El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha abierto expediente a Alejandra Matamoros, abogada del rapero Pablo Hasél, tras la denuncia recibida el martes de la Confederación Española de Policía (CEP) contra ella por unas declaraciones en varios medios de comunicación, en las que, según explica el sindicato «reivindicaba el derecho a odiar a los policías nacionales, se negaba a condenar la violencia en las calles de Madrid y Barcelona del pasado 17 de febrero» y acusaba al Cuerpo de «torturar y maltratar indiscriminadamente a ciudadanos».
La denuncia fue remitida por el secretario general de la CEP, Víctor Martínez Vigil, al decano del ICAM, José María Alonso, quien ha contestado en una misiva a la CEP que ha dado traslado al Departamento de Deontología para que abra el correspondiente expediente a fin de que determine si se ha producido o no la vulneración al Código deontológico denunciada por el sindicato.
Según ha informado el CEP, José María Alonso también ha mostrado su «total y absoluto apoyo a la gran labor que realiza el Cuerpo de Policía velando por los intereses y defensas de los ciudadanos».
La CEP ha agradecido públicamente su diligencia en la tramitación y también su gesto con esas palabras, que agradece «por su contundencia».
El CEP ha denunciado este caso al considerar que la letrada Matamoros habría vulnerado el Código Deontológico de la Abogacía Española, en su artículo 3, con unas declaraciones “impropias de un profesional del Derecho, vertidas con desprecio a la verdad, con un profundo desconocimiento de la realidad y condicionadas por un evidente odio personal ajeno a cualquier objetividad, no representando al conjunto de la Abogacía de Madrid”.
En la denuncia señala que, al margen de las opiniones personales que se puedan tener, «es indignante que pueda haber manifestaciones de una letrada en las que se anima y defiende el odio a unos ciudadanos y se afirma, sin prueba alguna, que el maltrato policial es generalizado y sistemático».
Artículo 3 del Código Deontológico, sobre libertades de defensa y de expresión, señala que quienes ejercen la Abogacía tienen el derecho a la plena libertad de defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes; que la libertad de expresión está especialmente amparada por la Constitución Española, la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y demás legislación que pueda resultar aplicable; y que la libertad de expresión no legitima el insulto ni la descalificación gratuita.
Asimismo, indica que no se podrán utilizar medios ilícitos ni el fraude como forma de eludir las leyes; y que se debe ejercer las libertades de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a las normas de la correcta práctica profesional, procurando siempre la concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos establece la normativa vigente, exigiendo tanto de las Autoridades, como de los Colegios, todas las medidas de ayuda en su función que les sean legalmente debidas.
La CEP también ha denunció el pasado lunes ante la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) el tuit en el que el portavoz en el Congreso de los Diputados de Unidas Podemos, Pablo Echenique, respaldó las protestas en las calles contra la encarcelación de Hasél; por «incitar o reforzar» a quienes participaron en disturbios en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona y Valencia.
Considera que Echenique ha podido incurrir en un delito por «incitar» a la violencia, recogido en los artículos 557 y 559 del Código Penal.
«Entendemos que no pueden quedar impunes este tipo de declaraciones por parte de un político, que encima vienen de un partido en el Gobierno y que merecen reproche penal para que no se vuelva a repetir», ha señalado a Confilegal el secretario general de la CEP, Víctor Martínez Vigil.
Además, destaca que al venir de un político cuyo partido está en el Ejecutivo, «esas declaraciones son peligrosas porque podrían estar legitimando el uso de la violencia en ese tipo de manifestaciones o concentraciones».
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