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Cuenta atrás para la nueva Ley ‘rider:’ Los repartidores de comida a domicilio de plataformas digitales serán asalariados

Tras cuatro meses de intensa negociación hay un principio de acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, CCOO, UGT y CEOE.
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Cerca de un millar de restaurantes (943) que operan a través de las principales plataformas de ‘food delivery’ en España (Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats) han firmado el manifiesto de restaurantes españoles sobre la Ley ‘rider’ en el que reclaman al Gobierno una solución regulatoria que no dañe al sector, especialmente ahora que está sufriendo el impacto de la pandemia.

Los hosteleros reclaman así una solución a la actual situación que permita fijar un marco que aporte seguridad jurídica al sector del reparto de comida a domicilio, cuando se da por hecho que en los próximos días se apruebe en Consejo de Ministros la llamada Ley ‘rider’.

Una reforma del Estatuto de los Trabajadores consensuada en los últimos cuatro meses desde el diálogo social con la participación de patronal CEOE, sindicatos y el propio Gobierno.

En este contexto, los hosteleros que utilizan el reparto a domicilio creen que una laboralización forzosa de los repartidores llevaría a los restaurantes, en su mayoría pequeños y medianos comercios, a dejar de percibir una importante fuente de ingresos adicionales y un coste en el empleo, se habla de 23.000 repartidores en el mercado.

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En las grandes ciudades el servicio se vería impactado, pero sobre todo las medianas y en las pequeñas verían como desaparece, estimándose en 11 millones de personas las que se quedarían sin acceso a los servicios de reparto de comida a domicilio proporcionado por las plataformas digitales. 

Según las estimaciones de las plataformas, se podrían dejar de ingresar más de 250 millones de euros solo en los primeros 12 meses.

Por todo ello, los hosteleros firmantes reclaman una solución que permita al sector, que ya afronta 2021 muy dañado, mantener una de sus fuentes de ingresos, vital en estos momentos.

Los hosteleros son más partidarios de una solución flexible, que aporte seguridad jurídica, delimitando correctamente cuando se trata de una relación mercantil o de trabajo por cuenta ajena, de tal forma que el modelo cubra toda la demanda existente, incluido en las ciudades medianas y pequeñas.

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Esto no debería ser incompatible con que las plataformas puedan ofrecer mejores coberturas y condiciones de trabajo a los repartidores, y encontrar así una solución que beneficie a todos y no destruya un sector incipiente que con un gran impacto socioeconómico en el país.

Según un estudio elaborado por AFI para Adigital, el sector del ‘delivery’ generó más de 708 millones de euros (Valor Añadido Bruto) en 2019, un 10,1% más que en 2018, y contribuyó a generar o mantener más de 15.300 empleos totales en restauración, comercio minorista y sectores asociados.

Este estudio también recoge que los pedidos realizados a través de estas plataformas crecieron un 46,4% en 2019, alcanzando los 36,2 millones, gracias a los más de 64.500 acuerdos de colaboración que las plataformas digitales de ‘delivery’ mantienen con restaurantes y comercios de diferentes ciudades españolas (2,2 veces más que en 2018).

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España, a punto de regularse

En España, tras cuatro meses de intensa negociación desde el diálogo social hay un principio de acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, CCOO, UGT y CEOE que establece que los ‘riders’ tendrán por defecto consideración de trabajadores asalariados por cuenta de las plataformas para las que trabajan.

Las únicas excepciones que se contemplan serían de forma excepcional, donde estas empresas puedan justificar que están desempeñando legalmente su cometido como autónomos, en cumplimiento de la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

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El Gobierno y los agentes sociales han alcanzado este consenso después de estudiar la ultima propuesta de la CEOE. Esa propuesta accede a considerar asalariados a los ‘riders’, como defendían Trabajo y los sindicatos, aunque ofreciendo flexibilidad a las plataformas para que recurran a trabajadores autónomos en casos puntuales, siempre que no sean mayoritarios en su plantilla.

De las negociaciones ha trascendido que se pondrá en marcha una Comisión Tripartita para el estudio de las plataformas digitales en el ámbito laboral, que estará integrada por el Ministerio de Trabajo, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT. Sus funciones serán valorar la información a disposición de las representaciones que la integran y seguir la evolución de la actuación de las plataformas digitales en el ámbito laboral.

La nueva norma modificará también el Estatuto de los Trabajadores para garantizar que los sindicatos puedan conocer qué datos de los empleados utilizan las empresas que operan con algoritmos, saber cómo funcionan y qué implicaciones tienen para el trabajador.

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Así, establece a su vez que los convenios determinarán las modalidades, el contenido y la periodicidad de acceso de los sindicatos a la información sobre los parámetros y reglas en las que se basan los algoritmos utilizados por la empresa para que la toma de decisiones pueda incidir directa o indirectamente en las condiciones de trabajo, el mantenimiento del empleo o la elaboración de perfiles, según la norma que aún puede ser modificada.

