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El Ministerio de Justicia se reúne con la abogacía, procura y graduados sociales para avanzar en la conciliación

Las nuevas leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital incluyen medidas para conciliar la vida personal, familiar y laboral de estos profesionalesBorja Vargues se reunió ayer con representantes de la abogacía, la procura y los graduados sociales para informarle de estas medidas y recoger sus comentarios y aportaciones. Foto: MJ
| | Actualizado: 14/05/2021 12:00

El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, se reunió ayer con representantes de los profesionales de la abogacía, la procura y los graduados sociales para avanzar en las medidas de conciliación personal, familiar y laboral de estos colectivos -como reivindican-, «claves para garantizar la tutela judicial efectiva».

El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia ha expuesto a estos colectivos de profesionales, «claves para garantizar la tutela judicial efectiva», las medidas encaminadas a la conciliación diseñadas en los distintos proyectos normativos en los que trabaja el Departamento de Juan Carlos Campo, «para recoger sus comentarios y aportaciones».

Las medidas vienen recogidas en el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, y el futuro Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital.

La semana pasada, la decana del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Auxiliadora Borja, reivindicó ante el ministro la conciliación laboral y familiar en la Abogacía y Campo se comprometió a abordar este tema con el colectivo.

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Auxiliadora Borja aprovechó los ‘Diálogos Institucionales‘, organizados por el ICAV y el Ministerio de Justicia, para exponer al ministro este asunto que le «preocupa especialmente”.

La decana del ICAV se refirió a la «gran cantidad» de solicitudes de amparo colegial de compañeros que llegan al Colegio, debido a las «continuas denegaciones» de solicitudes de suspensión de señalamientos, “aún siendo debidamente justificadas conforme a la ley”.

Sobre todo, le preocupan «las denegaciones de justificaciones por bajas de maternidad o paternidad».

La decana del ICAV subrayó que «esta situación pone en jaque la conciliación familiar y laboral en la Justicia”, y señaló que poder tener un encuentro entre los distintos agentes que conforman la justicia en Valencia seguro que les permitirá «aportar ideas o mejoras, en materia de Justicia”.

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El pasado mes de febrero, 13 colegios de procuradores también exigieron un cambio legislativo que garantice el derecho de la procura a la desconexión digital por causas de fuerza mayor. Afirman que el funcionamiento actual les obliga a estar operativos 24 horas los 365 días del año, lo que «conculca sus derechos laborales, profesionales y personales», denuncian.

A la reunión asistieron por parte del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Auxiliadora Borja, adjunta a la presidencia para la Oficina de Representación Institucional y decana de ICAV; Lourdes Carballo, presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos e Intereses Profesionales de la Abogacía y decana del Colegio de Abogados de Vigo (ICA Vigo) ; y Marga Cerro, presidenta de la Comisión de Igualdad y decana del Colegio de Abogados de Talavera de la Reina (ICATA).

Por parte del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) han estado presentes Eva García, presidenta de la Comisión de Igualdad y Asistencia a la Víctima del Delito. Y por parte del Consejo General de Graduados Sociales de España (CGCOGSE), Ester Urraca, vocal de la Comisión Permanente y presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Palencia; Laura Abis, vocal electiva de la Comisión Permanente; y Jaume Francesch, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Tarragona.

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LAS MEDIDAS RECOGIDAS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS NORMATIVOS EN LOS QUE TRABAJA EL MINISTERIO

Vargues se ha referido, en primer lugar, al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que recoge un nuevo periodo inhábil para las actuaciones judiciales, del 24 de diciembre al 1 de enero.

En el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia se modifican los preceptos de las leyes procesales que se refieren a los períodos inhábiles y se añaden, además, todas aquellas medidas que se consideran compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía y que no ocasionan indefensión -como la suspensión de vistas u otros actos procesales, de actos de comunicación y del curso del procedimiento-, cuando acontezcan determinadas circunstancias personales o familiares de estos profesionales que así lo exijan.

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Ha señalado que en el caso de los procuradores, se contempla la interrupción de plazos y demora de términos, así como la suspensión del servicio de reenvío de notificaciones durante tres días hábiles cuando se comuniquen causas objetivas de fuerza mayor, como maternidad, paternidad, acogimiento o adopción, enfermedad grave y accidente con hospitalización, fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o baja laboral.

Asimismo, no se practicarán actos de comunicación a los profesionales por vía electrónica durante el mes de agosto y entre el 24 de diciembre y el 1 de enero, salvo que sean hábiles para las actuaciones urgentes que corresponda.

Se suspenderá el curso de los procedimientos, la celebración de las vistas u otros actos procesales por tres días hábiles, a solicitud del profesional de la abogacía, por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves de su cónyuge, de persona a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad o de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad.

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Vargues ha indicado que si cualquiera de estas circunstancias afecta al procurador y no se puede designar sustituto en ese momento, se suspenderá igualmente la celebración de la vista y se permitirá que el Colegio de Procuradores disponga de un plazo de tres días para organizar la sustitución.

También ha expuesto que en la jurisdicción social, los profesionales de la abogacía, de la procura y los graduados sociales podrán acogerse a las mismas causas de suspensión por circunstancias personales o familiares que se acaban de explicar para la jurisdicción civil y que son también supletorias para las jurisdicciones penal y contencioso-administrativa.

Por otra parte, ha informado que en el futuro Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, se incluirán las medidas tecnológicas necesarias para preservar el derecho a la “desconexión digital” de los profesionales que desempeñan su trabajo ante los tribunales en los períodos en que proceda.

‘LA MATERNIDAD/PATERNIDAD NO PUEDE QUEDAR AL MARGEN DE LOS AVANCES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN’, ADVIERTE EL CGAE

El Consejo General de la Abogacía cree que es «oportuno reconocer el trabajo realizado durante los últimos años tanto desde el Ministerio como desde el conjunto de operadores jurídicos en pos de un avance real en este terreno».

«Consideramos que el hecho de que ahora se nos anuncie por primera vez que se va a legislar sobre algunos de los aspectos en los que llevamos años trabajando y reivindicando, como la desconexión digital durante los periodos inhábiles, la inhabilitación de agosto y una semana durante la Navidad, o la suspensión de juicios por motivos de gravedad como fallecimientos y enfermedad grave, es en gran parte consecuencia de esa labor realizada durante todo este tiempo», ha señalado hoy en un comunicado.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito.

No obstante, indica que «la Abogacía no entendería que, anunciándose por parte del Ministerio de Justicia las aludidas reformas legislativas en orden a permitir la conciliación a los profesionales jurídicos, quede sin recoger entre las causas de suspensión y desconexión digital el parto, el nacimiento, la adopción y aquellos supuestos en los que la Ley de Seguridad Social reconoce la situación de baja, absolutamente incompatible con la intervención en cualquier actuación procesal».

El CGAE destaca que «las bajas por maternidad/paternidad no afectarían en absoluto al buen devenir de los procedimientos, de la misma manera que la desconexión digital de agosto se viene realizando desde hace años sin que ello impida la realización de trámites urgentes en procesos penales».

Añade que tampoco la extensión del periodo de inhabilidad durante la Navidad los días que median entre el 23 de diciembre y el 6 de enero afectaría al funcionamiento de la Justicia, «ya de por sí ralentizado». «Es más, otros países de nuestro entorno recogen dicho periodo en sus legislaciones como «vacaciones judiciales», sin perjuicio para el buen funcionamiento del servicio», agrega.

Y concluye diciendo que la Abogacía «siempre ha antepuesto y antepondrá los intereses de los justiciables por encima de los propios, habiendo sido siempre el principal valedor del principio de tutela judicial efectiva».