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La reactivación del plan integral contra las falsificaciones ayudaría a reducir pérdidas de 6.766 millones de euros anuales

Los datos señalan que las falsificaciones le cuestan cada año a España alrededor de 6.766 millones en ventas y 53.467 empleos. Foto: Policía Nacional.
| | Actualizado: 09/06/2021 1:03

Un informe estima que los Gobiernos de toda la Unión Europea pierden hasta 15 mil millones de euros al año en total debido a la presencia de productos falsificados en el mercado, mediante la reducción de los impuestos directos e indirectos, así como de las cotizaciones sociales, que los fabricantes ilegales no pagan.

Los datos señalan que las falsificaciones le cuestan cada año a España alrededor de 6.766 millones en ventas y 53.467 empleos y que, comprando estos productos, el consumidor ayuda a enriquecer a las mafias que controlan esta actividad ilegal.

Nuestro país podría relanzar en breve el Plan Integral contra las Falsificaciones que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció hace casi dos años.

Para Javier González, director general de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), “la situación de pandemia ha provocado que el Plan Nacional se desarrolle más lento de lo esperado. Esperamos que salga a la luz pronto y que tengamos una política coordinada e integral para luchar contra las falsificaciones”.

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Según los datos publicados este martes por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con motivo del Día Mundial Antifalsificación, un 12% de los españoles reconoce que ha sido engañado alguna vez y ha comprado de forma involuntaria una falsificación. Además, un tercio de los europeos se han cuestionado si un producto que habían comprado online no era auténtico.

A su juicio, “el mundo físico, permite cerrar una tienda o vigilar las calles para evitar el top manta, pero la entrada masiva de falsificaciones a través de pequeñas compras online y paquetería, es muy difícil de combatir”.

En cuanto a la forma de combatir esta lacra, esta experto señala que “la venta de falsificaciones es un fenómeno poliédrico. El legislador nacional, autonómico y local deben proporcionar a las autoridades policiales y aduaneras las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo de manera efectiva».

Para este experto “el Código Penal debe establecer penas más duras para los falsificadores e incluso para los compradores. Al igual que se sanciona por receptación a una persona que adquiere a título oneroso o no, un artículo fruto de un delito, el comprador de falsificaciones debería ser también sancionado, como ocurre en otros países de nuestro entorno como Francia e Italia, donde se imponen penas de multa de mínimo 400 euros”.

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Javier González, director general de Andema.

González señala que “el reproche penal actual es, en nuestro opinión, insuficiente. Las penas deberían ser incrementadas dados los graves daños que provoca esta actividad ilícita para la economía y la sociedad española. Actualmente, las penas a las que se enfrentan los falsificadores son muy bajas si lo comparamos con los beneficios económicos que obtienen fruto de esta actividad ilegal”.

En su opinión, “la responsabilidad del consumidor es clave para cortar de raíz este problema que lleva asociado la destrucción de puestos de trabajo, fomenta la explotación laboral, el tráfico ilícito de personas y el crimen organizado”.

“Pero no podemos poner en el consumidor toda la responsabilidad. Los poderes públicos, a todos los niveles, también deben responsabilizarse de este problema y querer tener voluntad política para acabar con él”.

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A su juicio, “en Internet, las marcas y sus productos están más desprotegidos. Como Andema solicitamos un procedimiento de cierre rápido de webs donde se oferten falsificaciones, así como que las plataformas de comercio sean más proactivas en la retirada de anuncios que ofrecen productos ilícitos, pero en ocasiones no vale con la retirada de la oferta de Internet”.

La actual Directiva de Protección de Datos protege los datos personales de las personas, pero esto impide conocer quién es el infractor que se esconde detrás de una página web. La Directiva no se hizo para beneficiar a los delincuentes. Esperamos que la futura Digital Services Act (DSA) venga a corregir este error manifiesto y no permita a los delincuentes esconderse detrás de un nombre de dominio.

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Más medidas de control

Julián Ruiz, secretario General de la Confederación Española de Comerciales (CEC) una organización creada para la defensa, la representación y el fomento de los intereses generales del comercio urbano y de proximidad, señala que “nuestra responsabilidad como comerciantes es denunciar estas prácticas y seguir reclamando mayores y más contundentes medidas de control para luchar contra la falsificación”.

