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La AN condena a Hacienda a pagar 6.000 € por arruinar una boda para cobrar una deuda tributaria de la empresa de «catering»

"Solicitar por estos daños, indelebles para el resto de su vida, 6.000 euros no es desmedido, sino, incluso, escaso", explica el magistrado en su sentencia.
| | Actualizado: 11/06/2021 12:14

Luis Alfredo de Diego y Díez, magistrado titular del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha condenado a la Agencia Tributaria a indemnizar con 6.000 euros –más los intereses legales y las costas–por arruinar la boda de una pareja el 1 de junio de 2019.

«Estigmatizar con estos desagradables recuerdos y sensaciones el día de la boda de Irene y Marcos no tiene precio. Solicitar por estos daños, indelebles para el resto de su vida, 6.000 euros no es desmedido, sino, incluso, escaso«, explica el magistrado.

La sentencia es firme por tratarse de un asunto de cuantía inferior a los 30.000 euros y, por lo tanto, de una única instancia.

Todo comenzó cuando dos funcionarios de la delegación extremeña de Hacienda se presentaron en la misma amenazando a los novios con impedir que se celebrara la boda si no firmaban unos documentos por los que se comprometían a abonarles a ellos lo que habían pactado con la empresa de ‘catering’, que era la que tenía la deuda con el fisco.

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«La actuación de los funcionarios de la Agencia Tributaria fue desproporcionada. Cierto es que se trataba de retener el crédito que la boda suponía para la empresa de ‘catering’ por sus deudas con Hacienda. Pero no todo vale para que la Agencia Tributaria alcance sus fines», dice el magistrado en su sentencia», dice el magistrado en su sentencia.

«La todopoderosa Agencia Tributaria tiene a su disposición medios más que suficientes para lograr el cobro de los impuestos sin tener que humillar a un deudor ante sus clientes y, de paso, arruinar a Marcos e Irene ―terceros ajenos a la deuda― la celebración de su boda con alrededor de 100 invitados», añade De Diego y Díez, en un fallo durísimo que deja en muy mal lugar a la Agencia Tributaria.

«La deshumanización de los cobradores de tributos no puede permitirse hasta estas cotas. Solo faltaba que la Agencia Tributaria se dedicase por sistema a invadir la intimidad de los ciudadanos en las celebraciones de bautizos, comuniones, bodas y funerales para retener créditos de empresas de servicios deudoras del fisco, cuyo cobro debe intentar lograr por otros mecanismos menos lesivos para los sentimientos de los terceros que protagonizan y participan en esas celebraciones», afirma el magistrado.  

CUATRO HORAS DE PESADILLA

Fueron unas 4 horas de presencia de los funcionarios del fisco en el cortijo, con los novios y sus primas, con el encargado del ‘catering’ y de nuevo con los novios a la llegada de la Guardia Civil, que distorsionaron, entorpecieron y dieron lugar durante horas a la desatencio n del evento y de los invitados.

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No se llevo a cabo el corte de la tarta nupcial por los novios, no se sirvió el champán, los camareros estaban descoordinados, los novios en un estado comprensible de ansiedad, desasosiego e indignación.

Por ello, en este caso «se dan todos los elementos para apreciar la responsabilidad patrimonial en el presente caso: la inapropiada actuación de la delegación extremeña de la Agencia Tributaria causó un notorio daño moral a los actores, en relación de causa a efecto; el daño es valorable económicamente y, desde luego, los novios no tenían obligación alguna de soportar que apareciesen dos extraños en su boda, amargándosela, por la deuda tributaria que tenía con Hacienda un tercero (el ‘catering’)». 

Los novios, debido al disgusto que se llevaron por la intervención de los funcionarios de Hacienda, no pudieron realizar el corte de la tarta nupcial, como es tradición.

LOS HECHOS

Tuvieron lugar a las 16.00 horas del 1 de junio de 2019 en el cortijo Los Cañizos, en Badajoz, donde estaba fijada la celebración.

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Irene necesitó ir al aseo de la estancia privada que les habían reservado y pidió a sus dos primas, Itziar y marta, la acompañasen para ayudarla con la parte inferior del traje de novia, que era muy voluminosa.

Tras salir del aseo se encontraron con los dos funcionarios de Hacienda en la habitación.

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Uno de ellas estaba sentada en el escritorio, con una botella de agua y el ordenador, «como si estuviera en su casa».

Uno de los dos individuos les dijo que «eran de Hacienda», que venían «a embargar la boda» y que la «boda se iba a parar si no firmaban unos documentos» que nunca llegaron a enseñárselos.

«Este juzgador –dice el magistrado– preguntó directamente a la testigo si realmente oyó los términos ‘embargar la boda’ y que ‘la boda se iba a parar’ si no firmaban unos documentos o bien fue una interpretación suya de lo dicho por los empleados del fisco. La respuesta fue contundente: eso fue lo que oyo . Y, como adelantamos, los funcionarios actuantes no han sido traídos a juicio para poder ser interrogados debidamente».

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A continuación se incorporó el novio avisado por las primas de su futura esposa, luego el encargado del «catering» de la boda y, por último la Guardia Civil del puesto de Valdebotoa-Badajoz. 

LOS NOVIOS PIDIERON A LOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA QUE SE MARCHARAN, PERO NO SE FUERON

«Los novios, indignados por la situación y en ‘shock’ al ver que su boda se iba al traste, dijeron a quienes se presentaron como funcionarios de la Agencia Tributaria, que no llevaban sus documentos de identidad encima ni estaban en condiciones de declarar ni de facilitar datos o documentación, que por favor se marcharan y les dejaran disfrutar de su día especial, que podían solucionarlo al día siguiente o el lunes; pero se encontraron con una rotunda negativa, conminándoles a que no salieran de la habitación hasta la firma de los documentos», subraya el magistrado en su sentencia.

Una vez que llegó el encargado del ‘catering’ y se ofreció a solucionar el problema con los funcionarios de Hacienda, Marcos e Irene pudieron regresar con sus invitados, solo por el momento.

Porque a las 19:15 horas llegó la Guardia Civil, a requerimiento, según consta en su exposición de hechos, de «funcionarios de la Agencia Tributaria». Aunque sólo uno de los individuos, José Tomé, se identificó como tal, mientras el otro individuo que lo acompañaba no lo hizo. 

Ante la petición del funcionario de Hacienda para que la Guardia Civil le facilitase los datos de los novios, los agentes de la Benemérita le informaron que, según la Ley de Protección de Datos, no podían entregárselos sin el consentimiento de los interesados.

Un extremo que los funcionarios de Hacienda deberían haber sabido de antemano.

Los agentes de la Benemérita explicaron que el funcionario de Hacienda no les mostró en ningún momento ningún documento que avalara la legalidad del requerimiento que trataba de ejecutar la Hacienda Publica.

Finalmente, el funcionario Tomé se identificó ante la Guardia Civil. Éste y su acompañante permanecieron en el cortijo hasta las 20.30, tal y como recogieron los agentes de la Guardia Civil en la exposición de hechos.

«La presencia de los funcionarios de Hacienda en la boda era perfectamente evitable. No es este juzgador quien tiene la obligación de encontrar medidas alternativas al desafuero que enjuiciamos, sino la propia Agencia Tributaria», subraya el magistrado en su sentencia.

«No es descabellado pensar que, conocida sobradamente quién era la empresa deudora, bien podían desde la delegación extremeña de la Agencia Tributaria haber proyectado una entrada en su sede para obtener información sobre sus clientes y la celebración de próximos eventos. Los juzgados provinciales de lo contencioso-administrativo resuelven con frecuencia solicitudes de la Agencia Tributaria sobre autorizaciones de entrada de ese tipo, precisamente para obtener datos e información obrante en los archivos físicos o digitales de las empresas investigadas», relata De Diego Díez.

