La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyes, recibió todos los datos de la Coordinadora de Interinos. Foto: Comisión Europea.
La Coordinadora de Interinos informa a Von der Leyen que el Plan de Recuperación del Gobierno carece de medidas para frenar la temporalidad del colectivo
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04/5/2021 06:50
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Actualizado: 04/5/2021 10:48
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La Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT), en el marco de su denuncia contra la prórroga de los procesos PESCO (Cooperación Estructurada Permanente), ha advertido a las instituciones europeas de que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por España, no incluye la preceptiva sanción al abuso de temporalidad en el sector público ni ninguna medida que vaya a resolver el conflicto de estos profesionales en fraude de ley
Por ese motivo la CEPPT ha acordado acompañar la denuncia realizada ante la Comisión Europea, el pasado 30 de marzo, por la prórroga de los PESCO, con una campaña informativa masiva dirigida a todas las Instituciones Europeas, con el fin de advertir de la reiteración del incumplimiento del Derecho de la Unión por el Estado español.
En sendas cartas enviadas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al director general de la Comisión Europea, Joost Korte, al comisario europeo de Trabajo, Asuntos Sociales e Integración, Nicolas Schmit, y a los titulares de Economía y Hacienda de los Estados miembros, esta Coordinadora denuncia la inacción del Gobierno ante el problema de los interinos en fraude de ley.
En dichas comunicaciones se insiste en que el sector público español no existe sanción contra la temporalidad; así, el Estado español infringe la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco CES, UNICE y CEEP sobre relación laboral de duración determinada en el Sector Público,
También incumple como la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, sentencia de 19 de marzo de 2020 y expedientes C-103/18 y C-429/18), expediente del TJUE (Sección Octava) de 30 de septiembre de 2020 (expediente C-135/20) y sentencia de 11 de febrero de 2021 (expediente C-760/18).
Otra cuestión que destacan es que la única actuación contra la temporalidad excesiva y abusiva del Estado español son los procesos selectivos de estabilización y consolidación, que afectan al personal que tenga un vínculo temporal con las Administraciones Públicas de un plazo mínimo de siete años, y para los que el TJUE concluyó que no existe sanción según la Ley de la Unión Europea (epígrafes 97 y 101 de su sentencia del 19 de marzo de 2020).
En dicha denuncia, a la que ha tenido acceso Confilegal. se insiste en que el Gobierno español vulnera la Directiva 1999/70/CE. No ha establecido ninguna sanción a la Administración por el abuso de temporalidad.
También señala que viola el principio de equivalencia, sancionando el abuso en el sector privado, pero no en el sector público, y por lo tanto manteniendo empleados del sector público desprotegidos ante el abuso de temporalidad y privarlos de los derechos que el Derecho de la Unión reconoce.
La denuncia también destaca que se viola el principio de efectividad que priva a los empleados a plazo fijo en situaciones abusivas del Derecho de la Unión.
También se indica que no ha paralizado los procesos PESCO que han sido cuestionados por el TJUE en sentencia de 19 de marzo de 2020, porque no sancionan cualquier abuso y repara a las víctimas que son despedidas de su lugar de trabajo.
Con esta campaña, la CEPPT también quiere denunciar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por España para su traslado a las Instituciones Europeas, no incluye la preceptiva medida que sancione el abuso de temporalidad en el sector público ni contiene ninguna calendarización de las medidas propuestas por España.
Esta ausencia de calendarización de las medidas junto con la prórroga de los PESCO tienen como único objetivo hacer recaer en el personal abusado todo el peso de la infracción cometida por las administraciones incumplidoras del régimen laboral europeo.
LAS CONTRADICCIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
En dicho documento también se destacan, a juicio de este colectivo de interinos las contradicciones del Ejecutivo en materia de gestión de la temporalidad.
Así señalan que n clara contradicción con el TJUE, el Estado español, el 26 de marzo de 2021 afirmó: “El ordenamiento jurídico español está correctamente adaptado a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa a la CES, UNICE y CEEP Acuerdo Marco sobre relación laboral de duración determinada”.
Sin embargo, expertos como Javier Araúz de Robles, abogado especializado en estos temas, reconoce que aún no se traspuesto dicha Directiva.
Junto con ello reconocen como decepcionante la actuación del nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública contradice abiertamente al TJUE al decir que continuarán los procesos selectivos, que han sido rechazados por el tribunal de Luxemburgo como sanción o solución al abuso.
El abogado Javier Araúz es representante legal del colectivo de los interinos.
