El "favor" de tratar de suspender los nombramientos de ocho altos cargos del CGPJ muestra el "espíritu colaborativo" de Carlos Lesmes.
¿Guarda Lesmes esperanzas de llegar a Constitucional todavía? Todo indica que sí
|
25/2/2021 06:46
|
Actualizado: 25/2/2021 03:08
|
El indicio había sido «el favor» de suspender la elección de los candidatos para las ocho plazas en liza prevista para el Pleno de hoy, a la vista de que, por cuarta vez consecutiva, PSOE y PP habían reanudado el proceso de negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ocho plazas importantes: tres de magistrados del Tribunal Supremo -dos de la Sala de lo Civil y una de la Sala de lo Social-, dos Presidencias de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) -Canarias y el País Vasco-, y dos de Audiencias Provinciales -Almería y Salamanca- y una plaza de magistrado de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco.
Lo que no suspendió Lesmes fue la elección de los candidatos a 5 órganos de la jurisdicción militar: una de auditor presidente del Tribunal Militar Territorial 2 de Sevilla, una plaza de juez togado en el Juzgado Togado Militar Central 2 de Madrid, otra plaza de juez togado en el Juzgado Togado Territorial 52 de Las Palmas de Gran Canaria, una de vocal togado en el Tribunal Militar Territorial 2 de Sevilla y una de vocal tgogado en el Tribunal Militar Territorial 1 de Madrid.
¿Por qué sí a la suspensión de las ocho plazas primeras y no a las 5 segundas?
Por lógica es porque las 5 militares no poseían la importancia «política» que tenían las 8 «civiles». De ahí que las omitiera.
Cuando un CGPJ empieza a llegar a su fin es costumbre que buena parte de sus miembros «se busquen la vida», aprovechando el trampolín del órgano de gobierno de los jueces. Suele suceder en torno a un año o un año y medio antes.
No son todos, también es cierto.
LOS ANTERIORES PRESIDENTES DEL CGPJ Y DEL SUPREMO NO DIERON EL SALTO DIRECTO AL CONSTITUCIONAL
En el caso del actual Consejo, es del conocimiento general el interés del actual presidente en funciones de subir un escalón más en su carrera, llegando al Supremo. Siguiendo los pasos de algunos antecesores suyos, como Pascual Sala, Javier Delgado Barrio o Francisco Hernando, si bien ninguno de ellos hizo el cambio directo que pretende hacer él, de una casa a la otra.
Éste habría sido la «última manita» a las fuerzas políticas –el otro habría sido el informe favorable al nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado–, de ahí que se aviniera a la suspensión de las ocho plazas mencionadas.
Mientras hay vida hay esperanza.
Una decisión que se vio truncada por la imposición de ocho vocales de que se incluyera en el orden del día del Pleno dichos nombramientos, invocando los artículos 35 y 36 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial que dice que si un mínimo de cinco vocales solicitan que se discuta un asunto en el Pleno debe incluirse en el orden del día.
Ocho vocales, seis del lado conservador –José María Macías, Vicente Guilarte, José Antonio Ballestero, María Ángeles Carmona y Gerardo Martínez-Tristán– y tres del lado progresista –Roser Bach, Victoria Cinto y Enrique Lucas–, pusieron el gozo en un pozo de Lesmes.
INCERTIDUMBRE
El sentir mayoritario, entre los vocales del CGPJ, según ha pulsado Confilegal, es que si se han seguido todos los pasos para hacer los nombramientos lo lógico es que se lleven a cabo. No tiene sentido no hacerlo.
Sólo si a lo largo de la mañana se produce la noticia de que PSOE y PP han cerrado el acuerdo definitivo para la renovación, después de dos años y dos meses de tiempo sobrepasado sobre el mandato de cinco años, se podría producir la suspensión de la votación.
Para llevar a cabo con éxito los nombramientos son necesarios trece votos.
INFORME SOBRE LA LEY MONTERO
El orden del día de mañana también incluye el informe preceptivo que este órgano debe hacer Anteproyecto de Ley de Libertades Sexuales del Ministerio de Igualdad, que incluye aspectos como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual.
El texto que se somete a debate pone algunas objeciones a la propuesta del Gobierno respecto a la definición de consentimiento. En concreto, creen que «puede comportar una inversión de la carga de la prueba».
Además, cree que hará girar los interrogatorios hacia el modo en que la víctima suele prestar consentimiento sexual para determinar el alcance de las circunstancias concurrentes.
En cuanto a la introducción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual, los ponentes del texto que se somete mañana a debate creen que podría tener un efecto de desprotección de la víctima al resultar irrelevante el empleo de un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor.
Noticias Relacionadas:
