El "no debate" telemático tuvo su epicentro en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid. La introducción corrió a cargo de su decano, José María Alonso, flanqueado por los diputados (como se denomina a los miembros de la Junta de Gobierno) María Segimón y José Ignacio Monedero. La presentación corrió a cargo de la periodista Verónica Sanz. Los intervinientes fueron, por orden de intervención, Jacinto Morano, por Unidas Podemos, Pablo Gutiérrez de Cabiedes, por VOX, Hugo Martínez Abarca, por Más Madrid, Emy Fernández Luna, por Ciudadanos, Enrique López, por el PP, y Pilar Llop por el PP.
Fracaso de los políticos en el «no debate» del ICAM y éxito rotundo del Colegio de Abogados
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29/4/2021 13:35
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Actualizado: 30/4/2021 11:02
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El «no debate» organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) fue lo que se esperaba: una sucesión de seis entrevistas de 15 minutos, realizadas a gran velocidad, y de forma telemática que constató, de forma fehaciente, un hecho evidente y claro: el fracaso de la política al haber hurtado a la ciudadanía el derecho a contrastar sus planteamientos y sus propuestas sobre la gestión de la cosa pública en un debate al uso.
Esa ha sido la cruz. Una lamentable cruz propiciada por Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE tras los rifirrafes de los candidatos de VOX y Unidas Podemos, Rocío Monasterio y Pablo Iglesias, en los debates celebrados en la televisión autonómica y en la radio. Los tres partidos hicieron causa común y se negaron a debatir con los representantes de VOX.
Una pena, habiendo escuchado y visto a los seis participantes durante más de una hora y media, casi con toda seguridad no se habría producido ese mismo desenlace. Pero las estrategias electorales de la polarización política mandan y los resultados de las encuestas que van haciendo periódicamente, mandan.
La cara, hay que reconocerlo, el éxito del ICAM al haber podido organizar, contra viento y marea, este evento, un «no debate» sobre justicia y abogacía –en este caso– que se había convertido en un clásico en tiempos de comicios electorales como estos. Con el conocimiento de la trastienda, de lo que ha costado reunirlos a todos, aunque sea de esta forma, el calificativo no puede ser otro.
UN «NO DEBATE» CON ESTRUCTURA
El «no debate» estuvo compuesto de seis entrevistas, realizadas por la periodista Verónica Sanz, que bebía mucha agua pero que fue muy profesional –al César lo que es del César–, sobre cinco bloques temáticos: infraestructuras, recursos humanos, digitalización y nuevas tecnologías, resolución de conflictos, mediación y arbitraje y justicia gratuita y turno de oficio.
Jacinto Morano, por Unidas Podemos, y Hugo Martínez Abarca, por Más Madrid, se opusieron a los planes del gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, de construir la Ciudad de la Justicia de Madrid mientras que Pablo Gutiérrez de Cabiedes, por VOX, Emy Fernández Luna, por Ciudadanos, y Enrique López, por el PP, se mostraron a favor.
La representante del PSOE, Pilar Llop, por su parte, reconoció su necesidad pero planteó otra más grande: definir el modelo de Justicia que se necesita.
En lo referente a la digitalización de la Justicia, Morano subrayó que es necesario aumentar la recaudación fiscal para poder contar con más medios. Martínez Abarca abogó por pedir fondos europeos para acabar con la falsedad del papel cero.
Gutiérrez de Cabiedes abogó por la implantación efectiva del expediente digital electrónico, coincidiendo con Martínez Abarca en que hay oficinas judiciales literalmente enterradas en papel.
Sobre estas líneas, Jacinto Morano, de Unidas Podemos.
Pablo Gutiérrez de Cabiedes, de VOX.
En la misma línea se expresó Fernández Luna, quien, además de defender lo mismo, planteó la necesidad de implantar un protocolo de desconexión digital.
El candidato del PP, y consejero en funciones de Interior, Justicia y Víctimas, López, agradeció el consenso de todas las fuerzas políticas sobre este asunto, y subrayó que en la Comunidad de Madrid están «cerca de conseguirlo».