Sobre estas líneas, el autor de la sentencia, el magistrado Luis Alfredo de Diego Díez, redactada en un lenguaje muy asequible y divulgativo.

EL MAGISTRADO REPROCHA A HACIENDA EL ATAJO UTILIZADO

El magistrado reprocha a la Agencia Tributaria que optara por la actuación más fácil, cómoda y, sobre todo, espectacular: presentarse en la celebración de la boda, denostando la reputación del empresario que servía el ‘catering’ y, lo que es peor, amedrentando a unos novios ―terceros ajenos a la deuda con la Hacienda Pública― con «embargarles la boda» y paralizarla si no firmaban inmediatamente unos documentos.

«Documentos que, por cierto, no exhibieron en ningún momento, ni siquiera a la Guardia Civil y que, se supone, eran las notificaciones de la diligencia de retención de créditos de 5 páginas cada una  con el prototípico lenguaje farragoso, confuso y de difícil comprensión incluso para los iniciados en la materia», señala el magistrado.

«Pretender que, en pleno banquete de celebración, los novios atiendan y entiendan lo que pretendían los funcionarios de la Agencia Tributaria es de una falta de empatía en grado sumo o, incluso, un abuso ante la situación de debilidad que para cualquier ciudadano puede suponer que aparezcan dos funcionarios del fisco con exigencias en un día tan señalado, con decenas o cientos de invitados a los que atender», subraya.

AVISO PARA NAVEGANTES

También recuerda a Hacienda que cuando se detiene a un supuesto delincuente, rige el principio de proporcionalidad a fin de que no sufra perjuicios innecesarios.

«El artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ordena que la detención y la prisión provisional se practiquen ‘en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio’. Si esto se preve para quienes pueden ser reos de un delito, no pueda exigirse menos para aquellos ciudadanos como Irene y Marcos que, ajenos por completo a las irregularidades fiscales de un tercero (la empresa de ‘catering’) a lo sumo tienen la responsabilidad de colaborar con el fisco para retener un crédito».

«El deber de colaboración es exigible, sí; pero no a cualquier precio, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, elegidas liberrimamente por los actuarios del fisco. La proporcionalidad debe regir la actuación en esta materia y aquí la proporcionalidad estuvo ausente desde el mismo momento en que los empleados de la Agencia Tributaria se personaron en la celebración de la boda», remacha el magistrado.

UN EXDIRECTOR GENERAL DE LA AEAT RECONOCIÓ EN TELEVISIÓN QUE SE HABÍAN PASADO

En la demanda se trae a colación la valoración que sobre los hechos hizo en el programa «Espejo Público» de Antena 3 Televisión, emitido el 19 de junio de 2019, el exdirector general de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo.

Son muy descriptivas y provienen de una voz cualificada: «Esta actuación ha ido demasiado lejos. Yo me quedo con el calificativo de esperpéntico. La Agencia Tributaria embarga a diario a cientos, a miles de contribuyentes. Aquellos que no hacen frente al pago de sus deudas. Y hace muy bien.

«Los bancos reciben embargos de las cuentas de sus depositantes, las empresas reciben embargos para embargar los sueldos o salarios de sus trabajadores que tienen deudas… Debe ser así.

«Ahora bien, comunicar un embargo in situ, el día que se celebra una boda, es completamente inaceptable, absolutamente inaceptable, inaudito. Vamos, si yo hubiera sido el novio les hubiera echado con cajas destempladas.

«Ahora, la pregunta es: ¿Es una torpeza de los que actuaron o es una política deliberada de hacer un cierto marketing con la cual traslado susto y miedo al contribuyente?

«Yo querría pensar que es un error y además un error local de los que han hecho el operativo, lo que pasa que hay antecedentes en la Agencia Tributaria que hacen dudar», concluyó.