La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará en abril las presuntas irregularidades en el banco de alimentos de Camargo.
Están acusados por un presunto delito de malversación con los vales de comida los dos voluntarios del banco de alimentos.
Serán juzgados por un jurado popular entre el 19 y el 23.
La Fiscalía pide 18 meses de prisión para la fue secretaria de Ganemos Jimena González, mientras que el Ayuntamiento, que ejercita la acusación particular, reclama 22 meses.
González era exsecretaria del entonces concejal no adscrito Marcelo Campos, que fue expulsado de Ganemos y posteriormente del equipo de gobierno.
Ella fue cesada en noviembre de 2016, tras detectarse las irregularidades.
La Fiscalía también pide que Jiménez indemnice al Ayuntamiento por el importe de vales de comida que supuestamente repartía entre personas no incluidas en la lista de beneficiarios del Banco de Alimentos, a determinar en ejecución de sentencia y cuyo importe oscilaría «entre 1.000 y 3.000 euros».
Además, el Ministerio Público y el Consistorio reclaman que sea inhabilitada para empleo o cargo público durante tres años, y que se le impunga una multa, que oscila entre los 3.600 euros que pide la Fiscalía y los 5.040 que solicita el Ayuntamiento.
Para el otro voluntario acusado, F. M. P., ambas partes solicitan seis meses de cárcel, inhabilitación de un año y multa de entre 150 y 360 euros.
El Ayuntamiento pide, además, que ambos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a esta administración por el importe de vales de comida repartidos irregularmente.
SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL BANCO DE ALIMENTOS
Según se desprende del auto de apertura de juicio oral, dictado por el magistrado Luis Enrique García Delgado, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, la que fuera secretaria del concejal de Servicios Sociales asumió a su llegada la «supervisión y control total» del Banco de Alimentos, y especialmente el reparto de vales de compra, en el que actuaba como «una especie de jefa de voluntarios a la hora de supervisar las entregas que se hacían a éstos de los vales».
«Era quien de facto -y sin cobertura legal- se ocupaba de repartir los vales entre los voluntarios», pese a que el secretario del Ayuntamiento «advirtió expresamente al concejal y a la acusada de que no podía realizar funciones administrativas de reparto de vales», relata el juez instructor.
Según expone, en septiembre de 2016 repartió vales a «al menos 14 personas no incluidas en las listas de beneficiarios ni familiares de éstos, y se quedó para sí misma al menos 30 vales», entre otras irregularidades.
Añade que la acusada «cambió el sistema de reparto de vales», lo que hizo imposible controlar cuáles fueron entregados correctamente y cuáles no, si bien se pudo comprobar que en varias compras de finales de septiembre se usaron 8, 10, 12 o incluso 20 vales en una misma compra, cuando el número máximo que se podía repartir por unidad familiar era de cinco.
El juez indica que «el descuadre entre los cheques girados y los beneficiarios que inicialmente puede ser atribuido a la acusada es al menos de 160 bonos» por importe de 10 euros cada uno, lo que hace un total de 1.600 euros.
Además, señala que los dos acusados consumieron productos previamente adquiridos con tales vales en una fiesta particular que celebraron en un camping de Valderredible, por importe de 270 euros.
Esta causa deriva de la denuncia del concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Camargo, Jorge Crespo, que puso en conocimiento del juez varios hechos relacionados con los dos investigados y su papel como voluntarios en el banco de alimentos.
La denuncia dio lugar a la investigación interna del Consistorio y a tres procedimientos.
Uno de ellos, relacionado con la recaudación de una fiesta solidaria celebrada en Punta Parayas, terminó por sobreseerse; otro se siguió por delito leve por la venta de unos palés del banco de alimentos y culminó con una sentencia absolutoria, y el tercero es el relacionado con el supuesto uso irregular de los vales de comida, que será juzgado en abril.