Desde su punto de vista, “les corresponde a las administraciones y cuerpos de seguridad del Estado, tal y como reclamamos desde CEC, establecer entre ellos la máxima coordinación para poder poner coto a esta lacra”.

Para este colectivo es el momento de que “se destinen más medios y que se intensifiquen los controles en puertos y aduanas y aumentar las incautaciones, tanto en los lugares de almacenaje como en los puntos de venta. Sensibilizar e informar a los consumidores también es fundamental”.

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Sostiene que “es importante que el consumidor entienda que, cuando adquiere un producto falsificado, no solo fomenta la competencia desleal sino que renuncia a sus derechos como consumidor y arriesga su seguridad y su salud”.

En este contexto considera que “son necesarias campañas públicas de concienciación e información, que ayuden al consumidor a reconocer las falsificaciones y prevenir los fraudes”.

Para este empresario, “el comercio, y muy especialmente el pequeño, paga sus impuestos, cumple con las exigencias de las normativas municipales y, como es lógico, están sometidos a las inspecciones reglamentarias para garantizar la calidad y salubridad de los productos que comercializan, sin embargo conviven con todo tipo de formatos de competencia desleal, a pie de calle y ahora también online”.

Hay que buscar un entorno seguro

Para Pedro Berrocal, consultor Servicios Jurídicos de ClarkeModet, “el problema de la falsificación y la piratería se han visto agravados como consecuencia del carácter global del mercado y de las nuevas tecnologías, que han aumentado el riesgo de prácticas desleales o de vulneración de derechos de propiedad industrial e intelectual de las organizaciones”. 

“Afortunadamente esto ha motivado que los distintos actores del mercado se movilicen para tratar de dar respuesta al reto actual y promover soluciones que contribuyan a crear un entorno seguro con la celeridad que el mundo digital requiere», advierte.

Berrocal señala que “EUIPO y Europol han aunado fuerzas para poner en común conocimientos con el objetivo de mejorar la comprensión sobre los productos falsificados e ilícitos; destacar las dificultades a las que se enfrentan las fuerzas y cuerpos de seguridad, las agencias reguladoras, los responsables políticos y los cuerpos aduaneros; y ayudar a dar respuestas eficaces basándose para ello en prácticas actuales”.

“Destacamos también los esfuerzos que se están haciendo por parte de los tribunales, prueba de ello es el protocolo de servicio de guardia y de actuaciones rápidas para el MWC que se celebran próximamente».

Este experto señala que “entre otras novedades permite la celebración de vistas telemáticas y la ejecución inmediata de medidas cautelares que adopte la unidad especializada en tecnología e informática de los Mossos d’ Escuadra, con la posibilidad de resolución por teléfono con el juez de cualquier tipo de incidencia”.

“Las empresas tienen que implantar una estrategia de defensa híbrida de sus derechos de Propiedad Industrial e Intelectual (virtual y presencial) que utilice las nuevas herramientas que el mercado ofrece”.

“Esas herramientas permite la detección, desindexación y eliminación de contenidos o productos vulneradores, junto con las prácticas tradicionales de requerimientos y acciones judiciales, cuando la gravedad o el carácter reiterado de las infracciones así lo requieran”.

Pedro Berrocal, consultor Servicios Jurídicos de ClarkeModet.

Al mismo tiempo considera que” hay seguir avanzando en el ámbito regulatorio para responder adecuadamente a las nuevas realidades a las que nos enfrentamos porque las bandas criminales están cada vez mejor organizados”.

Este experto recuerda que “la Comisión Europea ha publicado su propuesta para regular los servicios digitales a través de dos normas como son el Reglamento de Mercados Digitales y el Reglamento de Servicios Digitales, conocido como DSA por sus siglas en inglés, pretende recuperar un terreno que ha sido superado por una realidad que ya fue mínimamente regulada en España a través de la actual Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de 1999”.

A su juicio, “ambas normas se basan en los principios de crear más responsabilidades para los prestadores de servicios digitales, crear obligaciones de diligencia debida, crear obligaciones adicionales para las plataformas en línea y otras tantas obligaciones más para las consideradas grandes plataformas que serán aquellas con más de cuarenta y cinco millones de usuarios mensuales activos en toda la Unión Europea”.