El juzgado Central de Instrucción 1 ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para Javier Biosca Rodríguez por los presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público.
Desde finales de 2020 Biosca, que se presentaba como bróker especialista en el mercado de cryptomonedas, se encontraba en paradero desconocido. Fue detenido en Málaga el domingo por la tarde.
El Ministerio Fiscal había interesado la prisión provisional, petición a la que se adhirió la acusación particular -en representación de casi 600 perjudicados- y popular que ejerce la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.
El magistrado Santiago Pedraz ha acordado el ingreso en prisión de Biosca en un auto con fecha de 8 de junio, contra el que cabe recurso, en el que explica que accede a la petición «teniendo en cuenta la gravedad de los delitos, y que ha sido necesario acudir a su búsqueda y captura».
Asimismo, añade que «la pena que en su caso pudiera imponerse, todo en su conjunto pudiera aconsejar que el investigado pudiera eludir la acción de la justicia, ante el temor a su imposición, máxime cuando existe una pluralidad de perjudicados y unas cantidades supuestamente defraudadas que pudieran aconsejar al detenido ponerse fuera del alcance de la acción judicial».
Por todo ello, considera procedente decretar la prisión provisional, no habiendo concluido la instrucción. La estafa por la que está siendo investigado Biosca ascendería a 280 millones de euros.
Y es que, según indica, de hallarse en libertad podría perjudicar a la investigación, «pues como su defensa ha manifestado, le resulta necesaria la presencia y actuación de ‘terceros’ para recopilar información para preparar su defensa, lo que pudiera hacer sospechar que existe el mismo riesgo de ese uso de otras personas para destruir elementos probatorios aún pendientes de analizar y de localizar».
El magistrado señala que de lo investigado hasta el momento se concluye la «existencia de motivos bastantes» para creer que es responsable de los delitos de estafa continuada, apropiación indebida y falsedad en documento público.
«Se presentaba como bróker especialista en el mercado de cryptomonedas desde hace más de cinco años»
«Ha quedado indiciariamente que Javier Biosca Rodríguez se presentaba como bróker especialista en el mercado de cryptomonedas desde hace más de cinco años, y se dedica a la inversión por cuenta ajena de capitales para la obtención de rendimientos por medio de la compraventa de cryptomonedas, mientras que los inversores tenían como misión poner a disposición del bróker euros y/o bitcoins para la obtención de un rendimiento mensual convenido en el contrato entre ambos».
Pedraz destaca que «el negocio carecía de todo tipo de autorización, pues no estaba inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni en otros organismos supervisores».
De modo que, «montado el ‘negocio financiero’ la familia Biosca Gallardo, encabezados por el detenido Javier Biosca Rguez, empezaron a captar clientes que debían entregarle cantidades de dinero, quien les garantizaba una rentabilidad del 20 o 25% semanalmente».
«Como los primeros inversores empezaron a recibirlas rentas prometidas y esos beneficios, se corrió la voz entre allegados y familiares de estos primeros inversores, ensalzando la figura y la confianza en Biosca García; por lo que el número de inversores creció rápidamente».
El magistrado recoge en el auto que «a lo largo de los primeros meses de 2020 se dieron las primeras situaciones de irregularidad e incumplimiento por parte del entramado familiar hasta que Biosca dejó de pagar a la mayor parte de los inversores, situación ésta que culminó en octubre de 2020 cuando ALGORITHMICS GROUP dejó de abonar las cantidades prometidas».
Esta empresa «ofrecía servicios de inversión en criptomoneda sin contar con la autorización de la CNMV, carencia que servía para que Biosca Rodríguez eludiera las obligaciones que debía cumplir esa entidad de servicio de inversión en su actividad diaria; entre ellas, el deber general de información, el deber general de conocer a sus clientes y su retribución».
De este modo, «para captar a sus clientes empleaba una página web, agentes o intermediarios que cuentan con comerciales, los propios inversores podían difundir la noticia de los rendimientos, favoreciendo que los nuevos clientes sean conocidos o familiares de los más antiguos; por lo que indiciariamente nos encontraríamos ante una defraudación en su modalidad de esquema Ponzi o piramidal».
La abogada Emilia Zaballos, socia directora de la firma Zaballos Abogados y presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas, explica a Confilegal sobre este asunto que «el problema que tienen las ‘wallets’ y este tipo de cuentas y sociedades fantasma es la identificación y el bloqueo».
Por ello, lo que se hace es «buscar la trazabilidad desde que los afectados, cada uno de los pequeños inversores, entregan el dinero hasta los movimientos que ha tenido hasta llegar al destino final. También cuando se les paga a ellos. Esa trazabilidad es la que nos puede decir donde está el dinero».
Recuerda que la querella de la asociación que preside fue la primera en la Audiencia Nacional, pero hay más. De hecho, está personada como acusación popular en otras causas de este tipo, entre ellas, la que sigue la Audiencia Nacional contra las mercantiles ‘Arbistar’ y ‘Kuailian’. No descarta que sigan aflorando procedimientos de este tipo en relación a las criptomonedas.
