Soy Jose Luis Saludas Trigo. De mi carrera profesional puedo destacar que he estado más de treinta años como Director de Recursos Humanos en varias entidades, he negociado convenios colectivos, he llegado a acuerdos con los trabajadores, he representado tanto a empresarios como a trabajadores, desde la Magistraturas de Trabajo hasta los actuales Tribunales de lo Social, todo ello sin olvidar la parte dedicada a la formación, con la impartición de unos cuantos cursos formativos, tanto de Derecho del Trabajo como de PRL, a mis espaldas.
Y se preguntaran, ¿qué de especial puede tener esta persona con la presentación de su tarjeta de visita?
Pues en realidad no hay nada especial, como tampoco tienen de especial el resto de mis miles de compañeros a nivel nacional que se jactan y se enorgullecen de ser Graduados Sociales.
Graduados Sociales que han estado durante toda la pandemia, al pie del cañón, desentrañando los Reales Decretos que, aprisa y corriendo, han estado lanzando al BOE el
Legislativo y casi siempre un viernes a mediodía, para tener lectura para el fin de semana y poner en marcha los ERTES el lunes siguiente, que hemos sufrido la falta de conexiones y las caídas de las redes en la administración, que hemos tenido que repetir expedientes para presentarlos en papel, lo único decir que lo que nos mantenía al frente de ese ficticio cañón ha sido, el emblema de nuestra profesión, la Justicia Social.
Pero resulta que no somos los que somos, hay otros operadores jurídicos que son más que nosotros, o así por lo menos lo ha entendido la Presidenta del Consejo General de la Abogacía del Estado, Doña Victoria Ortega, que pretende apartarnos del derecho que nos asiste en cuanto a la participación de nuestro colectivo ante el proyecto de la Justicia Gratuita.
La capacidad de actuación que tiene el Graduado Social en esta materia, es infinita, pero, además, nos encontramos ante una figura verdaderamente sensible y venerada por todas las sociedades del mundo, así como por nuestra Constitución: “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”, artículo 119 de la Constitución Española.
Todo ello sin olvidar el hecho de que alguien tenga la suficiente autoridad para poder otorgar la capacidad de actuación en cuanto a la deuda que todos tenemos contraída con la sociedad: la de colaborar con aquel que no tiene para defender sus derechos, conceptos también ampliamente desarrollados por nuestra Carta Magna y que justifica nuestro malestar.
Parece que así son las cosas, siempre había entendido que vivir en un Estado de Derecho es estar en plena consonancia, como sería este caso, con la realidad social y admitir a todos aquellos que puedan estar capacitados para poder llevar a cabo una labor comunitaria y ajustada al derecho que les asiste a todos los españoles, pero al parecer cabe la posibilidad de que existe también un obstruccionismo rancio, de cobertura “elitista profesional”, que impide la colaboración de todo aquel que deseaba hacerlo, esto pensaba que ya se había perdido en la noche de los tiempos.
Doña Victoria, queremos participar en este proyecto, que como bien sabe usted, los gastos son mayores que los ingresos, por lo que no se pretende establecer una nueva línea de negocio para nuestros despachos, esto es más sencillo que todo ello, la sociedad merece que se le devuelva parte de lo que nos ha dado y que en muchos casos es mucho, y poder ayudar a aquel que no dispone de medios para enfrentarse a la defensa de sus intereses y tiene que estar esperando, tiempo y procedimiento, para que los operadores jurídicos, elegidos por usted, alcance con su poco tiempo a satisfacer todas las necesidades existentes que, como usted sabe, estas son muchas, y mucho será el tiempo que tenga que transcurrir antes de poder acceder a conocer el problema de aquel en busca del reconocimiento de su derecho y todo esto se solucionaría al existir más operadores jurídicos, con los mismos derechos y conocimientos que los otros, para poder intervenir, y así de esta manera sacar adelante, entre todos, más expedientes, obteniendo así una ahorro de tiempo y dinero.
Doña Victoria, estamos dentro de un Estado Social, siendo este por definición, aquel que procede a intentar, en la medida de lo posible, satisfacer la necesidad de los menos
favorecidos. Con este, su planteamiento quita, a través de su presión, posibilidades a las personas con necesidades legales a resolver, olvidándose que la sociedad tiene más fuerzas de ataque y de apoyo para poder combatir para poder satisfacer esas necesidades de Justicia Social.
Está desaprovechando muchos medios y muchos conocimientos y no olvide que para amar a la humanidad hay que amar al individuo antes. Muchas Gracias.
