores son analizadas en Confilegal por tres expertos.
El concurso voluntario de acreedores de Abengoa despierta las alertas por su efecto multiplicador negativo en la economía
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24/2/2021 06:48
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Actualizado: 24/2/2021 09:46
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La empresa de ingeniería Abengoa se encuentra inmersa en una profunda crisis desde hace años por una enorme deuda y este lunes no pudo conseguir que la banca acreedora prorrogue una vez más la negociación para un acuerdo de reestructuración de deuda aprobado en agosto de 2020.
El grupo Abengoa —especializada en los sectores de infraestructuras, energía y agua— tiene una deuda de unos 6.000 millones de euros.
Ante el bloqueo del acuerdo, el Consejo de Administración de Abengoa anunció que tenía previsto “de forma inmediata adoptar las decisiones que correspondan”.
Tras dicha reunión, el Consejo de Administración de la matriz de Abengoa, presidida por Juan Pablo López-Bravo, notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha solicitado el de concurso voluntario de acreedores en el juzgado Mercantil 3 de Sevilla tras la negativa de la banca, el ICO y los acreedores a prorrogar una vez más el plazo para la firma de su tercer rescate financiero.
El primer rescate financiero de Abengoa se firmó en 2017 (más de 8.000 millones de euros en quitas y capitalizaciones) y el segundo en 2019 (más de 3.000 millones de deuda se convirtieron en bonos convertibles en acciones).
La empresa se acogió a preconcurso de acreedores en agosto del año pasado. La multinacional todavía tiene 14.000 trabajadores. En 2019 el grupo facturó 1.493 millones, mientras que en 2012 había alcanzado los 7.000 millones.
Según Abengoa, en esta ocasión no ha obtenido consentimiento de la banca, el ICO y sus acreedores para prorrogar una vez más la firma del plan de rescate financiero que negoció Gonzalo Urquijo en agosto de 2020.
Por esa razón, la matriz de la multinacional ha informado que «el acuerdo de reestructuración ha quedado automáticamente resuelto, de modo que la operación de financiación anunciaba no puede ser ya ejecutada«.
Las repercusiones de este macro concurso de acreedores son analizadas en Confilegal por Unai Olabarrieta, vicepresidente de ASPAC; Olga Forner, socia responsable del área concursal e insolvencias de Marimón Abogados, y Elisa Escola, abogada asociada del área de reestructuraciones de Fieldfisher Jausas.
Necesidad de un proceso concursal ágil
Para Unai Olabarrieta, vicepresidente de ASPAC y administrador concursal, “un concurso de acreedores no necesariamente es una mala noticia. Supone que un deudor reconoce su situación de insolvencia actual o inminente y busca darle las soluciones que la ley prevé”.
Para este experto, “se puede establecer un paralelismo entre Abengoa y Martinsa-Fadesa, otro concurso del 2015 de una gran empresa con un pasivo ligeramente superior, aunque sector de actividad resulta diferente y eso puede conllevar distintas soluciones.”
«En Martinsa-Fadesa existían múltiples activos inmobiliarios en diversos estadios de ejecución, atomizados, circunstancia que dificultaba la solución global y requería una ejecución excesivamente atomizada y complicada por la existencia de hipotecas y garantías reales”, aclara.
Sobre el caso de Abengoa, “según se manifiesta por el propio órgano de administración puede conllevar la venta de filiales que puede suponer su conservación en mejores condiciones que las actuales y la conservación de una parte importante del negocio si se consigue actuar con rapidez y eficacia”.
“La eficacia quedará en manos de la administración concursal, principal agente del concurso de acreedores, pero para que la tarea del administrador concursal sea realmente adecuada precisa de medios adecuados: un proceso ágil adecuado a la realidad empresarial”.
Para Olabarrieta “la clave de cualquier refinanciación es acometerla a tiempo, cuando realmente la situación de insolvencia pueda ser inminente, prevista, aunque sea a corto plazo”.
“Cualquier solución para que sea efectiva debe adoptarse a tiempo, tarde cualquier solución es mala. Tres refinanciaciones después quizás no sea el momento de una nueva y quizás la última o las dos últimas no resultaban la solución adecuada”, aclara.
Olabarrieta revela que otra clave “es tener en cuenta es todos los intereses afectados, los grandes acreedores no son los únicos afectados por una situación de insolvencia, existen múltiples interesados más pequeños y en ocasiones mucho más comprometidos por una eventual solución, que pueden ver en peligro su propia viabilidad”.
Unai Olabarrieta, vicepresidente de ASPAC y administrador concursal.
