Guardia Civil y Policía Nacional desarticulan un grupo de fisioculturistas dedicados al cobro de deudas con violencia
INCLUÍAN SECUESTROS Y AGRESIONES FÍSICAS
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20/6/2021 06:48
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Actualizado: 20/6/2021 06:48
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Ocho personas relacionadas con el mundo del fisioculturismo, residentes en Almonte, Huelva, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, Benacazón, Espartinas, Arahal y Sevilla, en esta provincia, fueron ayer detenidas en una operación conjunta Guardia Civil-Policía Nacional, y acusadas de seis delitos: pertenencia a grupo criminal, secuestro, lesiones graves, delitos conrta la salud pública, tenencia ilícita de armas y robo con fuerza.
Este grupo estaba formado, en su mayor parte, por personas vinculadas al mundo del culturismo y del deporte de contacto, con amplios antecedentes policiales.
Estaba liderado por un empresario del sector de la construcción de la provincia de Sevilla.
Su lugarteniente era un ultra de un equipo de fútbol, condenado en 2019 por agredir a un aficionado de un equipo rival, que era el que capitaneaba al resto de los fisioculturistas para cobrar deudas mediante agresiones físicas o, incluso, el secuestro.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de abril, cuando los agentes fueron informados por varios testigos del secuestro de un hombre en la localidad sevillana de Gelves. Vieron como unos individuos introducían a otro a punta de pistola en el interior de un vehículo, arrancando después a toda velocidad.
Los hechos fueron denunciados después por la víctima, que corroboró lo ocurrido.
Esta contó a los agentes que dentro del vehículo le pusieron unas esposas en sus manos, le cubrieron la cabeza con una capucha y le quitaron el telefóno móvil para impedir que después pudiera geolocalizar el lugar donde le estaban llevando.
SECUESTRADO, LE EXIGIERON 90.000 EUROS
Durante cuatro horas y media estuvo retenido en una finca de Benacazón.
Allí fue amenazado y agredido físicamente, exigiéndole el pago de 90.000 euros como condición para que fuera liberado.
Recuperó la libertad después de firmar varios documentos, que no pudo leer, y comprometerse a entregar dos vehículos como garantía de pago, junto a las escrituras de una vivienda.
El grupo de extorsionadores y secuestradores fue identificado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y sometido a estrecha vigilancia.
Durante dichas investigaciones, los agentes consiguieron identificar otra extorsión, esa a un abogado sevillano, al que le llegaron a exigir la cantidad de 79.000 euros por una supuesta deuda contraída con el empresario jefe del grupo.
También descubrieron una agresión a otro empresario hostelero de la zona del Aljarafe sevillano, a quien amenazaron de muerte junto a su familia.
Una vez establecidas todas las conexiones entre los miembros del grupo investigado y recabados indicios suficientes sobre su participación en los diferentes hechos ilícitos, los agentes realizaron cinco entradas y registros, autorizados por el Juzgado de Instrucción de Sevilla que entiende de las investigaciones, dos de ellas en la localidad de Espartinas, una en la de Benacazón, otra en Arahal y una quinta en Sevilla capital.
INTERVENIDOS DOS VÍDEOS GRABADOS DURANTE EL SECUESTRO
Entre los detenidos se encontró el hijo del propietario de la finca a la que trasladaron al secuestrado para su extorsión y que fue ubicada gracias al trabajo de análisis y la estrecha colaboración entre los cuerpos policiales.
Se intervinieron dos vídeos grabados durante el secuestro por el propio ultra, jactándose de los “trabajos” realizados entre
sus conocidos.
Durante los registros se les intervino una pistola de 9 milímetros con el número de serie borrado y en perfectas condiciones de funcionamiento, una pistola simulada, dos carabinas y una pistola de aire comprimido, una defensa extensible, un bate de béisbol, un vehículo de alta gama que previamente había tenido que entregar la víctima como adelanto del pago requerido y que los investigados pretendían vender, diverso material informático, teléfonos móviles, tarjetas telefónicas de interés para las investigaciones y varias nóminas falsificadas que uno de los miembros del grupo utilizaba para adquirir productos de crédito y el alquiler de la vivienda en la que residía.
Ante las extremas medidas de seguridad que adoptaba en su vida diaria el jefe del grupo ejecutor de las extorsiones, al saberse objetivo permanente de las fuerzas de seguridad y otros grupos rivales, se organizó un amplio despliegue policial.
Tras cuatro días de indagaciones, fue detenido cuando se encontraba escondido y custodiado en un piso okupa en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda.
Los agentes desarticularon así en su totalidad al grupo criminal, deteniendo a sus ocho integrantes por varios delitos, entre los que se encuentran lesiones, secuestro y extorsión, siendo puestos a disposición judicial y decretándose prisión para el jefe del grupo ejecutor de las extorsiones.
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