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Tres asociaciones de jueces denuncian ante la Comisión Europea la «injerencia peligrosa» del poder político en el CGPJ

Manuel Almenar, presidente de la APM; Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de AJFV; y Concepción Rodríguez, presidenta de FJI, denunciaron, ante la Comisión Europea –el Ejecutivo de la Unión– la injerencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial en España.
| | Actualizado: 01/05/2021 11:33

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV), el Foro Judicial Independiente (FJI) denunciaron ayer la «injerencia peligrosa» del poder político en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la reunión que sostuvieron con representantes de la Comisión Europea, el Ejecutivo de la Unión.

La cuarta asociación, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), defendió el derecho del Gobierno a restringir, a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la competencia que antes tenía el CGPJ para hacer nombramientos discrecionales una vez cumplido su mandato, como es el caso.

La reunión telemática se produjo con los responsables políticos de la Unidad de Política de Justicia y Estado de Derecho de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, Pablo Olivares y Sara Vassalo Amonim.

Este departamento tiene por objeto velar por el estado de derecho en los diferentes países de la Unión. Para ello realiza todos los años un informe. El primero se llevó a cabo en 2019 y el segundo en 2020.

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En esta edición trata, en particular, el progreso y otras actualizaciones respecto a los puntos mencionados en 2020, así como otros avances relevantes desde enero de 2020.

También abordará, desde el punto de vista del Estado de Derecho, las medidas tomadas en relación con la pandemia del COVID-19 con respecto a las cuatro áreas tratadas en el informe: Sistema Judicial; Marco de lucha contra la corrupción; Pluralismo de los medios de comunicación; y otras cuestiones institucionales en relación con controles y equilibrios.

Las asociaciones de jueces fueron las primeroas en ser entrevistados.

El próximo 5 de mayo hay otra fijada con el Consejo General del Poder Judicial. Próximamente se producirá otra con el Ministerio de Justicia, el Consejo General de la Abogacía Española y otros operadores jurídicos.

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La citada Unidad, de forma previa a la reunión, envía un cuestionario de 5 preguntas. Durante la misma los convocados dan su opinión, como ha sido este caso.

El fin último de estas entrevistas es la elaboración de un informe valorativo sobre el estado de salud del estado de derecho en España y la producción de recomendaciones por parte de la Comisión Europea, que pueden devenir en un «tirón de orejas».

Las cuatro asociaciones de jueces sí expresaron su gran preocupación por la ausencia de renovación del CGPJ, que tienen que llevar a cabo los partidos políticos con representación parlamentaria, y la necesidad acuciante de reformar el sistema de elección.

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La reunión formaba parte de la ronda de contactos que hace Bruselas con los actores relevantes de cada país para revisar su informe anual sobre el Estado de Derecho en los estados miembros, donde reflejará su análisis de la información que ha ido recabando en estas reuniones.

Ayer fue el turno de los jueces españoles, al que han acudido representados por las cuatro asociaciones para contestar a un cuestionario prefijado.

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Según informaron las asociaciones judiciales, uno de los ejes fue la actual situación del CGPJ, que lleva dos años y cuatro meses caducado.

En este punto, las asociaciones coincidieron en que es necesario tanto renovar como abordar una reforma sobre la forma de elección de los miembros del CGPJ en línea con las recomendaciones de la propia Comisión Europea y del Consejo de Europa, conforme a las cuales al menos la mitad de los vocales deberían ser elegidos por los propios jueces. No obstante, difieren sobre por dónde empezar.

ELEGIDOS POR LOS PROPIOS JUECES

El presidente de la APM, Manuel Almenar, expuso que, aunque desearían que la renovación y la reforma fueran «algo simultáneo», llegados a este punto no se puede condicionar la primera a la segunda porque «la renovación es urgentísima» y se demoraría «innecesariamente» si tuviera que esperar a una modificación legal de tal calado.

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Además, Almenar transmitió a Bruselas la preocupación de su asociación por la reforma ya realizada para limitar las competencias de un CGPJ en funciones.

«Aunque pueda parecer inocua, lo cierto es que supone una injerencia peligrosa del poder político en el Poder Judicial», ha dicho.

A este respecto, explicó que la reforma vigente priva al CGPJ de competencias que le reconoce la Constitución para garantizar la independencia de lo jueces y con ello la separación de poderes.

Asimismo, criticó que «descabeza» la carrera judicial porque paraliza los nombramientos pendientes en los altos tribunales, generando con ello «graves disfunciones en la prestación del servicio público».