“Una de las principales diferencias de una refinanciación y un concurso es que el concurso permite a todos los acreedores el conocimiento de primera mano de la situación de la empresa deudora, resolviendo problemas de asimetría de información habituales en las refinanciaciones donde los grandes acreedores manejan mucha más información que los pequeños acreedores”.
A su juicio, “la simetría de información y el trato igualitario de los acreedores son fundamentales para lograr un acuerdo de consenso y que logre equilibrar todos los intereses sin dejar a nadie por el camino”.
Este jurista advierte que la duración media de un concurso de acreedores es de 4 años y medio, según estadísticas oficiales, pero un concurso de estas dimensiones puede prolongarse mucho más allá, «la gran judicialización de la tramitación produce un efecto negativo sobre la duración del proceso”.
En su opinión, “los procesos concursales grandes producen multitud de incidentes y controversias por la existencia de múltiples personados con intereses en muchas ocasiones contrapuestos: impugnaciones de créditos, de privilegios, ejecuciones separadas, alegaciones al plan de liquidación en su caso, impugnaciones del plan de liquidación”.
Junto a ello también señala que hay que gestionar “autorizaciones judiciales precisas para múltiples operaciones, trámites que en muchas ocasiones dilatan el proceso y no adecuan los tiempos procesales a los tiempos que precisa la práctica empresarial, pese a que casi siempre tanto la oficina judicial como el magistrado responsable ponen todo su esfuerzo personal y dedicación en el tiempo, pero demasiadas veces ni el proceso ni los medios materiales acompañan su grandísimo esfuerzo”.
Para Olabarrieta “ es importante reservar el órgano judicial para la supervisión del proceso y como garantía del trato igualitario de todas las partes intervinientes respetando la ‘par conditio creditorum’, que debería informar todo el proceso y el tratamiento igualitario a todos los acreedores, evitando que la tramitación propiamente sea a cargo de la oficina judicial”.
Desde su punto de vista, “un concurso de acreedores con un pasivo de 6.000 millones de euros y 14.000 trabajadores es indudable que produce efectos en multitud de acreedores grandes y pequeños y que puede producir un efecto múltiple e imprevisible en su entorno”.
«Por eso resulta fundamental que el proceso concursal sea ágil para que se logre el mayor índice de recuperación de créditos por parte de los acreedores y en el menor tiempo posible, esos parámetros son los que miden la eficiencia del proceso y logra que se minimicen las pérdidas de todos los interesados en el proceso de insolvencia”.
Unai Olabarrieta advierte que “resulta crucial y estratégico para la competitividad de nuestra economía dotarnos de instrumentos de resolución de la insolvencia eficientes con las máximas garantías de transparencia e igualdad para todos los acreedores. Aún estamos a tiempo de evitar el desastre, pero en el tiempo de descuento”.
El concurso puede salvar empleos
Por su parte, Olga Forner, socia responsable del área concursal de Marimón Abogados y administradora concursal, reconoce que “siempre es una mala noticia que una empresa como Abengoa presente el concurso de acreedores”.
“No obstante, si la situación económica estaba tan comprometida, el concurso de acreedores puede ser una herramienta útil para reorganizar la empresa y visibilizarla, salvando muchos puestos de trabajo”.
Forner reconoce que “tras la lectura de la noticia de la presentación de concurso de Abengoa ha venido a la memoria, por el importe del pasivo, el concurso de Martinsa-Fadesa, en el que formé parte de la administración concursal”.
Sin embargo, considera que “la situación es bastante diferente. El concurso de Martinsa-Fadesa se puede decir que marcó el inicio de la denominada crisis del ladrillo”.
“La situación de Abengoa creo que es distinta ya que Abengoa está en una situación delicada desde 2015 cuando solicitó el primer pre-concurso de acreedores”, comenta.
Esta jurista revela que “sin conocer en profundidad la situación de Abengoa da la sensación que los distintos consejos de administración, los accionistas minoritarios, entidades financieras e instituciones publicas han intentado ayudar a viabilizar la empresa, pero no ha sido posible”.
En cuanto a las claves para sacar a esta empresa a flote, confiesa que “desde mi punto de vista, las entidades financieras, accionistas minoritarios y acreedores deben considerar que el plan de viabilidad propuesto es realista antes de aceptarlo”.
Olga Forner, socia responsable del área concursal de Marimón Abogados y administradora concursal.
“No se puede exigir a éstos que acepten cualquier propuesta de refinanciación. No podemos olvidar que dichos operadores son uno de los grandes perjudicados por el concurso de Abengoa y son conocedores de la situación económica y financiera real de la compañía”.
Forner cree que “si realmente no se ha aceptado el último plan propuesto era porque consideraban que no iba a ayudar a Abengoa en el desarrollo de su actividad”.
