Malestar generalizado en el Tribunal Supremo. Así de gráfico se puede describir el estado de ánimo imperante entre los magistrados que prestan sus servicios en el edificio de la Plaza de la Villa de París, en Madrid.
Y se extiende a todos los magistrados, tanto los de sensibilidad conservadora como los progresistas.
Se sienten utilizados políticamente, según ha podido constatar Confilegal.
Porque nadie ha asesorado, de forma oficial, al Gobierno en la gestación del Real Decreto-ley de Medidas Urgentes que se aprobó el pasado martes, cinco días antes de la finalización del Estado de Alarma.
Ni el presidente en funciones del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ni el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, César Tolosa, que se enteraron por la prensa. Ni nadie con el rango de magistrado del Tribunal Supremo, que se sepa.
Nadie.
«Otra cosa es que la vicepresidenta del Gobierno tenga un amigo al que le haya preguntado su parecer y que, incluso, le haya hecho un papel. Pero eso es una cosa entre ella y esa persona. Lo que no puede la señora es salir en una rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, y decir que el Supremo estaba informado del Real Decreto-ley, cuando no era verdad. Esa incontinencia verbal para apuntalar la veracidad de sus palabras no es admisible en una persona de esa responsabilidad», explican fuentes del Supremo, refiriéndose a Carmen Calvo.
«Lo que está claro es que con lo ocurrido se ha tratado de endilgar el muerto del final del estado de alarma al Tribunal Supremo», añaden.
¿Y quién sería el topo, o la topa –vamos a ser «políticamente correctos»?
Las especulaciones están disparadas. Algunas apuntan a un magistrado progresista próximo a jubilarse que buscaría así hacer un favor para buscarse una ocupación más allá de su retiro. Otras dicen que ha sido una pura invención de la vicepresidenta. La verdad es que hay opiniones para todos los gustos, pero ninguna certeza.
Algunos van más allá y opinan que esa comunicación de la vicepresidenta del Gobierno con su «amigo invisible» –de existir– entrañaría una falta disciplinaria, porque los jueces tienen prohibido asesorar jurídicamente a nadie, incluyendo a la misma vicepresidenta del Gobierno, por muy poderosa que sea o que se sienta.
Lo dice el artículo 389.7 de su Ley Orgánica del Poder Judicial. Está considerada una falta muy grave que puede llevar multa, suspensión o separación de la carrera.
Es algo improbable que se vaya a hacer. Es un callejón sin salida. A no ser que el «topo o la topa» dieran un paso al frente, cosa más improbable todavía.
Sea como fuere, la opinión generalizada entre los magistrados del Supremo es que, desde el Ejecutivo, se han hecho las cosas tarde y mal.
El Gobierno podría haber aprobado hace meses una Ley de Pandemias y Catástrofes para evitar el vacío legal existente en la actualidad, como ya han hecho otros países de nuestro entorno, aprovechando el tiempo.
O haber modificado el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud, añadiendo una línea especificando las medidas necesarias a aplicar para hacer frente al «riesgo de carácter transmisible», como proponía el PP.
«O haber creado una Comisión de Estudio Gobierno-Supremo para abordar esta reforma de la casación contenida en el Real Decreto-ley del pasado martes. Tiempo han tenido. Aquí solo vemos improvisación», precisan las fuentes consultadas.
Nada de eso se ha hecho.
Y de esos polvos, estos lodos.
