El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aclarado que el Gobierno no prepara ninguna reforma legal destinada a amparar las restricciones sanitarias que adopten las comunidades autónomas tras el final del estado de alarma.
En este sentido, ha insistido en que la actual cobertura jurídica ofrece un «arsenal normativo» suficiente, al tiempo que ha recordado que los ejecutivos regionales que lo deseen pueden solicitar a Moncloa que declare el estado de alarma para su territorio.
«La clave es ver que el estado de alarma no es la única solución para combatir la pandemia, porque hay montones de resoluciones y montones de normas que permiten adecuarlo, y eso es en lo que el Gobierno cree y, por eso, no está preparando ninguna norma que modifique, porque el sistema es suficiente», ha dicho Campo, en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press.
De esta forma, ha matizado lo que había expuesto en un artículo publicado este lunes en ‘El País’, donde afirmaba que, si de la respuesta que dé el Tribunal Supremo a las medidas adoptadas por las comunidades autónomas «se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes».
Así, ha explicado que no tiene «ningún problema» en «revisar todo», esgrimiendo que todo es susceptible de mejora, si bien ha recalcado que «ahora mismo no hay necesidad ninguna de hacerlo y, por tanto, el Gobierno no se plantea un cambio normativo ahora».
Además, ha instado a las comunidades autónomas que ven necesario que el estado de alarma siga vigente en su territorio a que se lo pidan a Moncloa, asegurando que «se respetará esa decisión» de los gobiernos regionales.
Campo ha sostenido que el Gobierno acudió al estado de alarma cuando era imprescindible pero que tiene «unos márgenes muy concretos» que en estos momentos no lo hacen aconsejable.
Ha argumentado que «ahora mismo el marco es tremendamente desigual en el territorio», ya que cada comunidad autónoma está en un escenario distinto, poniendo como ejemplo positivo a Valencia. «Hay mil situaciones distintas», ha ilustrado.
No obstante, ha incidido en que, pese al final del estado de alarma, las autoridades autonómicas y municipales pueden hacer «muchas cosas» para frenar el Covid-19, pidiéndoles que lo hagan con «responsabilidad».
En este sentido, ha considerado «bastante lamentable» las celebraciones callejeras que se dieron en varias ciudades por el final del estado de alarma y ha destacado que «los botellones en la calle están prohibidos desde siempre por ordenanzas municipales».
Preguntado sobre las críticas del PP al Ejecutivo por no mantener el estado de alarma ni articular una alternativa legal, Campo les ha restado importancia aduciendo que primero acusaron al Gabinete de Pedro Sánchez de intentar subvertir el orden constitucional por declararlo y ahora lo reclaman porque «estamos en una euforia diferente». A su juicio, se han mantenido en la misma posición: «Su oposición al Gobierno».
En este punto, ha calificado la reforma legal propuesta por el PP, y que según los ‘populares’ podría estar aprobada en quince días, como «un nuevo brindis al Sol». «Esa ley es infumable», ha zanjado, esgrimiendo que da a las comunidades autónomas el poder de restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos sin que medie la autorización de un juez.
Con todo, Campo ha salido en defensa del «recurso unificador» que ha creado el Gobierno para que el Tribunal Supremo fije doctrina sobre las medidas sanitarias que pueden adoptar las comunidades autónomas sin el estado de alarma, asegurando que aumentará la seguridad jurídica ante las respuestas dispares que den los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).
«La igualdad tiene que estar en que en un caso idéntico no se haga una cosa distinta en País Vasco o Canarias, y ese es el papel de unificación de doctrina del Tribunal Supremo. Pero eso no significa que no haya situaciones diferentes para Canarias o Baleares porque sus situaciones pueden ser distintas y, por tanto, es lógico que las decisiones y las normas sean diferentes», ha razonado.
Por otro lado, se ha referido al estado de las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de dos años con el mandato vencido, para ratificar que el acuerdo «sigue hecho» y solo falta que los ‘populares’ quieran hacerlo público.
Campo ha contado que, tras la victoria electoral del PP en Madrid, llamó a su homólogo en estas negociaciones, Enrique López, para felicitarle y quedaron en «hablar» sobre el CGPJ. «Espero que sea de manera inmediata, espero su llamada de una manera inmediata (…). Cuando levanten el teléfono, nos sentaremos a hablar», ha afirmado.
El ministro ha desvinculado el sucesivo retraso de este anuncio de la presencia del líder de Podemos en el Gobierno: «No creo que sea un problema de Iglesias sí o Iglesias no». Y lo ha achacado a los vaivenes políticos, que han dificultado el «caldo de cultivo» necesario para comunicarlo.
Asimismo, ha reiterado que la renovación del CGPJ en tiempo y forma es una obligación constitucional y ha recordado que ha ofrecido al PP una serie de elementos para reforzar la «doble legitimación» –judicial y parlamentaria– en el sistema de elección de los vocales, pidiendo una vez más no arrojar dudas sobre la independencia de los jueces.
