«Las peores previsiones se han cumplido: El Ministerio de Interior y la Dirección General de la Policía incumplen sus promesas y ejecutan sin piedad la Ley Orgánica de Régimen de Personal de 2015 frustrando las carreras de miles de policías». Así lo ha señalado hoy el Sindicato Unificado de la Policía (SUP).
El SUP, «que desde el principio se opuso en solitario a esa Ley», ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y solicita medidas cautelares «para frenar una injusticia que deja en la cuneta las aspiraciones de miles de funcionarios y perjudica el servicio al ciudadano».
El sindicato expone que desde que en 2015 la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía «saliera adelante con la única oposición del SUP», desde esta organización no han dejado de exigir que se prolongue la moratoria para evitar lo que hoy ya es una realidad, que «miles de compañeros ven frustradas sus carreras en todas las escalas de la Policía en un nuevo episodio del desamparo institucional que sufren los funcionarios por parte de la Administración».
Afirma que «el motivo de semejante desatino no es otro que la inacción de Interior y la Dirección General de la Policía y el incumplimiento evidente de sus promesas».
Recuerda que cuando en 2015 se aprobaron las medidas para endurecer los ascensos en la Policía, Interior se comprometió a facilitar herramientas a los policías para que pudieran adaptar su cualificación a las nuevas exigencias dando un plazo de cinco años a los agentes para hacerlo.
El SUP explica que durante estos años Interior nunca creo la “universidad policial”, ni la malla curricular para facilitar la formación de los policías, «ni atendió las peticiones» del sindicado al respecto.
Indica que ahora, seis años después, Interior exige un grado universitario a miles de policías que «no han dispuesto de los medios que se les prometieron ni la oportunidad de lograrlo».
El SUP reivindica que la Administración debería facilitar el acceso al conocimiento de los funcionarios y «no que sean estos los que lo hagan de forma autodidacta para no perjudicar al último usuario que es el ciudadano».
Asegura que en este momento, «a consecuencia de la inacción de Interior y la DGP, miles de policías se encuentran en tierra de nadie, desmotivados». «Su experiencia profesional se perderá resintiéndose el servicio al ciudadano», advierte.
Pone como ejemplo que un subinspector con 25 años de servicio intachable y más de 100 detenciones no podrá ascender por carecer de título universitario.
Desde el SUP creen que «las reglas del juego no se pueden cambiar a mitad de partido».
Esta organización sindical ha interpuesto una demanda, solicitando medidas cautelares «para frenar este desaguisado», y pedirá explicaciones sobre el destino «desconocido» de la partida de cuatro millones de euros que en los presupuestos de 2021 se destinaban a solucionar el problema.
«No vamos a parar hasta que se haga Justicia», ha señalado a Confilegal el portavoz de este sindicato, Carlos Morales.