Por su parte, Jorge Fernández Vaquero defendió la postura de la AJFV, que entiende que, tras la reforma operada, la proposición de ley para cambiar las mayorías parlamentarias por las que se elige a los miembros del CGPJ –ya retirada por PSOE y Unidas Podemos–y las «oscuras» negociaciones para renovar el Consejo, lo acuciante es modificar el sistema de elección de los doce vocales procedentes del turno judicial, para después renovar en base a ello.

En la misma línea se expresó la presidenta de la Comisión Gestora de FJI, Concepción Rodríguez, quien relató a Bruselas que el CGPJ ya no representa a la carrera judicial como debiera porque el mecanismo de designación está agotado.

«Ya son 36 años y no queremos pasar otros 5 más», declaró. Y reivindicó la idea de reformar primero y después renovar.

«Si se volviera al sistema mixto no habría problemas de renovación» porque los jueces cumplirían.

La portavoz de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia defendió, Ascensión Martín, defendió el derecho del Ejecutivo a la reforma realizada.

En cambio, Juezas y Jueces para la Democracia, conforme señaló su portavoz, Ascensión Martín, ha respaldado ante la Comisión Europea que restringir competencias en periodo de interinidad es algo legal que ya ocurre en otros poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Legislativo.

Sin embargo, al igual que sus compañeros, puso de relieve la preocupación de JJpD por la «anomalía democrática» que supone que el CGPJ lleve más de dos años caducado.

En su caso, la asociación progresista abogó por elegir a los nuevos miembros del Consejo, sin perjuicio de que posteriormente se abra un «periodo de estudio» sobre una eventual reforma encaminada a que sean los jueces quienes designen a los doce vocales del turno judicial.

DESCALIFICAIONES A JUECES

La APM, en su valoración de conjunto sobre el panorama de la Justicia en España, sacó a relucir que «se empiezan a detectar actitudes difícilmente compatibles con los valores y principios que inspiran el Estado de Derecho», mencionando en particular las «descalificaciones» a jueces.

«Una cosa es la crítica de las resoluciones judiciales, que es necesaria y consustancial a una democracia, y otra muy distinta que la crítica se transforme en descalificaciones o incluso en amenazas más o menos veladas a través de los medios de comunicación o redes sociales a los jueces que llevan determinadas causas»,  denunció.

Rodríguez también puso encima de la mesa la necesidad de suprimir las «puertas giratorias», proponiendo que si un togado quiere entrar en el mundo de la política pueda hacerlo pero ya no pueda retomar su función jurisdiccional.

Y ello, adujo, para mejorar la imagen de independencia de la Justicia entre la ciudadanía.

En cuanto a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, vio como principal reto para la Administración de Justicia en estos momentos el riesgo que se cernería sobre el Estado de Derecho por los movimientos citados.

OTRO MODELO DE FISCALÍA

Otra de las cuestiones por las que la Comisión Europea preguntó a los jueces españoles es la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), aún en fase de anteproyecto, que trasladará la investigación penal a los jueces para dársela a los fiscales.

Las asociaciones se mostraron de acuerdo en que, si finalmente se implanta este modelo de proceso penal, habrá que pensar también un nuevo modelo de Ministerio Fiscal que garantice la independencia del fiscal instructor.

La APM, explicó Almenar, cree que deben seguir instruyendo los jueces porque «no hay razones que permitan apreciar la necesidad ni la conveniencia» del cambio. Pero, añadió que si se apuesta por el fiscal instructor, habrá que hacer una «profunda reforma» del Ministerio Fiscal para que haya una verdadera autonomía de quienes investigan causas penales.

«El actual diseño no ayuda a generar confianza, y menos aún cuando la actual fiscal general del Estado pasó directamente del Gobierno a la Fiscalía General del Estado», afirmó, en posiciones similares a las de AJFV y FJI, aunque JJpD abogó, asimismo por abordar la reforma del Ministerio Público de forma paralela a la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

LA JUSTICIA EN PANDEMIA

Por último, la Comisión Europea se interesó por cómo ha funcionado la Administración de Justicia durante la pandemia de coronavirus, así como por el uso que se hace de las herramientas digitales en los juzgados y tribunales españoles.

Almenar explicó que la crisis sanitaria ha provocado una ralentización del funcionamiento de la Justicia, sobre todo durante el primer estado de alarma, dando lugar a un aumento de la carga de trabajo y a una demora en la resolución de los asuntos.

Frente a ello, reclamó, más jueces, planes de choque y medidas legislativas para agilizar procedimientos.

Martín puso el acento en la brecha digital, ya que no todos los órganos judiciales ni los ciudadanos cuentan con medios telemáticos, lo cual –advirtió– puede propiciar desigualdad en el acceso a la Justicia, exigiendo igualmente más jueces e inversiones.