Será juzgado mañana en Audiencia Provincial de La Coruña. Foto: EP
A juicio un abogado acusado de engañar a un cliente a sabiendas de que podría suponer su ingreso inmediato en prisión
La Fiscalía pide casi siete años de cárcel para él por estafa, falsedad en documento público y falsedad en documento privado
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24/5/2021 11:15
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Actualizado: 24/5/2021 11:17
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La Audiencia Provincial de La Coruña (Sección Primera) juzgará mañana a un abogado acusado de engañar a un cliente a sabiendas de que podría suponer su ingreso inmediato en prisión.
La Fiscalía le imputa los delitos de estafa, falsedad en documento público, y falsedad en documento privado, «todos ellos en concurso real de delitos, al haberse cometido primero la estafa y luego las falsedades para encubrirla», y pide seis años y once meses de cárcel para él.
Apunta que concurre la agravante de abuso de confianza (22. 6 del Código Penal) en relación con los artículos 30 y siguientes de la Ley del Estatuto General de la Abogacía en relación con los delitos de estafa y falsedad documental.
Esta causa procede del Juzgado de Instrucción número 8 de La Coruña.
Según expone la Fiscalía, en noviembre de 2011 el Juzgado de lo Penal número 1 de La Coruña condenó a un hombre, identificado en el escrito como X, como autor junto a otra persona de un delito de lesiones a una pena 21 meses de prisión y a indemnizar a la víctima con 10.715 euros.
Con motivo de dicha condena, el Juzgado de lo Penal número 1 de La Coruña incoó la ejecutoria 260/2013 en la que el acusado pasó a ser abogado de otra persona, identificada como Z.
El representante del Ministerio Fiscal sostiene que días antes del 27 de febrero de 2014, «el abogado acusado engañó a su cliente en el sentido de que había hablado con la acusación particular y esta, en vez de los pagos fraccionados de 150 € al mes, aceptaría un único pago de 3.000 € y le perdonaría el resto».
Señala que el acusado recibió esos 3.000 euros en días siempre anteriores al 10 de enero de 2017.
Según relata, el acusado confeccionó una Diligencia de Ordenación del Juzgado de lo Penal número 1 de La Coruña, «que carecía de toda autenticidad al no formar parte de la Administración de Justicia», dándole fecha de 27 de febrero de 2014, en la que «el Juzgado reconocía que el penado había abonado la cantidad de 3.000 € y con la suspensión definitiva de la condena».
La Fiscalía explica que por auto del 12 de noviembre de 2015 se acordó suspender la pena de 21 meses de prisión de los dos condenados, con la condición de abonar completamente la responsabilidad civil.
Dicho auto fue notificó personalmente en el Juzgado de Paz de Arteixo a su cliente el 16 de diciembre de 2015, debiendo hacer ingresos mensuales de 150 euros, al efecto de abonar, junto al otro condenado, el total de la responsabilidad civil.
La letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del Juzgado de lo Penal número 1 dictó Diligencia de ordenación el 25 de noviembre de requiriendo al cliente del abogado y a las partes para que informasen sobre la revocación de la suspensión de la condena, toda vez que sólo constaba un pago de 150 euros.
El 16 de diciembre de 2016, la LAJ, a la vista de las alegaciones, permitió al cliente del acusado seguir pagando a 150 euros el mes.
La Fiscalía explica que el acusado presentó el 10 de enero de 2017 un documento a su cliente «con la finalidad de engañarle y a sabiendas de que podría suponer el ingreso inmediato en prisión de su propio cliente».
Afirma que «en dicho documento, bien el acusado o bien alguien bajo su ruego, simuló la firma de la víctima del delito y acreedor en la ejecutoria», identificado como Y.
En el mismo documento, Y reconocía haber recibido 3.000 euros “sin que tenga nada que reclamarle por ningún concepto» por el referido procedimiento Ejecutoria número 260/2013 del Juzgado de lo Penal 1 de La Coruña.
La Fiscalía manifiesta que «no hubo dicha negociación» y que el cliente, «víctima del engaño de su propio abogado, le entregó dicho dinero convencido de que con eso reducía los plazos y, en resumen, el montante total de la responsabilidad civil».
«Sin embargo, la actuación del letrado acusado estuvo a punto de suponer que se ordenase el ingreso en prisión de su cliente y el embargo del inmueble donde vivían él y su madre», destaca el Ministerio Público.
Añade que el 16 de mayo de 2017 el abogado acusado, ante la LAJ del Juzgado de lo Penal número 1 de La Coruña dejó el siguiente texto que consta en acta de dicha fecha: “El letrado XXX reconoce haber recibido los 3.000 euros referidos, así como haber entregado la Diligencia de Ordenación que se incorpora a las actuaciones”.
La Fiscalía informa que como consecuencia de los hechos, su cliente sufrió un trastorno adaptativo reactivo de tipo ansioso, habiendo necesitado la primera asistencia médica y tratamiento médico consistente en medicación antidepresiva y ansiolítica, así como 338 días no impeditivos.
Por el delito de estafa solicita tres años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía y la procuraduría por el mismo tiempo de la condena.
Por la falsedad documental en documento público reclama dos años y tres meses de cárcel, con inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía y la procuraduría por el tiempo de la condena y una multa de 11 meses, a razón de 40 euros al día.
Y por falsedad documental en documento privado solicita un año y ocho meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía y la procuraduría por tiempo de la condena.
La Fiscalía indica que en caso de condena procede remitir copia de la sentencia firme al Ilustre Colegio de Abogados de La Coruña, al efecto de que se alce la suspensión del expediente disciplinario ya abierto.
Además, reclama que el acusado indemnice al cliente en las siguientes cantidades: 16.900 euros por los 338 días no impeditivos consecuencia de las lesiones psíquicas, 5.000 euros por daños morales, y los demás gastos sanitarios que se acrediten en ejecución de sentencia.
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