El juzgado de Instrucción 4 de Barcelona ha acordado la apertura de juicio oral contra la extenista Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido Josep Santacana por un presunto delito de alzamiento de bienes.
El magistrado Hugo Novales Bilbao les envía así al banquillo en esta causa en la que la entidad Banque de Luxembourg y la Fiscalía solicitan para ambos una pena de cuatro años de cárcel.
Junto a ellos, según ha avanzado El Cierre Digital, también se procede contra Vicente Merino Artigas, Antonio Hermosilla Moratalla, Rubén Marín Martínez, Miguel Pla Martínez y María Rosa Vélez en calidad de cooperadores necesarios.
Todo deberán comparecer el próximo día 28 de julio «a fin de notificarles de manera personal la presente resolución».
Asimismo, a todos se les impone una fianza de más de seis millones de euros que deberán abonar en el plazo de un día.
A las sociedades Euroilla Inversiones SL, SAG Residencial SL, SFG Investements SL, Inmuebles e Inversiones Ciudad Diagonal SL, Inmuebles e inversiones Bensan SL, Huslia SA y Dharma Business SL, como responsables civiles subsidiaras, el juzgado les impone la misma fianza.
El auto, con fecha 29 de junio, establece un plazo de diez días para que formulen escrito de defensa.
Piden una indemnización de más de 6 millones de euros
Las acusaciones solicitan también que se condene a la expareja a una multa a razón de doce euros diarios durante 24 meses y una indemnización de 6.170.942 euros más intereses y costas procesales.
La entidad crediticia presentó el pasado mes de noviembre su escrito de conclusiones solicitando formalmente la apertura de juicio oral contra la expareja tras constatar que la extenista, presuntamente, había culminado un proceso de descapitalización total al vender todas sus propiedades en España y Andorra ignorando sus requerimientos como acreedor y una sentencia firme por vía civil.
El Tribunal Supremo confirmó en 2009 la sentencia de la Audiencia Nacional conforme la que Sánchez Vicario tenía que pagar un multa de 3,5 millones más intereses por evasión fiscal.
La cantidad final ascendía a 5,2 millones. Hacienda cobró a través de un aval del Banco de Sabadell y la entidad catalana recuperó su dinero por un contraaval suscrito con el banco luxemburgués, donde Arantxa fue titular de una cuenta.
Por su parte, según informa El Cierre Digital, BDL pagó de sus propios fondos al Sabadell, pues desde 2002 no había dinero en aquella cuenta: la entidad decidió cancelar la garantía y Emilio Sánchez, padre de la tenista, movió esos ahorros a otra entidad en Suiza.
BDL le reclamó en 2010 la ejecución del aval, esos 5,2 millones de euros. Nunca hubo respuesta extrajudicialmente y el banco acudió la vía civil.
