La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el incidente de recusación planteado contra la magistrada que instruye el ‘caso AVE’, también conocido como ‘caso César’ o ‘fraude en las obras del AVE’, sobre presuntos delitos de malversación en las obras en un tramo de esta infraestructura.
Dos de los investigados formularon incidente de recusación contra la magistrada Olga Reverte Villar, titular del Juzgado número 9 de Murcia, para que se apartara de la instrucción de las diligencias previas al entender que concurría la causa prevista en el artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”.
A dicho escrito se adhirieron siete investigados más, y se opusieron la Abogacía del Estado, que actúa en representación de ADIF-Alta Velocidad, y la Fiscalía.
El hecho sobre el que el promotor del incidente hacía pivotar la recusación era entender que el auto de incoación de procedimiento abreviado “había sido redactado por el funcionario de la Guardia Civil con número identificativo N60981P, pues al abrir las propiedades del documento en el archivo informático remitido por Lexnet que le fue notificado con fecha 15 diciembre 2020, aparece como su autor”.
Sin embargo, tras analizar la prueba documental, la Audiencia concluye que la intervención del funcionario de la Guardia Civil fue de mero auxilio técnico informático para que el documento remitido por la magistrada “contenido en un documento de Word de 403 páginas se convirtiese en PDF y así posibilitar su inserción debidamente configurado en el programa informático Minerva”.
Y “sin que dicha actuación en modo alguno hubiese producido afectación del derecho al Juez imparcial que se afirma como vulnerado”, subrayan los magistrados.
Así, no probado el hecho sobre el que la parte promotora del incidente sustenta la causa de recusación, la Audiencia procede a la desestimación acordando la devolución del conocimiento de la causa a la magistrada y condena al recurrente al pago de las costas procesales.
El auto, número 447, está fechado a 20 de mayo.
Lo firman los magistrados Augusto Morales Línea (presidente), e Isabel Carrillo Sáez, y Jaime Bardají García, que ha sido la ponente.
Contra esta decisión no cabe recurso alguno.
MANIFIESTAMENTE INFUNDADA
Esta es la segunda vez que la Audiencia de Murcia no admite a trámite un incidente de recusación planteado contra la magistrada en esta causa.
En la anterior, el magistrado instructor señalaba que “la recusación propuesta no cumple las imprescindibles exigencias impuestas por la normativa aplicable para el planteamiento de la recusación” y añadía que “es temeraria y manifiestamente infundada, pudiendo descartarse prima facie”.
La instructora relata en el auto de transformación a procedimiento abreviado los indicios de que los investigados, “cumpliendo con un guion prestablecido, se orquestaron para detraer ilícitamente un valor patrimonial económicamente evaluable perteneciente a ADIF, llevando a cabo sincronizadamente las actuaciones necesarias para poder ejecutar, asegurar y enmascarar el cobro de cantidades muy superiores a las que correspondería por las obras realmente ejecutadas”.
En estas actuaciones se investigan los contratos de ejecución de determinadas obras de reposición de infraestructuras hidráulicas, canalizaciones, afectadas por la construcción de la plataforma ferroviaria de Alta Velocidad del Levante.
MÁS DE MEDIO CENTENAR DE INVESTIGADOS
Las diligencias se dirigen contra diversas empresas constructoras integrantes de las cuatro UTE (encargadas de los cuatro tramos de la línea del AVE de Crevillente a Murcia), además de responsables de ADIF.
También figuran como investigados, responsables del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri.
Las diligencias también se dirigen contra el director e interventor de una sucursal bancaria en Santomera.
En total, más de 50 investigados.