Se ha perdido una oportunidad

Adrian Todolí,  profesor e investigador en Derecho del Trabajo en Universidad de Valencia, uno de los expertos que mejor conoce el mundo de las plataformas digitales, explica a Confilegal que “la hostelería tiene que darse cuenta que ahora el marco legal da mayor seguridad jurídica. Así no tendrán ningún tipo de responsabilidad, en el caso de si hubiera una quiebra de la plataforma podrían verse abocados a pagar la seguridad social de esos repartidores”.

Este jurista cree que hay que hacer una valoración positiva del acuerdo “donde la patronal ha tenido un papel importante. Jurídicamente no cambia nada. Establece una presunción que ya existía antes. Ya lo dijo el Tribunal Supremo en su sentencia de septiembre del año pasado que hay una presunción de laboralidad. Aunque no innova aunque parece que hay un pacto con la patronal para que las empresas aceptan el contratar a dichos repartidores”.

De hecho, las plataformas tendrán un plazo de tres meses para contratar a esos repartidores, “creo que es un plazo adecuado. Ya la sentencia que antes mencionábamos del Supremo es de septiembre del año pasado y hablaba de que tenían que contratarles. Tiempo han tenido para hacerlo. En este acuerdo que se ha cerrado parece que el tiempo será suficiente para adaptarse a la nueva normativa”.

Lo que si tiene claro Todolí, “es que se pierde una oportunidad muy grande para regular todo el movimiento de falsos autónomos. Solo se habla de repartidores de plataformas de reparto a domicilio, se excluye el resto. Quedan fuera muchos repartidores, otros sectores y a falsos autónomos en seguros, entre otros sectores”.

Adrian Todolí,  profesor e investigador en Derecho del Trabajo en Universidad de Valencia.

A juicio de este experto “la norma es demasiado concreta cuando el problema es mucho más amplio de lo que pretende regular en los próximos meses. Habrá que ver si progresivamente se produce una ampliación de la normativa a otros colectivos”.

Cree que el nuevo escenario vendrá avalado por una modificación en el Estatuto de los Trabajadores en una nueva disposición, la veintitrés, donde quedará definida la laboralidad de los repartidores de comida a domicilio.

Regulación dispar en Europa

Muchos gobiernos y agentes no estatales están regulando las plataformas digitales de trabajo, aunque mediante iniciativas muy dispares.

Los países se enfrentan a dificultades para hacer cumplir las normas, particularmente las relativas a las plataformas basadas en la web, en las que las plataformas, empresas y los trabajadores se encuentran sujetos a diferentes jurisdicciones.

El diálogo político internacional y la coordinación son vitales para garantizar la seguridad normativa y la aplicabilidad de las normas laborales universales, dada la diversidad de respuestas de los países y las empresas de plataformas.

Una forma de avanzar sería emprender un proceso de diálogo social global en el que participen las partes interesadas, en particular las plataformas laborales digitales, los trabajadores de las plataformas y sus representantes y gobiernos. Este proceso podría conducir a una comprensión más clara del sistema de plataformas.

El director de la Oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto, ha expresado que “la regulación de los ‘riders’ y otros trabajadores de plataformas, actualmente en el diálogo social, sería un importante paso adelante para contribuir a generar nuevas oportunidades de empleo con derechos, evitando la fuga del derecho del trabajo y la evasión de las responsabilidades laborales y fiscales, así como la competencia desleal entre las empresas”.

A su juicio, el camino a seguir pasa por entablar un proceso de diálogo social mundial destinado a asegurar que se aprovechen las oportunidades que presentan las plataformas digitales de trabajo, y se aborden los desafíos que plantean, de modo que estas estén en mejores condiciones de ofrecer oportunidades de trabajo decente, fomentar el crecimiento de empresas sostenibles y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Joaquín Nieto, director de la Oficina de la OIT para España.

La Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, un órgano independiente de la OIT, recomendó el desarrollo de un sistema de gobernanza internacional que establezca ciertos derechos y protecciones básicos y exija a las plataformas y a sus clientes que los respeten.

Según la edición más reciente del informe de la OIT ‘Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2021’, las plataformas digitales de trabajo se han multiplicado por cinco en el último decenio.

Este crecimiento ha puesto de manifiesto la necesidad de un diálogo internacional sobre políticas y cooperación en materia de reglamentación, que permita una actuación más coherente en favor de oportunidades de trabajo decente y el impulso del crecimiento de empresas sostenibles.

Nieto señala que el informe de la OIT incluye varias recomendaciones sobre lo que hay que hacer. Entre ellas, que se garantice que la situación laboral de los trabajadores, que esté correctamente clasificada y sea de acuerdo con los sistemas nacionales de clasificación, garantizar los procesos de transparencia.

Al mismo tiempo se busca garantizar que los trabajadores de las plataformas disfruten del derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical.

Junto a ello se pretende también garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a la seguridad y salud en el trabajo, así como a prestaciones de Seguridad Social adecuadas, mediante la ampliación y adaptación de los marcos políticos y jurídicos cuando sea necesario