La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) condena que se realicen «descalificaciones personalizadas y campañas de descrédito hacia miembros del poder judicial».
Así se manifiesta en un comunicado en el que expresa su apoyo al magistrado de la Audiencia Nacional José Rircardo de Prada «ante los ataques sufridos», según explica, a raíz de la reciente sentencia de la Sala de lo Penal -de la que fue ponente el magistrado- que absuelve a la exjefa de ETA ‘Anboto’, del atentado contra la Comisaría de Oviedo, cometido por la banda terrorista el 21 de julio de 1997.
La entidad, de la que es portavoz Ascensión Martín, sostiene que «ante una sentencia se pueden plantear legítimamente todo tipo de críticas argumentadas».
«Sin embargo, no consideramos admisible que los medios realicen descalificaciones personalizadas y campañas de descrédito hacia miembros del poder judicial», agrega.
«Se trata de una sentencia que motiva las razones en las que fundamenta dicha decisión. Y en dicha resolución De Prada ha intervenido en el ámbito de su actividad profesional, como miembro de un órgano colegiado y en el ejercicio de la independencia judicial protegida constitucionalmente», afirma la asociación.
Asimismo, añade, «no resulta habitual que la fiscalía en sus recursos se refiera a un magistrado ponente (en este caso a José Ricardo de Prada) imputándole de forma reiterada actuar con ‘abierta arbitrariedad’. Debemos recordar que el respeto institucional ha de ser la base de toda actuación ante los tribunales».
«Desde Juezas y Jueces para la Democracia volvemos a manifestar que la independencia judicial no es un privilegio de la judicatura, sino una garantía de que quienes integran el poder judicial aplicarán el ordenamiento jurídico sin ningún tipo de presión».
En consecuencia, subraya, «ello implica el respeto a las actuaciones judiciales, que resulta compatible con la libertad de expresión para expresar discrepancias con el contenido de las resoluciones».
De Prada formó parte del tribunal que juzgó la pieza Gürtel Primera Época (1995-2005) cuya sentencia, en 2018, provocó la moción de censura al Gobierno del Partido Popular y la salida de Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa. En aquella resolución el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo.
El magistrado ha sido noticia durante la últimas semanas en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que su nombre suena entre los candidatos propuestos por el PSOE y Podemos, pero supone una línea roja para el PP.
Y es que, el PP consideran ilegal su nombramiento como jurista de reconocido prestigio siendo como es magistrado en ejercicio.
Su responsable de Interior y de Justicia, Enrique López, calificaba recientemente los planes del PSOE para validar el nombramiento de De Prada de «cambalache», de «filibusterismo legal» y de «ilegalidad clara» porque, según explicó, lo que se pretende es que, para que encaje como jurista, De Prada pida la excedencia durante un día y al día siguiente los llamados servicios especiales.
Esta es una de las razones que mantiene encalladas las negociaciones para la renovación del CGPJ, algo que tendría que haberse producido en diciembre de 2018.
