La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha informado que los vocales electivos de su lista en el Consejo Fiscal han procurado hoy en la reunión de este órgano el apoyo a reivindicaciones históricas de la Carrera Fiscal, y que «no ha sido posible como consecuencia del voto en contra de una vocal electiva de la Asociación de Fiscales (AF) y la abstención del resto de los vocales de dicha asociación».
La UPF indica que «ha procurado la unidad de actuación en defensa de los intereses de los fiscales», por entender que estas medidas «son imprescindibles, tanto para reforzar el modelo actual de Ministerio Fiscal dotándolo de mayor autonomía, como para abordar con plenas garantías las reformas que desde el Ministerio de Justicia se impulsan».
Medidas que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, también ha planteado recientemente al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, algunas de las cuales están estrechamente vinculadas a la presentación del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y a la puesta en marcha de la Fiscalía Europea.
«La UPF está convencida de que la voluntad última del Consejo Fiscal será llegar al consenso para lograr el apoyo al conjunto de estas medidas», ha manifestado a Confilegal la presidenta de la UPF, Teresa Peramato, fiscal ante el Tribunal Constitucional.
Los vocales electivos de la UPF en el Consejo Fiscal reclaman que se incremente la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, una revisión del modelo de categorías y, especialmente, las plazas de abogado fiscal, la creación inmediata de un grupo de trabajo para abordar la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que refuerce la autonomía funcional y orgánica de la institución, así como la reforma urgente de determinados aspectos del Estatuto Orgánico, y la aprobación y publicación del nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal
También piden la prórroga del plazo de 10 días naturales para los actos de comunicación telemática del Ministerio Fiscal, previsión que finalizó el 31 de diciembre de 2020; la implantación de un sistema uniforme de gestión de los desplazamientos de los fiscales en las actuaciones presenciales que tengan lugar fuera de su sede habitual; la atribución al Ministerio Fiscal de la condición de autoridad central para la tramitación de las comisiones rogatorias; y la atribución a la Fiscalía General del Estado de la competencia para resolver los concursos de traslado reglados para la cobertura de plazas en el Ministerio Fiscal.
Otras de su reivindicaciones es la firma de un convenio de prevención de riesgos laborales entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio Fiscal, y elaboración de un plan de prevención.
Además, piden la derogación de la previsión contenida en el artículo 67 del EOMF respecto de la competencia del ministro de Justicia para resolver los recursos de alzada contra las resoluciones del fiscal general del Estado en materia disciplinaria.
Asimismo, solicitan la fusión de la formación inicial de los alumnos en prácticas de las carreras judicial y fiscal.
También exigen la revisión al alza del sistema de retribución de las guardias, especialmente las semanales; la publicación del escalafón actualizado del Ministerio Fiscal en el Boletín Oficial del Estado, ací la concesión de las medallas de San Raimundo de Peñafort conforme a las propuestas que han sido efectuadas por el Consejo Fiscal.
