El tribunal del ‘caso procés’ ha pedido un informe al Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de responsabilidad contable que en relación a los condenados por malversación en esta causa están en tramitación con motivo de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Quiere acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de 4,1 millones de euros.
Los condenados por malversación, además de por sedición, son el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.
CUADRO DE DELITOS Y PENAS
El requerimiento se realiza a instancias de la Abogacía del Estado en relación al expediente que se sigue por las peticiones de indulto a dichos condenados.
En concreto, el tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo que juzgó el caso, a través de un oficio, pide informe a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sobre la actuaciones previas u otros procedimientos de exigencia de responsabilidad contable que estén en tramitación con motivo de estos gastos, con remisión de testimonio de las actas de liquidaciones provisionales, en particular la del 28 de enero de 2020, para acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de 4,1 millones.
El pasado 10 de febrero los servicios jurídicos del Estado preguntaron al TS por esta «información complementaria» relativa a la devolución de las cantidades malversadas en el proceso independentista en Cataluña, al considerarla imprescindible para poder elaborar su informe sobre la conveniencia o no de otorgar indultos a los líderes independentistas condenados.
El tribunal no determinó en la sentencia la cuantía económica de la malversación, tan solo la situó ampliamente por encima de los 250.000 euros que marcan el tipo agravado.
En la sentencia ya fijó que sería el Tribunal de Cuentas el encargado de dirimir y reclamar la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido estos cuatro condenados por malversación de fondos públicos, además de por sedición.
En febrero de 2020, el Supremo puso a disposición del Tribunal de Cuentas los más de 2,1 millones de euros en fianzas consignados por los en su día investigados de cara a cubrir la responsabilidad contable que termine por fijarse en el juicio contable, un asunto que aún está pendiente de sustanciarse.
El Tribunal de Cuentas aún tiene el expediente abierto.
En su día, la delegada instructora del Tribunal de Cuentas calculó que la cantidad que presuntamente fue desviada para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 era de 4.146.000 euros.
Se trata de unos datos de interés a tener en cuenta a la hora de valorar por parte de la Abogacía del Estado la situación de cada uno de los condenados y establecer si han cumplido ya con las obligaciones económicas derivadas de las condenas que se les impusieron.
LA FISCALÍA SE OPONE A LOS INDULTOS
El Supremo, tras recabar la información penitenciaria respecto de los 12 condenados, nueve de ellos en prisión, ya cuenta con el informe de la Fiscalía, que se opone a la concesión de la medida de gracia debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación.
El de la Abogacía del Estado está pendiente.
Tras analizar los argumentos de estas dos acusaciones, el Supremo emitirá su propio informe, si bien ninguno de ellos es vinculante para el Gobierno, que es el que debe decidir sobre la aplicación de los indultos solicitados.
Se han presentado al menos siete peticiones de indulto a favor de Junqueras, los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; ‘Los Jordis’; y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.
Algunos de ellos se refieren a todos los condenados, mientras que otros sólo a algunos.
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