La defensa en España del italiano Francesco Arcuri, el padre de los hijos de Juana Rivas, ha trasladado al Juzgado de lo Penal número 1 de Granada y a la Audiencia Provincial su oposición a que se le conceda el indulto en cualquiera de sus modalidades, al entender que no cumple «ninguno de los requisitos que dispone la ley» y que «su concesión sería un capricho ideológico de imprevisibles consecuencias».
En los citados escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el letrado Enrique Zambrano mantiene que conceder el indulto a Rivas, condenada a dos años y seis meses de prisión por sustracción de menores, supondría excusarla «injusta y públicamente» a ella y a la par «condenar (injusta, públicamente)» a Arcuri, sin tener en cuenta» las «más de 90 resoluciones judiciales que desde 2016 se han generado entre la jurisdicción española e italiana» que «repelen» el relato de la madre de Maracena.
Juana Rivas alega que delinquió por un motivo «comprensible desde el punto de vista humano» como es «proteger a sus hijos» y que se fue de Italia con ellos, llegando a pasar en verano de 2017 un mes en paradero desconocido incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, para huir de los malos tratos.
La defensa de Arcuri insiste en su escrito en que «los juzgados y tribunales italianos han archivado todas y cada una de las denuncias que Rivas interpuso en España e Italia, en relación a supuestos malos tratos, que decía haber sufrido ella, primero, y después sus hijos, una vez efectiva la custodia en dicho país transalpino».
Mantiene así que darle el indulto «también generaría que el Gobierno español pusiera en duda la Justicia de otro país de la UE, Italia, con sus propias consecuencias». Junto a ello argumenta que Juana Rivas «no solo no ha mostrado ni el más mínimo arrepentimiento, sino todo lo contrario».
«El indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública. Ninguna encontramos en este asunto, más allá de la meramente ideológica o de criminalizar a mi representado o sea condenarlo, sin condena alguna, sino todo lo contrario, más cuando la justicia competente, la italiana, ya se ha postulado al respecto sobre hechos anteriores y posteriores al momento de la sustracción» de los niños, agrega el letrado.