Recordó que ya han instalado 2.800 accesos de la aplicación Isla para funcionarios, a los que se les ha entregado 4.000 ordenadores portátiles, con 1.140 licencias de la aplicación Zoom, para conexiones telemáticas, así como también a todos los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.
La firma electrónica, recordó, ya está implantada en un 80 % del sector en la Comunidad de Madrid.
La candidata del PSOE por Madrid, y presidenta del Senado, Llop, subrayó que Madrid no puede ir de por libre en este campo porque en la Justicia confluyen tres administraciones: el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia de la Comunidad Autónoma. De acuerdo con Llop, es necesario establecer un diálogo de cogobernanza entre las tres administraciones. No se puede ir de por libre en lo que la digitalización se refiere.
El representante de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca.
Emy Fernández Luna, de Ciudadanos.
Por lo que se refiere a recursos humanos, tanto Unidas Podemos como Vox, Más Madrid y Ciudadanos, plantearon la necesidad de contratar más personal, por una parte –250 personas, según Morano–, y en hacer frente al problema de la temporalidad.
El PP recordó que, desde que se había asumido la competencia en Justicia, en 2003, se había aumentado la plantilla de funcionarios en un 42 %, un tiempo en el que habían tenido que crear 172 nuevos órganos judiciales, porque así lo dispuso el Ministerio de Justicia –al que pertenece la competencia de su diseño a nivel nacional–, han cuadruplicado la plantilla de trabajadores sociales y de psicólogos y han hecho frente al déficit de personal con la bolsa de interinos, que han actualizado.
Su objetivo, señaló López, no es que haya más funcionarios, porque la plantilla la decide el Ministerio de Justicia, sino que, además, que trabajen seguros, recordando que fueron la primera Comunidad Autónoma que respondió contra el Covid-19, tomando medidas rápidas.
El PSOE refirió el hecho de que la estructura de la justicia es decimónica, que hay una asignatura pendiente que es la modernización de los recursos humanos y que se ha perdido mucho tiempo en estos 26 años de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid.
En lo que sí coincidieron todos los partidos políticos participantes en este «no debate» es en la adopción de los métodos alternativos de resolución de conflictos y en la promoción de la cultura de la mediación.
Los baremos que se aplican al turno de oficio, tanto de abogados como de procuradores, también fueron centro de atención. Y también hubo consenso en cuanto a su mejora
Morano recordó que desde 2003 no se actualizaban y que habían tenido una caída del 36 % de su valor por la crisis de 2008, por lo que había que promulgar una ley reguladora de servicios de orientación jurídica que impidiera que eso volviera a ocurrir.
Gutiérrez de Cabiedes, por VOX, Martínez Abarca, por Más Madrid, y Fernández Luna, por Ciudadanos, se expresaron en la misma línea de mejora, sin coincidir en la propuesta de ley.
La candidata naranja optó por la reforma del Reglamento de Justicia Gratuita, haciendo especial hincapié en la redefinición de los módulos de pagos, pensando especialmente en los abogados y procuradores del turno de oficio que tienen que encarar las macrocausas.
Enrique López, candidato del PP y actual consejero en funciones de Interior, Justicia y Víctimas.
PIlar Llop, candidata del PSOE-M, número 3 en la lista, magistrada en servicios especiales y presidenta del Senado,.
López, en su intervención, afirmó que le parecía vergonzoso y paradójico que los partidos que están en el gobierno de la nación exijan a la Comunidad actualizar lo baremos cuando ellos no lo han hecho.
Y refirió que hay Comunidades Autónomas cuyos abogados y procuradores del turno tienen un cien por cien de déficit, como ocurre en Castilla-La Mancha, con respecto a lo que cobran los abogados de Madrid.
El representante del PP se comprometió, si ganan las próximas elecciones, a aumentar los baremos y a seguir pagando mes a mes el turno de oficio, como hasta ahora.
Pilar Llop, la última en intervenir, acusó al PP de no aumentar los baremos y se comprometió, si ganan las elecciones, a recuperar las cantidades que se habían dejado de percibir.
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