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La hostelería frente a la crisis del COVID

La hostelería frente a la crisis del COVID
El columnista, Enrique Díaz Revoiro, es director del Departamento de Derecho Concursal de IAG y letrado de la Administración de Justicia en excedencia.
12/3/2021 06:47
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Actualizado: 12/3/2021 01:16
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Cantaba Joaquín Sabina que “solo en Antón Martín hay más bares que en toda Noruega” y, aunque seguramente se trate de una afirmación carente de rigor numérico, sí es muy descriptiva de nuestro carácter y de la realidad social en la que vivimos.

Bares, terrazas, cafeterías o restaurante, son nuestros lugares de reunión por excelencia: cuando hay que hablar, cuando hay que celebrar o cuando vamos a desconectar de una jornada de trabajo lo hacemos en torno a una mesa, o a una barra.

De esta forma, la hostelería se ha convertido en un termómetro de la vida de las calles de nuestras ciudades y pueblos.

Los bulevares de nuestras avenidas sin sus terrazas son cauces sin agua, las calles y plazas sin restaurantes o cafeterías son etapas sin repostaje ni avituallamiento, y hasta la más pequeña localidad tiene su bar que se convierte en el centro social de reunión de los vecinos.

Cuentan que los ponentes de nuestra vigente Constitución negociaron gran parte del texto en la sobremesa de un restaurante, seguramente mientras cientos de españoles a los que la Carta Magna iba dirigida, jugaban al dominó en otros establecimientos menos glamurosos.

Pero la salud es lo primero, y ante una pandemia mundial de la dimensión del COVID, los Gobiernos se ven obligados a adoptar medidas de salud pública que, para reducir los contagios, incluyen limitaciones a la libertad deambulatoria de los ciudadanos.

El estado de alarma, que hasta ahora sólo había sido usado una vez en democracia, se ha convertido ya en una situación de normalidad en nuestras vidas, o mejor dicho, de nueva normalidad; y en el segundo de los estados de alarma decretados durante esta crisis, la competencia para la adopción de las necesarias medidas ha recaído en las Comunidades Autónomas.

Mi madre es de un pueblo en el que cruzando un pequeño puente cambias de comunidad autónoma y estoy convencido de que no hemos sabido explicarle al virus la realidad autonómica de España y por eso no es consciente de que no debe atravesar determinados linderos.

Entre las asimétricas normas de control sanitario que se han adoptado, una recurrente ha sido el cierre de la hostelería, para evitar esas reuniones sociales que facilitan la propagación de la enfermedad. Pero hemos podido ver que esta medida ha tenido diferente alcance en las diferentes Comunidades, por criterios como la hora del toque de queda, el cierre perimetral de territorios, los aforos de establecimientos, la prohibición de espacios cerrados, el número de personas por mesa, la obligación de mamparas, geles o mascarillas, etc.

Y todas estas diferencias, también han generado resoluciones judiciales dispares sobre la aplicación de los decretos autonómicos.

Mientras que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Auto de 9 de febrero de 2021, dictado en el procedimiento de medidas cautelares 12/2021, considera que “no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad”, y por el contrario “el cierre de las actividades hosteleras (…) genera un grave quebranto económico”, por lo que acuerda la apertura de la hostelería con “servicio de terraza, 50% del aforo interior, distancia de al menos metro y medio entre personas sentadas en mesas diferentes, agrupaciones de 4 clientes máximo por mesa, no pudiéndose unir dos mesas o más, prohibiéndose el consumo en barra o de pie”; el TSJ de Cantabria por Auto de una semana después desestima una medida aparentemente idéntica promovida por los Empresarios de Hostelería de Santander contra la orden de Sanidad que mantiene el interior de sus locales cerrados.

EFECTOS ECONÓMICOS

Es evidente que las diferentes normativas, aunque persiguen la finalidad común de salvaguardar la salud de los ciudadanos, generan diferentes efectos económicos.

