El inspector de la Policía Nacional y oficial de enlace en Interpol, Noé de la Rubia, afirma que desde el comienzo de la pandemia de Covid-19 «ha aumentado el número de fraudes online basados en las cuentas mula».
Este tipo de cuentas se abren por personas con bajos recursos económicos, que a cambio de una pequeña comisión se comprometen a reenviar los fondos recibidos en sus cuentas a otros países.
Así lo ha explicado durante su intervención en el foro Diálogos para la Seguridad, organizado por la revista Escritura Pública, del Consejo General del Notariado (CGN) y moderado por el periodista José Ramón Patterson.
«Lamentablemente la policía va más lenta que los criminales, que se adaptan rápidamente a los nuevos escenarios. Funcionan como empresas, perfectamente estructuradas con diferentes departamentos de investigación, desarrollo de ‘malware’, distribución, financiación, etc.».
Por su parte, Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado, destaca que «los criminales son muy profesionales. Tienen gente que está muy al día al frente de sus áreas jurídicas y económicas».
«Desde la Unión Europea se está trabajando bien, pero la normativa va por detrás del que quiere delinquir. Es muy importante intercambiar información y dialogar entre los diferentes agentes que combatimos esta lacra».
A su juicio, «las legislaciones deben armonizarse para que el blanqueo de capitales deje de ser atractivo, como ocurre en algunos paraísos fiscales. Este delito tiene un carácter marcadamente transnacional; se pretende que el dinero ilícito tenga una imagen de juridicidad en otro país».
«Habría que distinguir entre paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación. Hay zonas como la UE, en donde con un mandamiento judicial consigues que cualquier autoridad o banco te facilite toda la información», destaca De la Rubia.
«En cambio, si ese mismo mandamiento lo diriges a Panamá, incluso en el sector financiero, desde la propia entidad, pueden alertar al sospechoso», asegura.
Sobre el tema de las criptomonedas, Galindo adelanta que «se acaba de producir en España una reforma legal, aunque desde el OCP ya avisamos hace años a los notarios sobre cómo evitar el blanqueo y la financiación del terrorismo con estas divisas. Existe legislación en algunos países; el problema es el enorme volumen de ‘monederos virtuales’ que permiten usar las 4.000 criptomonedas actuales”.
Para De La Rubia el uso de las criptomonedas en el blanqueo de capitales «va en aumento, pero todavía es excepcional. El delincuente quiere tener su dinero seguro y esas divisas son volátiles. El efectivo sigue siendo el principal activo de los criminales».
Aunque sí señala el cada vez mayor uso de ‘monederos virtuales’: «Hay sitios con poca bancarización y con riesgo de financiación del terrorismo en donde proliferan donaciones por esa vía. Existen aplicaciones móviles que, sin estar asociadas a una tarjeta o cuenta, permiten realizar transferencias».
De la Rubia demanda un aumento de las penas por delitos de este tipo. «No es nada fácil condenar por blanqueo. En ocasiones, se desmantela la organización y, conforme va avanzando el proceso judicial, se va debilitando la acusación, y finalmente, únicamente se les condena por el delito precedente y no por el de blanqueo, con lo que en muchas ocasiones hay que devolverles los bienes incautados».
Pedro Galindo detalla el proceso de colaboración de los notarios con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la prevención de delitos económicos.
«Es una participación preventiva. Los notarios participan como sujetos obligados por diligencia debida. Deben intentar conocer el origen del patrimonio y comprobar que la operación no es extraña. Para ello, cumplen con una serie de indicadores de riesgo que permiten detectar transacciones sospechosas».
En este sentido, explica que «muchas operaciones son impecables desde el punto de vista jurídico, y más cuando la organización es sofisticada, por lo que hay que buscar cuestiones objetivas y subjetivas inusuales: como un pago en efectivo elevado o la constitución de numerosas sociedades en cortos períodos de tiempo. Un aspecto que nos preocupa mucho es el de las operaciones de financiación del terrorismo, para ello también hemos incluido indicadores de sospecha».
Noé De la Rubia subraya el valor de la colaboración notarial, «que ofrece de una forma inmediata y ordena un gran volumen de información patrimonial muy valiosa para nuestras investigaciones”.
A su juicio, «debemos valorar la excelente base de datos de los notarios. He de decir que es la envidia de otros países y que tendría que estar accesible a más investigadores. No hay otro ejemplo en el mundo».