Iceta ha presentado un Plan de Choque para frenar la temporalidad en la Administración Pública en tres años, plan que debería presentar en junio de este año con el consenso de sindicatos y Comunidades Autónomas, pero no aclara que hará con los interinos ahora en fraude de ley.
Al mismo tiempo, desde esta Coordinadora se le culpa de haber frenado el acuerdo que ya existía entre el Gobierno Canario y el colectivo de interinos de la administración general aún pendiente de rubricarse y que ha llevado a encerrarse al Comité de Huelga en un edificio público de la Administración insular.
Las últimas noticias que sabemos de este asunto es que la directora general de la Función Pública, Laura Martín, habría señalado que dentro de dos semanas se firmará el acuerdo, ahora revisado con los servicios jurídicos ante el escepticismo del mencionado Comité de Huelga que anuncia un recrudecimiento de los paros en las islas.
Desde esta coordinadora nos aclaran que pese a lo que comentó el ministro Iceta de que cada Comunidad Autónoma tenía libertad para solventar su abuso temporalidad “con lo que hemos visto ante la intervención del propio Iceta todo se dirige desde Madrid”.
DENUNCIA POR DISCRIMINACIÓN DE MUJERES EN JUSTICIA
En otro frente abierto, el pasado 28 de abril el sindicato Acción Sindical Independiente de Justicia (ASIJ), a través de su asesor jurídico, Josep Jover, interponía una denuncia ante la Comisión Europea, admitida ya a trámite por esta institución, de cara a seguir luchando por la estabilidad laboral en el ámbito de la Administración de Justicia y de reducir al máximo la precariedad en el empleo público y el abuso que hace la administración española de los contratos temporales.
El escrito señala que formula «denuncia contra el Estado Español por sufrir las mujeres interinas de la Administración de Justicia española discriminación indirecta por razón de sexo en lo que refiere a las condiciones de acceso a los puestos de funcionario de carrera de la Administración de manera injustificada»,
Así según dicha denuncia se vulnera la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.
También queda vulnerada la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada y los artículos 21 y 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Desde ASIJ se indica que más del 70% del empleo precario en la justicia corresponde a mujeres; mujeres que en su mayoría no viven solas, que, en su mayoría, tienen cargas familiares y son el sustento de familias monoparentales.
Esta organización sindical muestra su preocupación ante las recientes manifestaciones del secretario de estado Víctor Francos que sugieren, que, en connivencia con los sindicatos de siempre, cómplices y culpables de la actual situación; la solución que se plantea para reducir la temporalidad en el empleo público son más procesos selectivos.
Desde ASIJ se insiste que esos procesos no solo vulneran el principio constitucional de igualdad en el acceso a la función pública; también y para no perder las buenas costumbres del estado, vulneran la normativa europea.
ASIJ ha invocado ante la Comisión Europea los estudios de EUROSTATS, en concreto el “How is the time of women and men distributed in Europe” (Cómo se distribuye el tiempo de hombres y mujeres en Europa) y el informe del Instituto Nacional de Estadística “Mujeres y hombres en España 2018”.
Ambos demuestran la manifiesta desigualdad a la que se enfrentan las mujeres interinas en España a la hora de disponer de tiempo libre para estudiar y preparar esos procesos selectivos y esto no es una afirmación gratuita.
El sindicato ASIJ ha denunciado en Europa la discriminación de la mujer en la Administracion de Justicia; la foto corresponde a una manifestación ante el Palacio de la Generalitat de Cataluña.
Estos procesos están configurados para favorecer al que dedica más tiempo al estudio, por lo que, a menos tiempo disponible para memorizar, menos posibilidades de superar el proceso y por tanto de consolidar la plaza que se está ocupando y estabilizar la situación laboral.
También recuerdan al Ministerio de Función Pública y a la Administración en general, que olvidan que los trabajadores temporales no tienen que superar procesos de acceso a la función pública porque ya los han superado para poder desarrollar su labor; lo que ahora les toca es estabilizar ese acceso y terminar con la precarización que sufren.
ASIJ ha presentado, junto con la denuncia a la comisión europea, una solicitud al Instituto Europeo de Igualdad para que se realice una tarea de recopilación, análisis y difusión de información e investigación sobre la igualdad de género en el ámbito de los procesos selectivos.
También solicita que mientras esta situación de discriminación no desaparezca, se retengan los Fondos Europeos del programa de recuperación y resiliencia destinados a nuestra administración. Así como el control de las inversiones europeas en España que deben servir para minimizar el impacto de la barrera de género.
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