Por ejemplo, la diferencia en un par de horas en el momento de cierre de los locales supone el umbral entre que se puedan dar cenas o no. La cuestión no es baladí si tenemos en cuenta la participación del sector en el PIB y que nueve de cada diez puestos de trabajo que se han perdido con el COVID han desaparecido en el sector servicios.

Y es muy humano que el hostelero que se ha visto obligado a cerrar mire con envidia a su compañero de un par de pueblos más allá, con quien posiblemente comparte distribuidores o incluso clientes, y que puede estar abierto.

Lo cierto es que muchos empresarios, algunos de ellos incluso con estrella, se han lanzado a una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración, tanto central como autonómica, por los daños y perjuicios que los cierres les han ocasionado sin que, en los términos utilizados por el artículo 32 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, exista un deber jurídico de soportarlos; mientras que otros sectores, también con locales abiertos al público, sí han podido continuar con su actividad.

A la espera de ver si los fondos de la Unión Europea se transforman en ayudas al sector, supongo que el Gobierno estará muy tranquilo al haberle confirmado sus asesores que se presentarán como mucho una o dos reclamaciones patrimoniales aisladas, pero lo cierto es que la propia Ley Orgánica 4/1981 que regula el estado de alarma prevé en su artículo tercero que “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

Según datos de la CEOE, en 2019 la hostelería española se mantuvo por encima de los 315.000 establecimientos, los cuales emplearon a 1,7 millones de trabajadores y tuvieron una facturación de 129.341 millones de euros, que representa en términos de VAB un 6,2% del PIB nacional.

Sin embargo, con la crisis, en 2020 la facturación se ha reducido más del 50%, con pérdidas de más de 67.000 millones de euros que han llevado a la desaparición de cerca de 100.000 negocios y con ellos 400.000 empleos, mientras que 900.000 trabajadores se tuvieron que acoger a un ERTE.

Muchas empresas todavía no han visto viable la apertura y una parte de los ellas se verán abocados a cerrar definitivamente. Entre enero y febrero de 2021, a pesar de la moratoria, los concursos de acreedores de negocios de hostelería se han disparado un 125%, con un total de 881 procedimientos declarados en lo que llevamos de año.

Hemos visto quebrar a Zalacaín y puede que veamos el cierre de L’Hardy, pero también los de los sueños de cientos de familias que dependían de sus pequeños negocios de barrio.

Todo ello una verdadera tragedia y como tal la trata la Sentencia 59/2021 de la sección primera de la Audiencia Provincial de Gerona, que condena a una aseguradora a satisfacer la cobertura de riesgo en una cantidad de 200 euros diarios a una pizzería que se vio obligada a cerrar, por la pérdida de beneficios derivada de la paralización de su actividad.

Como vemos, es entendible que siempre que la salud pública lo exija habrá que cerrar todo lo que sea necesario, pero no está tan claro quién debe asumir, total o parcialmente el impacto de estos cierres.

La solución final deberán darla los gobiernos, tanto nacional como autonómicos y las organizaciones supranacionales con competencias, pero mientras tanto hay un sencillo gesto que los ciudadanos de a pie podemos hacer: dejar buenas propinas. Otra de las consecuencias de la pandemia ha sido un significativo cambio en nuestros hábitos de pago.

Hasta hace un año, sólo usábamos la tarjeta para pagos de cierta cantidad, mientras que las pequeñas consumiciones las abonábamos en metálico; pero ahora nadie “echa mano al bolsillo” y hasta un simple café lo pagamos con la tarjeta, el móvil o el reloj, lo que se ha traducido en un tremendo descenso en una tradición tan española como “dejar algo al bote”.

Confío en que el Gobierno pueda ayudar a este importante sector, evitando su colapso y el de los juzgados llamados a tramitar sus concursos de acreedores, pero mientras tanto, yo dejo propina.

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