En cuanto a la duración de dicho proceso concursal, destaca que “es difícil poder predecir cuanto puede durar un proceso concursal de estas características, ya que depende de muchos factores: presentación de una propuesta anticipada de convenio, propuesta de convenio, liquidación, expediente de regulación de empleo, venta anticipada de activos o de unidades productivas, etc.”.
“Sin embargo, tanto la propia Abengoa como la administración concursal nombrada y el propio juzgado harán todos los esfuerzos necesarios para agilizar el proceso y evitar la descapitalización de la empresa, siempre con las garantías necesarias y velando por los intereses de los acreedores”.
Olga Forner reconoce que aunque la situación de insolvencia “viene determinada por la situación económica de cada empresa”. “Sin embargo, resulta evidente que proveedores y clientes de Abengoa se pueden ver afectados por este concurso y puede provocar un efecto dominó, sobre todo, teniendo en cuenta la delicada situación económica y sanitaria en la que nos encontramos”.
“La presentación del concurso de Abengoa no debería afectar a otras grandes empresas, las cuales, en su caso, deberán analizar su situación financiera y viabilidad económica”, advierte.
Una noticia esperada la del concurso
Por su parte, Elisa Escolá, abogada asociada del área de reestructuraciones de Fieldfisher Jausas, cree que esta noticia de Abengoa “era la crónica una muerte anunciada desde la primera refinanciación en septiembre de 2016, pues la de marzo de 2016 solo era un acuerdo de espera de 6 meses”.
“Como ya se puso de relieve en el proceso de impugnación del auto homologando, el acuerdo de refinanciación de 24 de septiembre de 2016 no pretendía en verdad salvar la empresa sino que su objetivo era poner a buen recaudo los activos más valiosos, los cuales se garantizaron a favor de los principales acreedores financieros, como el Banco Santander, que al final se ha quedado con el Proyecto A3T que tenía Abengoa en Mexico”, explica.
Escola destaca que “lo que he realizado Abengoa durante estos últimos cuatro años es una liquidación de activos, vaciándose la sociedad en beneficio de unos pocos acreedores financieros, y en perjuicio del resto y de los acreedores no financieros. Lo raro es que haya aguantado cuatro años”.
En cuanto al paralelismo entre Abengoa y Martinsa-Fadesa, esta jurista reconoce que “lo único que tienen en común es que se trata de unos concursos muy importantes por los importes de deuda”.
“No obstante, el concurso de Martinsa-Fadesa en julio de 2008 se debió a la crisis financiera de 2008 y en el concurso se aprobó un convenio que se incumplió y dio paso a su liquidación en marzo de 2015”, advierte.
A su juicio, “la crisis de Abengoa tiene otras causas. Se gestó precisamente en 2015, con unas inversiones internacionales que no tuvieron el éxito esperado”.
“En Abengoa se han ido sucediendo acuerdos de refinanciación, en 2016, 2019 y ahora se quería intentar un tercero, y la pandemia no ha ayudado, sino todo lo contrario, pero la Abengoa actual no era la Abengoa de 2016”.
Sobre la viabilidad de la compañía, Escola aclara que “una vez solicitado el concurso, creo que es totalmente inviable intentar un convenio, pues se necesitaría unas quitas por un importe muy elevado, y creo que lo único que se podrá conseguir es la venta de las distintas unidades productivas y negocios”.
“Realmente lo que tiene más valor es su participación en Abenewco, que es la filial de Abengoa que posee la mayoría de los activos. Supongo que querrán salvar a toda costa Abenewco”, indica
“Se ha desprendido de la mayoría de sus activos durante estos cuatro años que ha ido sobreviviendo a base de refinanciaciones que realmente eran liquidaciones encubiertas y solo buscaban la protección que la homologación judicial brinda a dichas operaciones ante el eventual posterior concurso de la deudora”.
“Y ahora queda un espejismo de lo que era en 2016. La empresa ya está descapitalizada desde hace años”, sentencia.
Para esta experta el problema que existe es el trabajo que hay en los juzgados de lo mercantil, “no es lo mismo presentarlo ahora que hace dos años en época de pandemia. Es factible que la empresa se venda por negocios. Por muy rápido que sea el concurso durará cerca de un año en el mejor de los casos”.
Sobre el efecto que este concurso tendrá en otras empresas relacionadas con dicha multinacional, esta jurista confiesa que “no creo que el concurso de Abengoa tenga un efecto dominó porque entre sus acreedores era vox populi que tarde o temprano terminaría en un concurso de acreedores, por lo que supongo que la mayoría de acreedores financieros y de proveedores ya tenían provisionada la deuda con Abengoa”.
Para esta experta “lo que disparará los concursos son los efectos económicos de la pandemia ante la falta de ayudas directas por parte de las administraciones públicas”.
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